Una numerosa población de nacionales haitianos, desde hace muchos años, ha convivido pacíficamente con los dominicanos, constituyendo entes económicos importantes, por el aporte de manos de obra barata, codiciada por productores de azúcar, de rubros agrícolas, de ganaderos, de industriales de la construcción y de zonas francas.
También muchos haitianos son utilizados como choferes, guardianes en viviendas privadas; vendedores de frutas y labores domésticas, entre otras, siempre contando con cierta indiferencia de nuestras autoridades que por años parecen ignorar, por conveniencia, la vulnerabilidad de la zona fronteriza.
Al parecer, ahora es que el Gobierno se da cuenta de esa situación, ya que el país ha sufrido por años, de la debilidad de una política migratoria clara y bien definida, lo que ha permitido una indetenible invasión silente de miles de inmigrantes haitianos, localizados en la capital y en poblaciones del interior, estimulada por empresarios y comerciantes, entre otros, que se han enriquecido, según se dice, con el tráfico humano, aprovechándose de la pobreza de nuestro vecino, que comparte la misma isla.
Señalo como ejemplo el hecho, de todos sabido, que en poblados fronterizos con Haití operan mercados binacionales, donde comerciantes haitianos y dominicanos mantienen una productiva e importante actividad económica, debido a la carencia de muchos productos de parte de nuestro vecino, lo cual es suplido por nuestro país. Esos comerciantes están totalmente en desacuerdo con las deportaciones porque sus negocios se verían seriamente afectados, ya que obtienen pingues beneficios.
La vulnerabilidad de nuestra zona fronteriza, supuestamente bien vigilada, ha permitido que nacionales haitianos, a causa de la crisis económica y política de su país, producto de un Estado fallido y un gobierno corrupto que ha empobrecido a ese conglomerado humano, se aventuren a vivir ilegalmente, desprovistos de documentación a fin de sobrevivir con cualquier trabajo que le ofrezcan. Se estima que la cantidad de indocumentados que residen en el país asciende a más de dos millones de personas, lo que, a juicio de muchos, constituye una pesada carga hasta para naciones desarrolladas.
Empresarios de nuestro país, reitero, son también culpables de esa situación por su desmedida ambición, debido a que prefieren pagar manos de obra barata haitiana, que sueldos justos a sus connacionales dominicanos. A los dueños de empresas, fincas y haciendas, no les importa si los trabajadores inmigrantes, de cualquier nacionalidad, tengan o no documentos de identificación, los contratan como quiera.
En la época de la dictadura de Rafael Trujillo, era costumbre que los haitianos, con la anuencia de su gobierno, fueran traídos en camiones desde Haití para trabajar en los ingenios azucareros, propiedad del tirano, en vista de que era una mano de obra barata, pero al terminar la zafra eran devueltos a su país de origen. Esos trabajadores que se utilizaban para la siembra y corte de la caña, y los que lograban quedarse aun exponiendo su seguridad física, vivían miserablemente en insalubres bateyes junto con su familia. El pago por las contrataciones los recibían los gobernantes haitianos.
Luego de la muerte del tirano, la industria azucarera tuvo su apogeo en la década de 1970. Para ese entonces había 3,200 colonos cultivando caña en sus conucos y fincas para luego venderlas a los ingenios. En los centrales azucareros la situación era tal que empleaba a 100,000 personas desde braceros procedentes de Haití hasta técnicos y gerentes dominicanos. El monocultivo azucarero dominaba en más del 90% las exportaciones y era la principal fuente de divisas para el país.
Ya para mediados de los 1980 la industria comenzó a descender en términos relativos y absolutos. Para ese entonces sólo empleaban a unas 65,000 personas; de éstas 50,000 era braceros haitianos.
Hoy en día la industria azucarera no tiene la misma importancia que tuvo en otros tiempos. Otros inconvenientes surgidos y que están ligados a la industria azucarera, que hemos venido arrastrando desde el siglo pasado, ha sido el uso masivo de inmigrantes ilegales, de diferentes nacionalidades, que ahora, no antes, ha constituido un problema para el gobierno, ya que la Constitución de la República no le otorga ciudadanía dominicana a los hijos nacidos en territorio dominicano, de personas que están de tránsito en el país, categoría que aplica a los indocumentados.
Esto ha causado que el país sea criticado a nivel internacional por negarle educación y atención médica a miles de braceros y sus descendientes bajo el pretexto de que no se les podía ofrecer esos servicios a personas sin documentación. Sin embargo miles de parturientas haitianas recibían servicios gratuitos en los hospitales que operan en las provincias fronterizas, constituyendo, por cierto, una carga muy onerosa para el Estado Dominicano.
Empero, hoy en día por ley, las escuelas y los hospitales públicos ofrecen sus servicios a todas las personas que los necesiten, sin importar su estatus legal. Esto ha sido el resultado de las críticas que se le ha hecho al país en relación a la industria azucarera.
Existe ahora una ley, el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, puesta en vigencia, para que los inmigrantes haitianos se legalicen, pero ha sido muy escasa la cooperación de su gobierno en la entrega de documentos, como actas de nacimiento, cédula y pasaporte. Los ilegales, de acuerdo a ese plan, sino tienen sus papeles, para obtener su residencia, serán deportados.
No obstante, una primera fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros concluyó el 17 de este mes a las 12:00 de la medianoche. Antes de la jornada, unos 275 mil inmigrantes extranjeros, según una fuente oficial, se habían inscrito. Una vez terminada esta etapa, Interior y Policía tiene 45 días para dar respuesta a los inmigrantes que inscribieron sus documentos, y llevaron a cabo el proceso. Mientras que quienes se registraron y no habían concluido el depósito de documentos, podían completarlos durante ese período, y lo obtendrían.
Entendidos en el asunto, estiman que el plan será un fiasco y que las deportaciones de inmigrantes ilegales no se producirán, como se ha planteado. Sin embargo, muchas familias haitianas han viajado voluntariamente con destino a su país de origen.
Detrás de las críticas y presiones que recibe el Gobierno dominicano por su política migratoria, existe un peligroso plan orquestado por instituciones internacionales, países poderosos y Organizaciones No Gubernamentales, financiadas por organismos foráneos, que apuestan por la unificación de la República Dominicana con Haití.
Pero la realidad es que los dominicanos que aman su país entienden que presiones de esa naturaleza, podría producir una crisis que pondría en peligro la paz existente entre Haití y la República Dominicana, lo que aprovecharían los países interesados para implementar la unificación de ambas naciones, facilitándole así, la explotación para su provecho, de los recursos naturales de nuestra isla.