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Un pronóstico sombrío

Un pronóstico sombrío
Mario Rivadulla

Habida cuenta de que el territorio nacional está atravesado por una profunda falla sísmica, específicamente en la región norte, hemos llamado la atención de manera sostenida sobre la necesidad de llevar a cabo una intensa campaña de orientación ciudadana sobe el comportamiento a seguir en caso de ocurrir un terremoto de alta intensidad.

Lo reiteramos en días recientes en ocasión de los sendos eventos telúricos que afectaron Puerto Rico, y sobre los cuales acaba de hacer valiosas observaciones sobre el terreno el destacado geólogo y sismólogo Osiris de León en su columna del diario El Caribe.  Y de nuevo cuando el ingeniero Dionisio Navarro, presidente del CODIA llamó la atención la pasada semana sobre la gran cantidad de construcciones ilegales, levantadas en forma improvisada, sin asesoría técnica, y por consiguiente de alto riesgo, caso de ocurrir un seísmo.

Ahora, es preciso retomar el tema y lanzar nueva clarinada de alerta sobre el peligro de sufrir una catástrofe en término de pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, si ocurriese un evento sísmico de cierta consideración que dejara sentir sus efectos sobre todo en los barrios marginados de los municipios que integran el Gran Santo Domingo. Hay que tomar en cuenta que una parte significativa de su población de alrededor de cuatro millones de habitantes se hacina en viviendas improvisadas, ubicadas sobre terrenos arcillosos y de escasa consistencia, con materiales endebles, inclusive paredes de cartón y techos de zinc.

En la edición del Listín Diario de este pasado lunes aparece una advertidora información sobre el tema donde se recoge el estimado de daños que arroja el mapa de escenario del Servicio Geológico Nacional frente a la eventualidad de un seísmo de intensidad 6.4 en la escala de Richter, según el cual se registrarían más de 20 mil muertes y miles de viviendas resultarían afectadas.  Una auténtica catástrofe.

Ante tan sombrío pronóstico, el estudio plantea la necesidad de implantar un programa de educación en torno a un plan de contingencia llevado a las aulas en las escuelas, universidades y demás centros docentes; las instituciones públicas y privadas; centros de salud;  los cabildos; y los organismos de prevención y socorro agrupados en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).  Adicionalmente, plantea el reforzamiento de las estructuras vitales en todas aquellas construcciones que arrojen evidencias de vulnerabilidad.

Una y otra vez hemos llamado la atención sobre el hecho cierto y fácilmente comprobable de  que la inmensa mayoría de la población ignora que puede y debe hacer frente a la ocurrencia, siempre impredecible, de un terremoto, ya que a diferencia de los huracanes se produce de manera inesperada, a fin que no caiga en pánico, y de tal modo contribuir   a reducir el riesgo de perder la vida, ser sepultado en vida bajo una montaña de escombros, o sufrir serias lesiones.

En días de la pasada semana, el propio director de la Defensa Civil, al señalar que de ocurrir un seísmo corresponde a la población actuar con responsabilidad, admitió sin embargo que, tal como hemos advertido de manera insistente, la mayoría ignora como debe proceder.

Ahora ante el sombrío pronóstico de muerte y destrucción que hace público el Servicio Geológico Nacional si el Gran Santo Domingo resultase afectado por un terremoto de 6.4, cabe insistir  tanto en la campaña urgente de orientación que sugiere ese organismo como en las medidas de reforzamiento estructural de aquellas construcciones que lo requieran.

El tema es de la más alta prioridad.   La sola catastrófica posibilidad de que 20 mil o más personas pudieran perder la vida le otorga más que sobrada justificación.

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