Un reclamo justificado

En sus inicios y por largo tiempo, el uso del territorio nacional como corredor para el tráfico de drogas por parte de los grandes carteles internacionales, no comportó ningún problema adicional de consumo doméstico, al menos de manera significativa.

El costo de la heroína, la cocaína, y aún la misma marihuana quedaba limitado a consumidores con cierto nivel de capacidad económica, y por tanto fuera del alcance de los llamados sectores populares.

Con el tiempo esa situación ha cambiado de manera significativa, sobre todo a partir de implantarse la práctica de pagar en especie, es decir en parte de la droga traficada, la participación de los cómplices locales. Y hoy ya no somos solo territorio de tránsito para hacer llegar la droga a los grandes mercados de los Estados Unidos y Europa. Ahora somos también país de consumo. Si bien en proporción muy reducida dentro del contexto general de este voluminoso negocio ilegal, que mueve cientos de miles de millones de dólares anualmente, pero en escala creciente y cada vez más preocupante para nuestro limitado medio.

El llamado “microtráfico” está presente en prácticamente todos los barrios y en la gran mayoría, si no la totalidad, de las comunidades del país. Las propias autoridades antidrogas mencionan con frecuencia la existencia de miles de puntos de ventas a nivel nacional, inclusive en el entorno de muchos centros escolares. Y los estudios que se han llevado a cabo arrojan un elevado y cada vez mayor número de consumidores, sobre todo entre los núcleos más jóvenes de la población y de adolescentes.

De ahí la importancia de que al par que se profundice la labor de inteligencia y combate del tráfico por parte de las autoridades, sea preciso prestar debida y mayor atención a las labores de prevención tanto como a los tratamientos de rehabilitación, que permitan superar la adicción a quienes alientan el deseo y están en disposición de someterse al tratamiento que ofrecen distintas instituciones y posterior reinserción social.

Todas ellas operan con recursos muy limitados. Su trabajo, por lo general, no figura en la agenda de Responsabilidad Social Corporativa del sector privado, orientada de preferencia hacia la educación, el deporte y la preservación del medio ambiente. Tampoco es suficiente la limitada asignación que reciben dentro de la cantidad asignada en el Presupuesto Nacional a las organizaciones sin fines de lucro, las ONG. De ahí que en la Ley sobre Lavado de Activos, se haya establecido la entrega de un 15 por ciento del valor de los bienes incautados a los narcotraficantes distribuido equitativamente entre estas entidades.

Pero una cosa es lo que establece la ley y otra bien distinta la realidad. En su caso está sucediendo lo mismo que ocurre con la que dispone la entrega del 10 por ciento del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos, o la obligación de entregar a la provincia Sánchez Ramírez el 5 por ciento de los ingresos generados por la extracción de la mina de oro de Pueblo Viejo.

Paulino Florentino, quien preside la Red Nacional de Centros Cristianos de Rehabilitación de Adictos, denuncia que desde mayo del pasado año, o sea hace diecisiete meses no reciben un solo centavo por concepto de la Ley de Lavado de Activos, por lo que parte de las instituciones que agrupa se han visto obligadas a cerrar sus puertas y otras están en riesgo de tener que hacerlo, dejando sin tratamiento a casi mil cien adictos en proceso de rehabilitación.

Es un reclamo justificado. Mucho más cuando los bienes incautados a los narcotraficantes tienen un valor de decenas y hasta cientos de millones de pesos, de los cuales con apenas el quince porciento Hogar Crea, Casa Abierta y las demás instituciones que comparten tan necesaria y humanitaria tarea, llevada a cabo casi a mano pelada y en una atmósfera de continuas y angustiosas precariedades, pudieran seguir operando al menos con un mínimo de la estabilidad de que carecen al presente.