El fin de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump no es solo un retroceso en materia de derechos civiles, es un ataque frontal a los cimientos mismos de la democracia moderna.
Que un líder político, respaldado por figuras como Elon Musk y grandes corporaciones, declare una guerra abierta contra estas políticas, es una muestra más de cómo el poder puede ser utilizado para perpetuar la exclusión en lugar de combatirla.
Trump, en su cruzada conservadora, ha firmado una orden ejecutiva que elimina programas diseñados para proteger a minorías históricamente marginadas. Bajo el disfraz de defender los «derechos civiles» de los estadounidenses, lo que realmente está haciendo es desmantelar mecanismos que buscan equilibrar las oportunidades para quienes han sido sistemáticamente excluidos. La diversidad no es un capricho ideológico; es una necesidad en sociedades plurales y multiculturales como la estadounidense y, por supuesto, la nuestra en República Dominicana.
Lo más preocupante es cómo esta retórica ha permeado en grandes empresas como Disney, Amazon y McDonald’s, que han decidido plegarse a esta agenda regresiva. Estas corporaciones, que en el pasado se jactaban de su compromiso con la inclusión, ahora dan la espalda a quienes más necesitan de su apoyo. ¿Es esto acaso una muestra de fidelidad al poder o simplemente una cobardía disfrazada de pragmatismo empresarial?
La eliminación de programas DEI no solo afecta a las minorías raciales, a las mujeres o a la comunidad LGTBI; es un golpe a la idea misma de justicia social. Como bien señala Ileen DeVault, experta en políticas de diversidad, la inclusión no excluye a nadie; al contrario, busca que todos, sin importar su identidad, tengan un lugar en la mesa. Pero parece que Trump y sus seguidores, en su miopía ideológica, no logran entender que la equidad no es un juego de suma cero.
Además, la creación de listas de vigilancia para señalar a empleados federales que apoyan estas políticas es una práctica que recuerda los peores momentos de la historia, donde el disenso era castigado y la diferencia era perseguida. Publicar nombres en redes sociales como parte de una campaña de señalamiento no solo es antidemocrático, es una forma de intimidación que busca silenciar a quienes defienden un mundo más justo.
En este contexto, las acciones legales que organizaciones como LAMBDA Legal están preparando son un rayo de esperanza. La sociedad civil no puede permitir que se normalice la discriminación ni que se retroceda en los avances logrados con tanto esfuerzo. La lucha por la inclusión no es una moda pasajera; es una batalla por la dignidad humana.
Trump y sus aliados empresariales parecen creer que la exclusión es un precio aceptable para mantener su poder. Pero lo que no entienden es que una democracia que no protege a sus minorías es una democracia que se traiciona a sí misma. Y en ese camino, todos perdemos.
La inclusión no es una concesión; es un derecho. Y cualquier intento de socavarla debe ser resistido con firmeza y convicción. Porque, al final, la verdadera grandeza de una nación no se mide por el poder de sus líderes, sino por cómo trata a los más vulnerables. En este caso, Estados Unidos está fallando y dando un mal ejemplo de lo que debe ser una democracia. Ojalá esta pesadilla acabe pronto.
