La decisión de la corte de apelaciones ha quedado suspendida hasta que el Tribunal Supremo adopte una resolución definitiva sobre este caso, después de que en abril pasado mantuviera con una orden de urgencia el acceso a esa medicación, en respuesta a una petición del Gobierno de Joe Biden.
Washington.- Un tribunal de apelaciones estadounidense apostó este miércoles por aplicar restricciones al acceso a la píldora abortiva Mifepristona, en una decisión que de momento queda en suspenso, pero que de aplicarse limitaría su disponibilidad.
La decisión de la corte de apelaciones ha quedado suspendida hasta que el Tribunal Supremo adopte una resolución definitiva sobre este caso, después de que en abril pasado mantuviera con una orden de urgencia el acceso a esa medicación, en respuesta a una petición del Gobierno de Joe Biden.
El Ejecutivo federal elevó la causa a la corte suprema después de que tribunales de menor instancia emitieran resoluciones contrarias sobre la píldora abortiva.
Si el Supremo confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de este miércoles, las mujeres no podrán obtener la píldora abortiva a través de citas médicas telemáticas ni por correo postal. Para adquirirla, las pacientes deberán tener una receta médica y tener tres citas en persona con su doctor.
La corte del Quinto Circuito, que cubre los estados conservadores de Texas, Luisiana y Misisipi, tomó hoy esa postura tras determinar que el Gobierno federal no actuó con la debida diligencia cuando en 2016 hizo que ese medicamento estuviera disponible con mayor facilidad.
La resolución judicial, según el diario The Washington Post, tacha de ilegítima la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de extender a diez semanas de embarazo el periodo en el que se puede tomar la mifepristona, además de permitir que se envíe por correo y pueda ser recetada por profesionales sanitarios que no sean médicos.
El juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, nominado por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), ordenó el 8 de abril retirar dicha autorización, una decisión que fue recurrida por el Gobierno de Biden.
La organización de servicios reproductivos Planned Parenthood, que tiene la red más extensa de clínicas abortivas del país, subrayó en un comunicado que la mifepristona es uno de los dos fármacos más comúnmente utilizados para el aborto farmacológico en Estados Unidos y que su disponibilidad es esencial para garantizar el acceso al aborto.
Aunque seguirá estando disponible hasta que el Supremo decida si escucha el caso y, si lo hace, se pronuncie, esa asociación instó a no bajar la guardia.
«La Corte Suprema debería rechazar este intento claramente infundado y político de interferir en nuestra capacidad de obtener servicios de salud», dijo su presidenta y directora, Alexis McGill, según la cual las embarazadas deben ser quienes decidan sobre sus propios servicios de salud.
En junio de 2022, el Supremo derogó el derecho al aborto en EE.UU., protegido en el país desde 1973 gracias a la sentencia «Roe contra Wade» de la misma corte.
En un comunicado emitido tras conocerse la decisión de este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró que el fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito «socava el juicio científico e independiente de la FDA» y dejó claro que el Gobierno no está de acuerdo.
«Si la decisión del Quinto Circuito se mantiene, hará retroceder de manera significativa la capacidad de las mujeres de cualquier estado para acceder a los servicios sanitarios que necesitan», dijo Jean-Pierre.
La portavoz también expresó preocupación por el precedente que puede suponer un fallo de este tipo para la independencia del proceso de aprobación de nuevos fármacos en el país, y confirmó que el Departamento de Justicia buscará que el Supremo se pronuncie.
Por su parte, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dijo que la decisión socava todo el proceso de aprobación de medicamentos y «se interpone entre los médicos y sus pacientes».
Harris, que se ha erigido como principal defensora del derecho al aborto en la Administración de Joe Biden, criticó el fallo por amenazar «la libertad de todas las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo» y por ser «un paso más» hacia el objetivo de prohibir el aborto en todo el país de los conservadores.
La vicepresidenta también aseguró que el Gobierno continuará trabajando para proteger el acceso al aborto.
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