Un tribunal de California condena a Tesla a pagar 137 millones de dólares a un extrabajador por racismo
Tesla parece haber tomado nota a medias del correctivo, a juzgar por los comentarios de la vicepresidenta de recursos humanos, Valerie Capers, sobre la sentencia.
Redacción agencias.- La tupida alfombra que durante años ha encubierto los abusos laborales de las tecnológicas, ese supuesto ámbito de progresía y libertad, está empezando a levantarse. La justicia californiana ha contribuido a la limpieza al propinar un severo varapalo a Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos, que deberá pagar 137 millones de dólares (unos 120 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios a un extrabajador por el racismo sufrido en la planta de Fremont (California). El juez considera probado que Tesla hizo la vista gorda ante la repetición sistemática de insultos y actos hostiles contra el operario negro durante el año que trabajó en la fábrica.
Owen Díaz se desempeñó como operador de montacargas entre junio de 2015 y julio de 2016. Durante el juicio dijo que los empleados afroamericanos de la planta, en la que también trabajaba su hijo, eran denigrados constantemente y recibían apodos racistas —además de ver pintadas insultantes en los baños— y que, pese a las quejas a la dirección, la empresa no intervino para atajar esos desmanes. “La imagen progresista de Tesla era una fachada para ocultar el trato denigrante hacia sus empleados afroamericanos”, sostenía la demanda.
Tesla parece haber tomado nota a medias del correctivo, a juzgar por los comentarios de la vicepresidenta de recursos humanos, Valerie Capers, sobre la sentencia. Si bien admitió que el ambiente de trabajo en Fremont “no era perfecto”, Capers apuntó que los otros empleados que declararon haber oído “regularmente insultos racistas”, “la mayoría de las veces pensaban que ese lenguaje se utilizaba de forma amistosa y habitualmente por compañeros de trabajo afroamericanos”, dijo la ejecutiva, citada por la agencia France Presse. La compañía subrayó en un comunicado que los hechos, que asume, no justifican el gravoso veredicto.
Tesla intentó además durante el proceso revocar a un miembro del jurado, alegando un supuesto sesgo de raza, “deliberadamente discriminatorio” contra sus intereses, informa Reuters. En una publicación en su blog, la firma señala que desde el caso de Owen Díaz ha realizado cambios y creado equipos dedicados a investigar las quejas de los empleados y garantizar igualdad de oportunidades. En su primer informe sobre diversidad, publicado el año pasado, la compañía de Elon Musk dijo tener sólo un 4% de ejecutivos negros y un 10% en el conjunto de su plantilla en EE UU.
Aunque el caso puede sentar precedente, sobre todo por la cuantía de la compensación, la de Owen Díaz no es la primera denuncia que recibe el gigante de la automoción eléctrica. En 2017, al menos cuatro trabajadores de la misma planta, que emplea a unas 10.000 personas, denunciaron a la empresa por “cultura tóxica”. Tres de ellos lo hicieron por la manifiesta hostilidad a los trabajadores negros, que parecía “sacada directamente de la era de Jim Crow”, en referencia a las leyes que propugnaban la segregación racial y que oficializaron el racismo en el país. Una ingeniera recurrió a la justicia por haber sido despedida tras denunciar discriminación por género y brecha salarial.
Cultura tóxica, quejas por brecha salarial, exceso de horas e imposibilidad de desconectar aun en festivos son algunas de las denuncias más comunes por parte de empleados y exempleados de las Big Five, las grandes empresas tecnológicas de EE UU (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft). Pero también una cultura de la omertà o el silencio corporativo —sobre todo entre los directivos y los empleados de cuello blanco, profesionales liberales— que fallos como el del tribunal federal de San Francisco empiezan a quebrar. De hecho Tesla no es la única que se ve en el ojo del huracán por querellas de extrabajadores. El caso más extremo fue el de la plataforma Uber, cuando varias denuncias por acoso sexual forzaron la renuncia de su consejero delegado en 2017. En paralelo a la acción de la justicia y de algunas administraciones por supuestas prácticas monopolísticas, el tabú de la inviolabilidad que hasta ahora blindaba a las Big Five parece estar resquebrajándose.
