Aunque no de manera específica pero compartiendo la misma inquietud y propuesta hecha por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y de hecho con la firma también de éste, noventa y siete instituciones suscriben el comunicado desplegado a toda página en la prensa matutina, bajo el encabezado de “Un voto por la democracia y el país”.
Se trata de un conglomerado vasto y diverso que agrupa asociaciones empresariales, sindicatos obreros, universidades y centros educativos e instituciones de servicio sin fines de lucro, formando un poderoso conjunto de voces del mundo empresarial, laboral, académico y de la sociedad civil que suman su voz a la propuesta cada vez más amplia y generalizada que reclama del liderazgo político la firma de un gran acuerdo asumiendo la responsabilidad de propiciar la celebración de unas elecciones ordenadas, imparciales y transparentes que sean fiel reflejo de la voluntad de los votantes.
Pero, además, tal como demanda la gran mayoría ciudadana, todavía bajo el impacto emocional de la inesperada suspensión de las elecciones municipales del domingo 17 de febrero, el manifiesto porta la exigencia de despejar las incógnitas que han quedado pendientes de respuesta sobre las razones de la obligada decisión que debió adoptar la Junta Central Electoral ante el colapso del sistema de voto automatizado.
No es posible que las causas de un hecho de tan insólita gravedad que ha estado al borde de crear una desestabilizadora crisis política, queden en el limbo. El país necesita y requiere respuestas. Las precisa la propia Junta Central Electoral para encontrar justa explicación a la traumática decisión que debió adoptar. No por simple ejercicio académico es indispensable saber cual fue el origen de lo ocurrido, las posibles responsabilidades derivadas y aplicar las sanciones que sean de lugar. En la medida en que esto se logre, ganará confianza el torneo electoral pendiente de celebrarse. A diferencia de otros casos, en el que nos ocupa tiene que haber consecuencias.
Por mas que resulte penoso haber tenido que solicitar el auxilio de los técnicos de IFES, UNIORE y la OEA para llevar a cabo la investigación así como la presencia de la comisión de observadores del organismo regional hasta completar el ciclo electoral como garantía de la investigación y de la transparencia del proceso, y al margen de que algunos, con excesivos escrúpulos y celo patriótico, lo califican de acto intervencionista, no cabe duda que su participación le sumará mayor credibilidad en la medida de su carácter independiente. De hecho, es así que lo ha entendido y reclamado la propia oposición.
Lo importante ahora es salvar el escollo que ha representado el aplazamiento de las elecciones municipales para lo cual es preciso allanar el camino de obstáculos a fin de que puedan celebrarse sin inconvenientes y con plenas garantías el próximo 15 de marzo, y a ello deben comprometerse formalmente los partidos que terciarán en la justa.
De que la voluntad ciudadana pueda expresarse libremente, sin trabas ni sombras, maquinaciones turbias ni trampeos, dependerá el que la ciudadanía acuda a votar masivamente en las posteriores elecciones presidenciales y congresuales para elegir las autoridades que regirán los destinos del país por los venideros cuatro años, en la confianza de que el resultado de las urnas será reflejo fiel de su voluntad. Y con ello, mantener y fortalecer nuestra todavía inmadura y frágil pero indispensable institucionalidad democrática que permita darle un mayor contenido social y plural, y por consiguiente mayor fortaleza.
Es cuanto.