Más que justificado que la gente marche y se manifieste en contra de la corrupción y la impunidad.
Que se reclame castigo para el sobornador y los sobornados por la empresa Odebretch. Y que se le reclame a esta no solo la multa que es de rigor en estos casos, sino también los posibles sobrecostos en las obras que ha ejecutado y tiene en vías de realización, después de ser debidamente auditadas.
Que se investigue a fondo el caso de los Tucanos, donde hay un solo encarcelado cuando a todas luces el cuantioso soborno de 3.5 millones de dólares confesados por la empresa, necesariamente tiene que haber mojado la mano de más personas con suficiente autoridad para haberle otorgado el contrato de fabricación a la compañía Embraer, también de nacionalidad carioca.
Que se demande igualmente someter a la justicia a posibles implicados en la escandalosa operación de Los 3 Brazos si se determina hay mérito suficiente y pruebas con validez legal.
Que también haya sometimientos en el caso del CEA, donde ha sido evidente la forma alegre y dolosa en que se ha dispuesto de su rico patrimonio de 3.5 millones de tareas de tierra, de las que apenas quedan disponibles 800 mil. Se han hecho ventas a precios irrisorios y en otros casos se han vendido parcelas 3 y hasta 4 veces. Un hecho que guarda bastante similitud con el despojo de Bahía de Las Aguilas.
Que no queden sin sanción los casos de la OISOE, sacado a relucir por el dramático suicidio de un angustiado ingeniero; ni el del SEMMA, donde se volatizaron más de mil millones de pesos.
Que también sean llevados hasta sus últimas consecuencias los casos documentados por la Cámara de Cuentas de los ayuntamientos de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Romana y cuantos más hayan incurrido en posibles actos de corrupción.
Que se les retengan sus sueldos, tal como dispone la ley, a todo funcionario que no haya hecho su declaración de bienes.
Que los autores del crimen alevoso del ex rector Mateo Aquino Febrillet no puedan evadir el peso de su criminal acción y reciban la correspondiente sanción, tanto como los de José Silvestre, Blás Olivo y cualesquiera otros.
En fin que termine la era de la impunidad. Que la honradez se ponga de moda y fuera de moda, la deshonestidad. Y que la ley corra pareja para todos sin privilegios ni compadrazgos.
Pero…no olvidemos ni dejemos a la orilla del camino otras penosas realidades que es preciso enfrentar y corregir. La violencia intrafamiliar presente en más de la mitad de los hogares; la alta tasa de feminicidios; el elevado porcentaje de madres y embarazadas adolescentes y menores; la crecida tasa de muertes de parturientas y niños recién nacidos; el aumento del tráfico y consumo de drogas; los grandes niveles de desempleo; la pobreza que abate al cuarenta por ciento de los hogares; que haya una más justa distribución del crecimiento económico; los 500 mil jóvenes que forman el contingente de los llamados ni-ni; el incremento de la criminalidad que mantiene en permanente estado de zozobra e inseguridad a la población; el paso continuo de ilegales a través de la frontera que cada día se torna más visible al tiempo que preocupante; que la seguridad social deje de ser negocio para convertirse en servicio; que cobremos plena conciencia de la importancia de preservar los recursos naturales y la calidad del medio ambiente; que logremos garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria; que la UASD recupere su mellado prestigio y recobre su papel de faro y guía de los más nobles ideales; que se cumpla a cabalidad el pacto por la Educación y la Ley General de Educación de cinco días de clase a la semana sin perder un solo minuto de docencia; que la Constitución y las leyes dejen de ser letra muerta y que cada ciudadano entienda que a más del justo disfrute de sus derechos, le corresponde cumplir con sus deberes y la clase política que su más noble ejercicio es el de servir y no el de servirse.
Y de paso, poner freno urgente al impresionante y doloroso costo de los accidentes de tránsito que según el informe de los Indicadores de Siniestralidad Vial 2016, parte del cual publica este lunes el Diario Libre, revela que entre el 2011 y el 2016, se registraron 44 mil 912 eventos con un saldo de 61 mil 434 personas afectadas de las cuales nada menos que
11 mil 417 murieron en el mismo lugar del siniestro, sin contar los que después fallecieron a consecuencia de la gravedad de sus heridas de entre los 50 mil 17 lesionados. En cuanto al costo para el Estado durante ese tiempo fue de 166 mil millones de pesos, una cifra inclusive muy superior en conjunto a todos los actos de corrupción que reseñamos antes.
La relación de problemas que arrastramos que dista de estar completa, conforma una agenda bien abultada. Afrontarla exigirá un largo tiempo, un enorme esfuerzo y un gran espíritu de unidad nacional si queremos llegar a ser un país vivible y convertir en realidad el ideal de una mejor nación.