Santo Domingo.- La razón social Inversiones Cataleya, S.R.L., una de las empresas implicadas en el caso de la supuesta red de fraude denominado operación Gaviota, de manejar un promedio mensual de RD$ 30,000.00 hasta noviembre del 2021, paso a gestionar montos de hasta RD$ 93,000,000.00 millones mensuales, según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
El órgano persecutor señala a la compañía como una de empresas con mayor movilidad de recursos dentro de la estructura y con alta captación de personas.
“La razón social Inversiones Cataleya, S.R.L. Esta, a diferencia de Investor Winner IW, S.R.L., se encontraba constituida previo al inicio de las operaciones de la estructura, de forma específica desde el 09 de abril de 2015, con un capital social autorizado de RD$ 100,000.00. Sin embargo, su objeto social no era a fin a ese tipo de actividades”, señala el MP.
Como socios fundadores de la sociedad comercial el documento señala al imputado Héctor Aníbal Santillán Faulkner quien se desempeñaba en el puesto de gerente y Claudia Gertrudys De Aza Almonte, con 10 cuotas sociales.
“Esta empresa participó en contrataciones con Estado dominicano en el período 2017-2019, supliendo desde enseres hasta alimentos, actividades que eran afines a su objeto social”.
En cuanto a los movimientos financieros y las entradas altos valores son por los depósitos de las víctimas, la cual era recibido o captado por Héctor Aníbal Santillán Faulkner y Claudia Gertrudys De Aza Almonte, según la acusación.
Además del pago de las supuestas comisiones a las víctimas, en las cuentas se visualizan transferencias del dinero captado a favor de los investigados, lo cual los vinculan como miembros beneficiarios de la red. Pueden observarse transferencias y pagos a favor de O’Neill Alberto Nivar y Robert Evangelista.
El expediente destaca que al momento en que no podían continuar con los pagos, Héctor Aníbal Santillán Faulkner y Claudia Gertrudys De Aza Almonte realizaron cesiones de cuotas sociales a favor de Ana Francisca Martínez Batista, hermana de Rafael Martínez y a Jesús Manuel De la Cruz Pache, quienes aparecen en la actualidad como socios de la compañía.
Por la estructura criminal que operó en el período de tiempo comprendido desde finales del año 2020 hasta septiembre del año 2022, las autoridades presentaron cargos formales en contra de ocho personas físicas y 15 empresas.
El modus operandi empleado por esta red delictiva consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que oscilaban entre el 10% y el 30% de la inversión realizada. Se les aseguraba que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading1 realizadas a través del bróker2 Pepperstone, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura.
