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Una denuncia peligrosa y temeraria

Una denuncia peligrosa y temeraria
Mario Rivadulla

Tema de frecuente controversia, en gran parte por los intereses contrapuestos que confluyen en el mismo, durante las semanas mas recientes el de la Seguridad Social ha estado colocado en el clásico “ojo de la tormenta”.

Aliados el gremio médico y la asociación que agrupa a las clínicas privadas han hecho causa común contra las aseguradoras de riesgos de salud.  Quejas por la obstinada resistencia de estas últimas a cumplir la resolución que dispone acoger y cubrir las indicaciones de medicamentos y pruebas de los asegurados dispuestas por cualquier médico aunque no figure en la red de profesionales al servicio de la ARS a la que pertenezca el asegurado.

Reclamo de los galenos para que les sean reajustados los honorarios, realmente bajísimos, que perciben por consultas, procedimientos y cirugías.  De igual modo por el lado de las clínicas privadas para que también renegociar las tarifas por los servicios que prestan.

Y en medio de las discusiones a nivel público y de los encuentros sostenidos por las partes en conflicto a la búsqueda de una solución negociada que aún no ha podido lograrse, sendas sentencias judiciales en dos reclamaciones sometidas a los tribunales en que se han fallado a favor de los asegurados.

En ambos casos se condena a las ARS involucradas  al pago de indemnizaciones millonarias por haberse negado a cubrir el costo de los respectivos tratamientos, en uno de los cuales el paciente falleció.  Son sentencias que sientan un precedente y abren una alentadora vía de reclamo para los asegurados que consideren vulnerados sus derechos.

Como nuevo elemento han surgido voces de advertencia, entre las que destacan por su amplio conocimiento del tema, la del ex vicepresidente Rafael Albuquerque y el licenciado Arismendi Díaz Santana, quien fue en su momento el principal arquitecto de la ley. Ambos señalan que bajo las actuales circunstancias, sobre todo por la ampliación de la expectativa de vida de los dominicanos desde el momento en que entró en vigencia la misma hasta el presente, las pensiones a recibir por los jubilados será apenas de un 22 por ciento de su salario, por lo que plantean como requisito indispensable ampliar la edad de retiro y aumentar el monto de las cotizaciones.

El hecho ha reavivado las protestas sobre la elevada comisión que cobran las administradoras de riesgos de pensiones (AFP) y los cuantiosos beneficios que han venido registrando por esa razón, reclamando reducir el por ciento que perciben por su gestión, planteamiento que también figura en las propuestas de Albuquerque y Díaz Santana.  Opiniones más extremistas proponen que el gobierno pase a sustituir a las AFP y eliminar las ARS concentrando toda la afiliación y asistencia de salud en SENASA.

De recordar e insistir, sin embargo, que la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema y la posibilidad de garantizar pensiones mas dignas a los trabajadores al momento del retiro, es un problema técnico y no político.  Las necesarias modificaciones a la ley para lograr ese propósito tienen que estar debidamente sustentadas a través de muy calificados estudios actuariales.   Ni aún eliminando las AFP y las ARS se lograría ni remotamente mejorar de manera apreciable el monto y el tiempo de cobro de las pensiones.

Pero a este complejo cuadro que obligará a una profunda revisión y necesarias modificaciones a la ley, se suma ahora un nuevo elemento en extremo inquietante.  Se trata de la denuncia que hace el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras, de que el gobierno se ha apropiado del ochenta por ciento de los Fondos Acumulados de Pensiones del sistema para cubrir sus déficits.  De ser cierto se trataría de una cantidad fabulosa casi cien veces superior a los 92 millones de dólares en sobornos supuestamente pagados por la Odebrecht.

La denuncia que ha tenido mucha menos resonancia de la que cabía esperar dada su gravedad y el volumen de fondos involucrado,  ha movido a inmediata preocupación a los principales dirigentes sindicales del país. Rafael “Pepe” Abreu la califica de “peligrosa y temeraria” advirtiendo que la misma puede generar “un estado de pánico en la población” por lo que se impone una aclaración inmediata del gobierno.  Un reclamo al que también se suman Gabriel del Río y Jacobo Ramos.

Pese a que la denuncia que comentamos no ha sido acompañada de ningún elemento de prueba que la sustente, lo cual deja muy en entre dicho su margen de credibilidad, por la misma gravedad de su carácter y alcance es de esperar que fuentes oficiales debidamente autorizadas del gobierno y la Seguridad Social despejen toda duda respecto a la  denunciada apropiación de los citados fondos, que representarían el grueso de los más de 560 mil millones de pesos acumulados por el sistema, que según el denuniante solo existen en el papel.

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