Caracas.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este sábado que fueron suspendidas «arbitrariamente» las visitas familiares en una cárcel ubicada en una zona periférica de Caracas, donde hay alrededor de 80 personas que, según la organización, están detenidas por razones políticas.
A través de X, el comité señaló que funcionarios de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), «alegaron que la medida responde a una supuesta ‘incitación al odio’ tras la manifestación de fe realizada el pasado domingo» en las afueras del centro penitenciario, donde familiares de los considerados presos políticos abogaron por «el bienestar y la libertad plena de sus seres queridos».
A ese grupo de detenidos «se le impidió recibir el único contacto y visita semanal permitida: ver a sus familiares a través de un vidrio, mientras hablan por un teléfono, durante apenas 15 minutos», señaló la ONG.
El comité advirtió que esta «decisión irracional dirigida contra quienes participaron» en esa manifestación «se suma al hostigamiento y la persecución desplegada por efectivos encubiertos de organismos policiales del Estado durante la actividad».
La organización exige el «cese inmediato del hostigamiento, la intimidación y la vigilancia ilegal contra los familiares de presos políticos», así como la «restitución inmediata de las visitas» y «un trato humano por parte de las autoridades penitenciarias».
El Clipp solicita también la liberación plena de «todos los presos políticos, inocentes y encarcelados únicamente por razones de conciencia», y hace un llamado «urgente a la solidaridad nacional e internacional y, especialmente, a las iglesias católica y cristiana».
«Callar ante la criminalización de la oración y la represión de expresiones pacíficas de esperanza es renunciar a uno de los principios más sagrados del Evangelio: estar al lado de los que sufren y son perseguidos por causa de la injusticia», aseguró la ONG.
El lunes, familiares de los considerados presos políticos se concentraron en una plaza de Caracas para rezar y pedir por la libertad de sus allegados, la mayoría detenidos en el contexto de crisis posterior a las elecciones del pasado julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo-, tras lo que la oposición mayoritaria denunció «fraude».
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 personas arrestadas por motivos políticos, cinco de ellas adolescentes.
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