La columna de Miguel Guerrero
Las fortunas, algunas inmensas, reveladas en sus declaraciones de bienes por muchos funcionarios públicos, ofrecen una excelente oportunidad a la Dirección General de Impuestos Internos, diligente como siempre, para aumentar sus captaciones y ensanchar la nómina de contribuyentes al Fisco.
No me refiero, por supuesto, a los empresarios hartamente conocidos con larga tradición en el mundo de los negocios, como son los excepcionales casos de varios ministros designados por primera vez en el sector público y que son figuras claves del entorno presidencial. Con toda seguridad, y me atrevería apostar que es así, los negocios de este pequeño grupo, anteriores a la administración a la que sirven, deben estar en regla.
Pero sería un ejercicio interesante determinar si las propiedades y los patrimonios de quienes se han revelado como potentados sin una conocida tradición empresarial o exitosa carrera profesional, están al día o alguna vez han pagado los impuestos de propiedad.
En otras palabras, para ser más preciso, si esos afortunados, muchos de los cuales sólo han trabajado en el sector público, están en condiciones de mostrar un expediente de fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias, acorde con lo que poseen, como nos ocurre al resto de los dominicanos, sin importar cuánto poseemos.
Y no lo planteo con el propósito de fastidiar o llenar este espacio diario, sino porque en el imaginario popular y en el sector privado, seriamente afectado por la gula fiscal, se tiene la impresión de que la clase política está exenta de toda obligación impositiva, más allá del salario.
Y como los bonos y los famosos “barrilitos” y “nominillas” definitivamente están fuera de esa obligación, lo lógico es suponer que todo lo demás también. Todo lo cual conlleva a parafrasear a Bosch cuando en memorable ocasión le dijo al país; aquí pagamos todos “o se rompe la baraja”.