El Tribunal Constitucional acaba de emitir un fallo de gran importancia y que como tal, alcanza la categoría de cosa irrevocablemente juzgada ante la cual no caben más recursos.
Mediante esta sentencia, quedó sin efecto la que a su vez había emitido la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, mediante la cual se ordenaba a la Fiscalía devolver sus bienes incautados a Luis Eduardo Rodríguez Cordero, alias El Príncipe, al cabo de haber cumplido prisión en los Estados Unidos como culpable de acciones vinculadas al narcotráfico internacional.
Estas acciones incluyeron conspiración, lavado y narcotráfico y admitidas y negociadas por Rodríguez Cordero a cambio de una sentencia más leve. Esta fue dictada el 28 de octubre de 2008 condenándolo a catorce años de privación de libertad. Cabe suponer que de no haber accedido al trato, la sentencia hubiera sido mucho más severa, treinta años o quizás prisión perpetua.
La lista de bienes es pródiga en millones. En la misma figuran un restaurante, varios lujosos apartamentos en distintas torres, una compañía de mercadeo inmobiliario, unas oficinas de negocios y cuenta bancaria. Fue a su regreso que puso en marcha la acción para tratar de recuperar los mismos que fueron incautados no al momento de su apresamiento sino mucho después, en el 2015, en el marco de la cooperación internacional con las autoridades estadounidenses para la persecución de los delitos relacionados con el tráfico de drogas.
No tenemos a mano los fundamentos de la sentencia, la cual contó con un voto disidente que también sería conveniente conocer, pero es de suponer que servirá de material de análisis y posible controversia a más de uno de los varios notables juristas con que cuenta el foro nacional.
Pero cabe deducir que la misma establecerá una positiva jurisprudencia para este tipo de casos. Es inconcebible que elementos que han levantado enormes fortunas a base del tráfico de drogas, luego de ser apresados y negociado sentencias menores a cambio de información ofrecida a los agentes de la DEA y los fiscales estadounidenses, una vez cumplida su sentencia, comiencen a disfrutar de sus bienes adquiridos por vía de un delito de tanta gravedad, y más aún cuando algunos de ellos vuelven a las andadas, retomando esas mismas actividades criminales. Los casos abundan y sobran ejemplos.
En el escenario de una justicia, donde a veces se producen fallos tan dispares y difíciles de digerir sin que despierten justificadas sospechas, saludamos y felicitamos al Tribunal Constitucional por esta sentencia revocatoria que envía un oportuno mensaje de que no tendrán el camino allanado para disfrutar de sus fortunas quienes las hayan logrado por vía de actividades criminales.