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Una voz autorizada

Una voz autorizada
Mario Rivadulla

Si a una voz le sobra autoridad en el país para referirse a la Seguridad Social es la de Arismendi Díaz Santana. El, al igual que el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, forma filas en el limitado grupo  de los más profundos y calificados conocedores del tema.

Díaz Santana no es solo un experto en la materia, cuyos conocimientos y asesoría han sido utilizados por otros países, sino que fue el principal actor en la elaboración del proyecto de la Seguridad Social vigente, por lo que dispone de amplio conocimiento del mismo en todos sus aspectos.

Es en base a ese conocimiento, que Díaz Santana, quien fue además su primer Gerente General y se ha mantenido al tanto de todo el debatido proceso de desarrollo del sistema, que acaba de hacer una serie de observaciones muy de tomar en consideración.

Lo primero es cuando llama la atención sobre el bajísimo monto de pensiones que habrán de recibir los asegurados al momento del retiro.  Mediante el sistema actual de cotización, al cabo del pago de las trescientas sesenta cuotas de aporte,  equivalente a treinta años de labor, tanto por parte del empleador como del trabajador, este al ser pensionado apenas recibirá un 22 por ciento de su salario.

Obvio que se trata de una cantidad más que insuficiente para garantizar los más mínimos requerimientos de subsistencia condenando al pensionado a una vejez rayana en la más absoluta pobreza.   Una irrisoria suma que al no resultar indexada, irá perdiendo capacidad adquisitiva de año en año en la medida en que aumente la inflación.   Y eso durante un período de tan solo ocho años, al cabo de los cuales, esa mínima y cada vez más degradada pensión  llegaría a su final.

Alertando sobre la posible crisis fiscal que a su vez provocaría el colapso del sistema, Díaz Santana no se limita solo a anticipar los graves problemas de todo tipo que pudieran generarse, sino que suma a sus previsoras advertencias una serie de propuestas y recomendaciones que a su juicio pudieran ayudar a mejorar de manera razonablemente significativa tan sombrío panorama.

Como es natural, la obligada brevedad del comentario así como los limitados conocimientos del autor sobre un tema de tan complejos aspectos técnicos y actuariales, no permiten profundizar en las diversas sugerencias que aporta. Estos van desde extender el término de cotizaciones y por consiguiente, de la edad para acogerse a la pensión, como de incrementar el monto de los aportes mensuales y reducir el de las comisiones que al presente perciben las Administradoras de Fondos de Pensiones, conocidas como AFP.

Pero por su experiencia y amplio dominio del tema, entendemos que las advertencias de Díaz Santana representan un toque de alarma que no puede ignorarse,  tanto como sus planteamientos  deben ser debidamente valorizados, precisamente en momentos en que el sistema se encuentra atravesando por un período de difícil confrontación de intereses entre los actores que intervienen en el mismo, y se halla abocado a necesarias revisiones.

Vale  señalar, como apunta Díaz Santana y sin que sirva de excusa  ni alivio a nuestra propia realidad, que el problema es mundial. Una situación similar de crisis y reajuste se está dando  en todos los demás países que cuentan con sistemas de Seguridad Social, impuestos a obligadas modificaciones a fin de poder garantizar su continuidad y sustentación, todos los cuales, al igual que el nuestro, fueron diseñados cuando primaban circunstancias muy diferentes a las actuales.

A diecisiete años de haber entrado en vigencia y a trece de distancia de llegar el momento en que el sistema tenga que afrontar una masiva oleada de pensiones, el problema debe ser considerado de máxima prioridad para adoptar las medidas requeridas a fin de prevenir  y evitar una muy probable crisis fiscales, económicas, sociales, humanitarias y políticas, de alcances insospechados.

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