Sin dudas las opiniones que sobre el complejo tema del tránsito emite Osiris Mota, vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas, están avaladas por la experiencia práctica acumulada durante el tiempo que lleva vinculado al sector asegurador desempeñando el cargo que ocupa.
De ahí que sus recomendaciones deban ser tomadas muy en cuenta al momento de diseñar estrategias para enfrentar y tratar de superar los graves problemas que plantean las caóticas condiciones en que se desenvuelve el congestionado tránsito vehicular en el país, y en particular en el Gran Santo Domingo donde se concentra la mayor parte.
Aun cuando reiterado nunca está de más recordar que cada año, miles de personas pierden la vida a consecuencia de los accidentes vehiculares, que constituyen la principal causa de muertes violentas en el país. Es decir por encima de los homicidios, feminicidios, suicidios, asaltos, atentados, riñas y ajustes de cuentas.
Y aún cuando todos estos últimos ocasionan algún tipo de conmoción pública, no ocurre los mismo con las víctimas provocadas generalmente por la imprudencia de choferes, el manejo bajo los efectos del alcohol o las drogas, la violación de las normas que lo regulan y la forma temeraria, sobre todo, en que conduce una gran cantidad de motoristas, que aportan las dos terceras partes de los accidentes vehiculares. Es como si los aceptáramos como un hecho fatal e inevitable. Salvo a los dolientes de las víctimas, son muertes que no preocupan ni quitan el sueño al resto.
Hay otros costos adicionales cuya importancia no puede ignorarse. Mota recuerda que las colisiones vehiculares dejan además como saldo unos 25 mil lesionados cada año. Muchos sufren de minusvalidez y quedan condenados a un largo y costoso proceso de rehabilitación. Otros lamentablemente no logran recuperarse jamás y deben arrastrar por el resto de sus vidas los resultados de las graves e irrecuperables lesiones recibidas.
El costo de las atenciones médicas no es nada desdeñable. El funcionario de Seguros Banreservas lo sitúa en no menos de 60 mil millones de pesos, suma que debe ser asumida en su mayor parte por el Estado en tanto el sesenta por ciento de los vehículos de motor carece de seguro, y por consiguiente de la cobertura de accidentes. Mota lo califica de injusto. En realidad es más que eso: transitar sin seguro es ilegal y debiera ser sancionable como delito y no como simple contravención.
De ahí que sea válida y parte indispensable de una estrategia encaminada al reordenamiento del caótico tránsito vehicular, su propuesta de que no sea se expida placa o marbete a ningún vehículo que carezca de seguro y plantea que no se expida placa o marbete a ningún vehículo que carezca del mismo. Agregaríamos más: que al momento de renovarlo no solo se requiera el pago de las multas pendientes, lo que será de aplicación a partir del próximo año por la gran cantidad de “multas fantasmas” que han aparecido en el sistema, sino tener el seguro y la licencia de conducir al día.
Por lo demás, Mota advierte con sobrada razón que en el país hay un exceso de vehículos de motor. Con un registro de alrededor de 4 millones y medio, en su mayor parte motocicletas, para una población de 10 millones y medio de habitantes y en un territorio de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, no se fácil aliviar la congestión.
Pero ya esto es un problema de mucha mayor complejidad en tanto involucra el comercio de vehículos como una importante actividad económica, de recaudación fiscal e importante fuente de empleos, tanto como el libre derecho de cada ciudadano de tratar de proveerse de un medio de desplazamiento propio en un país donde el servicio colectivo es pésimo, caro, incómodo, desordenado y hasta riesgoso.