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UNE pide al Congreso no retrasar la aprobación del Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas

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El director general de la DGCCP citó la inclusión oficial del monitoreo de las contrataciones públicas por parte del órgano rector, la incorporación de las compras conjuntas de las instituciones.

Imagen fuente externa.

SANTO DOMINGO. – La Unión Nacional de Empresarios (UNE) reafirmó su apoyo al Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, y exhortó al Congreso a convocar a vistas públicas para considerar las observaciones hechas por los distintos sectores económicos del país, y acelerar la aprobación del proyecto de ley de Contrataciones Públicas que se encuentra en el senado de la República.

Indicó que el proyecto presenta oportunidades de mejora para optimizar los recursos estatales, tanto en términos de propiciar una mayor claridad en las implicaciones de los criterios de evaluación de los procesos de licitaciones públicas, como en su impacto potencial, de lograr una mayor participación en las empresas medianas y pequeñas.

En una alocución pronunciada con motivo de encabezar el Desayuno Conversatorio Aplicación del nuevo Reglamento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que contó con la participación de Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP), el presidente de la UNE, Leonel Castellanos Duarte, planteó asimismo la posibilidad de que la ordenanza establezca que las empresas oferentes posean una experiencia probada, así como una marcada trayectoria en el área licitada para evitar la inserción improvisada.

“De lo que se trata es evitar que empresas oferentes sin experiencia, pero con disponibilidad de recursos, atraídas por el capital participen sin las prácticas adecuadas, e incurran en muchos errores con el producto o servicio a ofrecer, lo que en ocasiones termina empañando la gestión de la institución”, comentó Castellanos.

Afirmó que este Reglamento acompañado del proyecto de ley que se encuentra en el congreso y que esperamos sea prontamente conocida, será una herramienta útil para combatir prácticas desleales que se puedan ejercer en las compras estatales, y que van en detrimento de una competencia justa y sana en el mercado corporativo.

“De ahí que en la UNE valoramos con beneplácito que el reglamento considere aspectos tan relevantes como la modalidad “valor por dinero’, en la que el menor precio no sea un indicador de la mejor decisión para la adjudicación, sino otros criterios sustentables de evaluación como la sostenibilidad, vida útil y calidad del producto, entre otros parámetros que establecen régimen de consecuencia cuando se determine que hayan alteración o falsificación de documentos”, dijo.

A su juicio, esta herramienta contribuirá de manera positiva a una competencia justa, eficiente, de sostenibilidad y simplificación de los procesos de compras estatales.

La actividad se inscribe dentro de las iniciativas que viene emprendiendo la organización empresarial, con miras a mantener actualizados a la membresía sobre los temas que afectan la actividad productiva y que de una manera u otra impactan en el desempeño de los entes productivos nacionales.

Disposiciones que fortalecen Sistema

Durante su disertación, Carlos Pimentel destacó las disposiciones que fortalecen el Sistema de Contrataciones, tales como mejores prácticas relativas a la organización del sistema, criterios de evaluación, uso de herramientas tecnológicas, sostenibilidad, valor por dinero e inclusión de sectores productivos.

Asimismo, refirió el régimen de contratación por excepción, administración y ejecución de los contratos, así como el desarrollo de las disposiciones sobre el ciclo de la compra y contratación en cada etapa, las medidas cautelares, las medidas y procedimientos disciplinarios, sanciones a las ofertas temerarias y los recursos administrativos.

El director general de la DGCCP citó la inclusión oficial del monitoreo de las contrataciones públicas por parte del órgano rector, la incorporación de las compras conjuntas de las instituciones, y la adición de sanciones administrativas que permitirán a la DGCP el inicio del procedimiento de inhabilitación de oficio.

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