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Urge otro pacto por la democracia para superar la desconfianza política

Urge otro pacto por la democracia para superar la desconfianza política
Juan Bolívar Díaz

La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de combinar la automatización de la votación municipal de febrero con el conteo manual de los votos y un nuevo intento de auditar los equipos y programas informáticos debería ser respaldada por todos los partidos para comenzar a disipar las incertidumbres predominantes sobre las elecciones del 2020.

Pero al mismo tiempo luce imperativo que el organismo rector de las elecciones asuma un liderazgo conciliatorio que conllevaría la firma de un nuevo “Pacto por la Democracia”, donde se ratifiquen normativas que garanticen un proceso electoral limpio y equitativo para que el próximo año predomine la voluntad popular.

Otra salida salomónica

La resolución anunciada el jueves por la JCE de implementar el voto electrónico en el 60 por ciento de las mesas de votación y conteo manual en la totalidad, con un nuevo intento para la previa auditoría de los equipos y programas, debería ser aceptada por todos los partidos, con algunas otras garantías para superar la desconfianza predominante.

Hay que esperar que esta propuesta salomónica tenga mejor suerte que la de mayo pasado cuando la JCE dictaminó que se mantendría el arrastre de los senadores en el voto congresual en el Distrito Nacional y las seis mayores provincias y se eliminaría en las restantes, lo que anuló el Tribunal Constitucional al hacer prevalecer el voto senatorial separado en todas las jurisdicciones.

La nueva resolución no parece chocar con ningún precepto constitucional o legal y recoge los reclamos de los más renuentes y desconfiados. El voto automático sería en los 17 municipios más grandes, que concentran el 60 por ciento de los colegios de votación, con 61 por ciento de los electores. Son los que tienen más de 13 regidores y suplentes, y donde sería muy complejo computar el voto preferencial por miles de candidatos a regidores y vocales.

Como la JCE convocó a los partidos para una reunión hoy sábado para “crear un equipo técnico especializado que permita examinar y hacer recomendaciones” para el uso del voto automatizado y conteo manual”, todavía hay posibilidad de garantías adicionales, en especial para la demandada auditoría de los equipos y programas informáticos. Ha propuesto la firma de auditores PKF Guzmán Tapia, y deberá precisar esta oferta y si queda alguna alternativa. Esa auditoría no es un capricho, sino una recomendación fundamentada a nivel internacional, donde la automatización de las elecciones ha sido limitada a unos pocos países.

El conteo de los alcaldes

De la resolución de la JCE debe asumirse y precisarse que el conteo de los votos para los alcaldes y directores de los distritos municipales se haría manualmente, determinando el partido ganador en cada jurisdicción y la proporción de los regidores y vocales, con sus respectivos suplentes. Eso sería transmitido y publicado de inmediato, si no hay diferencia con lo arrojado por la computadora en los municipios donde se utilice la automatización.

Para un segundo momento quedaría la verificación de los votos preferenciales por los regidores y vocales, para lo cual se aceptaría el resultado de la automatización, asumiendo que no habría interés de hacer fraude entre los competidores de un mismo partido, ni posibilidad de una programa que altere en ese nivel la voluntad de los electores, por la misma razón que hace difícil el cómputo manual, es decir, por la multiplicidad de candidaturas.

En el 40 por ciento de las mesas, donde no habrá automatización del voto, todo el proceso será manual, y por igual se computaría y transmitiría primero el resultado en las candidaturas a alcalde y director municipal, y luego se determinaría cuáles fueron los electos de cada partido para regidores y vocales.

Garantías adicionales de la JCE  

Para fortalecer la propuesta de voto automatizado y conteo manual, la JCE podría añadir algunas garantías adicionales que infundan confianza, como las siguientes:

  • Que la JCE asumirá plenamente su responsabilidad constitucional de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones
  • Una campaña contra la compra y venta de votos, con decisión de perseguirla y sancionarla
  • Disposición de hacer cumplir los límites de tiempo y lugar de todo género de propaganda partidista, con énfasis en los centros de votación
  • Mantenimiento inflexible del horario de votación, sólo prorrogable por una hora en las mesas donde se decida a unanimidad, si hubo retraso en su apertura
  • Que el voto asistido para personas con discapacidades sólo se autorice a cónyuges, padres o hijos para evitar sustituciones interesadas y engaños
  • Que la publicación de cómputos sólo pueda iniciarse una hora después del cierre oficial de la votación, que incluiría la eventual prórroga por retraso
  • Límites para impedir que los partidos más pudientes monopolicen las estaciones de radio y televisión en los días finales de la campaña

Razones para desconfiar

La JCE tiene que sobreponerse a toda sospecha y hasta a los excesos en que incurren dirigentes políticos, y reconocer que hay razones tradicionales y coyunturales para que predomine la desconfianza y la incertidumbre, incluyendo las malas prácticas registradas durante el proceso de las recientes elecciones primarias.

El signo más ominoso que amenaza el proceso electoral fue la enfática afirmación en el discurso público del presidente Danilo Medina el 21 de octubre, tras la renuncia de Leonel Fernández al PLD, donde le ofreció “una pela en mayo” y añadió que  “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones”. Algo probablemente inédito en un jefe de Estado sin ser candidato.

Con ese discurso Medina se comprometió a repetir la irrupción del gobierno, con  en la campaña electoral, como ocurrió en las elecciones del 2012 y 2016, en esta última con 33 mil activistas pagados como empleados temporeros, enormes déficits fiscales, multiplicación de la publicidad pagada por el Estado y designación de 39 ministros y altos funcionarios como jefes locales de campaña, con alto incremento del gasto en vehículos, combustible, dietas, empleados públicos y otros medios.

Grave denuncia pendiente

Muchos de esos abusos del Estado ya se vieron en la campaña de las recientes primarias y son de los factores que contribuyeron a la división del partido gobernante. Para más desconfianza ahí está la documentada denuncia de 39 contratos por 11 mil 500 millones de pesos para comprar asfalto caliente, otorgados por Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, en los meses antes de lanzarse tras la candidatura presidencial del PLD, incluyendo a nueve empresas que habían importado ese material.

Como no podía ser de repente que se advirtiera la necesidad de asfaltar 2 mil 730 kilómetros de carreteras y calles, y sin previa apropiación presupuestal por tan alta suma, tienen bases las afirmaciones de que violó la Ley de Compras y Contrataciones y la de Presupuesto, por obvio interés de promoción política o de obtener comisiones o contribuciones para campaña electoral.

Aunque todo eso lo expuso por televisión, con enorme audiencia nacional, la periodista Alicia Ortega, y partidos opositores e instituciones sociales han demandado una investigación y las sanciones correspondientes, el silencio de las autoridades y del candidato del PLD, aparece también como ominoso. A pesar de que la denuncia se convirtió en escándalo, ni siquiera se han molestado en poner en duda los datos concretos imputados.

Un pacto por la democracia 

Más allá del acuerdo sobre automatización parcial del voto, las autoridades electorales tienen que reconocer que hay razones suficientes para la desconfianza en el sistema electoral y en la prevalencia de las normas constitucionales, legales y hasta de la mínima decencia política. En toda la oposición política existe la resolución de resistir los abusos del Estado que se adelantaron en las primarias. Eso lo repiten los líderes del bloque de partidos que postula a Leonel Fernández y los que conforman la Coalición Democrática que encabeza el PRM, que postula a Luis Abinader. Por  igual el candidato de Alianza País, Guillermo Moreno, quien ha repetido que no aceptará un “matadero electoral”. Eso se dimensiona por la fatiga que registran las encuestas y se advierte sobre la prolongada gestión peledeísta.

La JCE ha prometido una resolución sobre los límites gubernamentales en la campaña electoral, pero hay quienes temen que no tenga suficiente fuerza para garantizar la equidad, para lo cual debería recibir un claro apoyo de la sociedad civil organizada, sobre todo del empresariado, las iglesias y las academias. Y de todos los interesados en la preservación de la estabilidad política, económica y social, para evitar estallidos político-sociales como los que sacuden la región.

El presidente Danilo Medina debería ser el primero y más interesado en dejar un legado de armonía y prevalencia democrática e institucional. Pero, al estar muy involucrado, habrá que ayudarlo con una salida suave, como sería un nuevo pacto por la democracia, como el del 1994 que, por cierto, permitió el ascenso de su partido al poder por primera vez. Ojalá lo entienda la JCE y tome la iniciativa para disipar incertidumbres y ganar confiabilidad.-

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