Tony Pérez.
Imagino que el Presidente Leonel Fernández se prepara para desactivar otra bomba social construida en su propia casa cuando se le agotan las horas como inquilino de Palacio.
Debe de decirle al país que la Dirección General de Aduanas (DGA) no debió generalizar con su inoportuno y súbito anuncio de aplicación de la engavetada ley 458-1973, la cual prohíbe la importación de ropas y prenderías usadas. Y mientras más rápido lo haga, mejor para su gestión, el partido que preside y su futuro político.
Es lo menos que debería hacer si quiere aminorar el malestar de esa metedura de pata social y comunicacional; o si desea sacarle leña de pino al fogón de la hirviente caldera social para enfriar el camino a su relevo Danilo Medina, quien ya carga suficiente peso para su vía crucis.
Total, ya lo ha hecho, sin razón, con el caso Pro Consumidor y los embutidos. Desde su perspectiva, la institución estatal cometió el error de generalizar. Mas, la titular Altagracia Paulino no generaliza cuando ha denunciado que no es apto para el consumo humano casi el ciento por ciento de los productos analizados de 22 embutidoras. Al contrario, ha sido específica al presentar la muestra y los porcentajes, aunque haya cometido la pifia, quizás calculada a causa de la desatención del mismo Gobierno, al no mencionar las marcas que mantienen en riesgo la salud de la población.
Con la irreflexiva acción de la DGA, el Gobierno se iría con una imagen de indolente ante los más necesitados. Imagen negativa que no se esfumaría con el cambio de mando como muchos aventuran. Razones sobran: el relevo de Fernández pertenece al oficialista Partido de la Liberación Dominicana que él mismo preside (12 años de ejercicio de poder, ocho de ellos consecutivos), por lo cual, con el traspaso de cetro, traspasaría el problema; y por el mortal impacto social de la disposición, auxiliada por la vídeo-política (capaz de eternizar los hechos de estos tiempos), que lo avivará en 2016 cuando casi seguro Fernández volverá a aspirar a la Presidencia.
Luce contundente a ojos vista el argumento terrorífico de la autoridad para sensibilizar a la población y justificar su desaguisado: la amenaza a la salud representada por el uso de prendas importadas usadas. En el fondo, sin embargo, deviene tan débil como bochornoso e hipócrita.
Hipócrita porque se revela como una prueba irrefutable de cuan irresponsable han sido con el destino de millones de seres humanos, pues la fumigación para evitar brotes y epidemias ha sido cero cuando debió ser rutina de trabajo (“a confesión de parte, relevo de prueba”). Se supone que todo lo que llega por puertos marítimos y aeropuertos, debería ser objeto de un proceso de descontaminación o cuarentena para preservar la salud de dominicanos y dominicanas. A Estados Unidos, por ejemplo, no entra un grano de arroz ni una rueda de salami, ni una planta, ni un perro ni nada, sin que cumplan con sus normas (de forma y contenido).
Y bochornoso porque el uso de ropa y calzados de desconocidos viene dado más que todo por el empobrecimiento de la población debido a irresponsabilidad política. Nadie usaría prendas usadas si tuviera nivel adquisitivo para comprar en las tiendas dominicanas los productos que tengan calidad, no aquellos que se descoloran o se destelengan con mirarlos.
Así que el desempolvar y aplicar la citada ley de los años de Balaguer solo complace una exigencia permanente de los industriales que perciben mermas en sus ventas.
Lo confirma Circe Almánzar, vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana. Ha dicho que con la medida se refuerza el estado de derecho y que su institución es abanderada de la libertad de comercio pero bajo las leyes, sin crear riesgo para la salud de la población. Según su parecer, la industria textil y de calzado confronta dificultades que se ven agravadas por la competencia desleal, lo cual pone en juego miles de empleos.
La DGA y la dirigente empresarial han obviado sin embargo un filón vital del problema: las miles de familias que viven del negocio y tal vez los millones de personas que visten, calzan o se arropan porque existen los “abájate” o “pepé” o “sacúdelos”, como le llaman a esta actividad por cuenta propia.
Que miles de familias (incluidos profesionales) se hayan dedicado a comprar pacas de ropas y zapatos en la frontera dominico-haitiana o en el mismo Estados Unidos para revender, y que millones no tengan otra escapatoria para vestirse y conseguir efectos para la hogar, debería poner al Gobierno y a los mismos industriales a “darse golpes en el pecho” por la incapacidad demostrada de generar empleos suficientes y de calidad para que la gente gane dinero y vaya en masa a las tiendas de lujo a consumir mucho productos encarecidos y no siempre de calidad.
Y deberían edificarle un monumento del tamaño del obelisco trujillista por el trabajo honesto que han realizado y por haber contribuido a la paz que tanto beneficio ha dado a Gobierno y empresarios. No quiera nadie imaginarse las consecuencias catastróficas de tantos seres humanos empobrecidos por la crisis económica y por la deuda acumulada de inequidad social, y tirados a la calle sin esperanzas.
Gobierno y empresarios debieron sopesar la inoportuna acción que impacta el negocio de las pacas. Un rudo golpe a la sociedad innecesario cuando el Presidente Fernández empaca sus pertenencias para irse de la casa de Gobierno. Han olvidado, pues, que, a veces, perdiendo se gana.
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