Tony Pérez.
Lo que pasa con la Seguridad Social y Bahía de las Águilas es un ejemplo fatal de cómo el Estado ha creado sus propias armas para liquidarse. Son dos paradigmas de legalización y legitimación compulsiva de lo mal hecho, si no de santificación de la corrupción y las mafias.
La Ley 87 de 2001 es una trampa perfecta para joder más a los pobres. Lo menos que establece es la creación de un Consejo de Seguridad Social donde, increíble pero cierto, otorgan poder de veto a la representación empresarial, no al Estado, y una Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales donde basta defender la palabra sector público para anular un contrato de trabajo.
Ha sido prefabricada a la medida del enemigo. Y quienes están llamados a representar al Estado en esos tenebrosos escenarios, si no contemporizan, devienen en peones hace-quórum, o tienen que irse a freír tusas hacia otro lado.
Desde aquellas instancias hay una conspiración 24/7 contra las estatales ARS Salud Segura y ARS Senasa. Esta última, por ejemplo, nada tiene que envidiarle a la que sus francotiradores presentan como la mejor del sector privado. Aun así podría zozobrar si el Gobierno no adquiere conciencia plena de su propia obra ni asume una postura recia frente a quienes, desde la simulación, la bombardean despiadadamente, pese a que son pagados con dinero de los contribuyentes.
Nunca los muy pobres tuvieron una tarjeta de seguro médico subsidiado que les dignificara. Pero esos indigentes, enfermizos por su propia condición, carecen de capacidad de pago. Así que la única posibilidad de sobrevivir que le queda a este seguro estatal es a través de las contribuciones de los afiliados de las instituciones públicas, si los tuviera en su carpeta.
Ha habido sin embargo mil golpes bajos, mil trapisondas, más el hipócrita alegato de la “libre elección” de la ARS que dizque debería gozar el servidor público. Una defensa envenenada, en tanto la apuesta de fondo es impedir la capitalización de Senasa y, por tanto, provocar su desaparición para así fortalecer a las aseguradoras privadas, cuyas cojeras administrativas y de servicio, a menudo muy graves, nunca denuncia el organismo regulador. Si se interesan tanto por los derechos de los empleados públicos, si son tan humanitarios, ¿por qué, entonces, no alargan su gesto y asumen al montón de pobres e indigentes de salud vulnerable que cubren el territorio nacional? Sencillo: no son negocio.
Sisalril jamás podrá convencernos de que estuvo bien la emisión de una resolución al garete –y no un oficio a Unipago– sobre el paso automático de la matrícula pública al Senasa y el cobro de las cuotas correspondientes a partir de enero. Como tampoco podrá persuadirnos sobre su escaso interés para que tal proceso fluyera sin tantos percances.
Queda claro que estamos ante una trama criminal (con los enemigos dentro del batallón) en tanto en cuanto atenta contra las vidas de varios millones de pobres e indigentes sin oportunidad de curarse las enfermedades, y juega con la docilidad de unos 400 mil empleados del Estado.
La ley ni el oportunismo deberían ser un escaparate para justificar esta ecuación de abuso y engaño contra el pueblo. El Presidente Medina y su Gobierno deben saber qué hacer en este caso. Pero no les caería mal una ayudita de los dolientes (médicos, afiliados y potenciales afiliados) y de las organizaciones de presión sensatas. Una manifestación nacional sería un buen comienzo.
Turismo sobre fraude
Fácil de engañar un pueblo que se cae a pedazos por el desempleo y con una cementera (Andino) que le desgracia su hábitat a cambio de desprecio y prepotencia. Fácil de anunciarles cual panacea la instalación de hornos para producir clinker, como ha hecho el director de Energía y Minas.
No me sorprendería, por ello, que segmentos importantes de la provincia Pedernales aplaudan acríticamente las expectativas creadas por el ministro de Turismo Francisco Javier García y el senador Dionis Sánchez sobre una noticia “de enorme trascendencia para el desarrollo turístico” que daría en cualquier momento el Presidente.
Yo, en cambio, recibo tal dosis de suspenso con cautela y casi abrumado por la duda. Los antecedentes y los informes preliminares recibidos no dejan de otra. Prefiero correr el riesgo y pagar el precio, como siempre, de ir a contracorriente, salvo que me quiten la razón.
Si lo que anunciará Medina no implica un arrodillamiento ante la rapiña, si no es un reconocimiento a lo ilegal, le adelanto mi apoyo. Y hasta brindaría por ello. De lo contrario, lo ilegal habría vencido al Estado. Pero no a mí.
Desde principio de los noventa del siglo recién pasado, he denunciado las fechorías que cuecen, a fuego lento, en torno a los terrenos de vocación turística de esta provincia fronteriza donde nací, crecí y me formé. Sí, porque la apropiación ilegal no se agota en la exótica Bahía de las Águilas y su playa hermosa, de aguas tranquilas y arena blanca. Ella es solo un filón del latrocinio. Es más, a rato creo que la concentración en ella es parte de una estrategia de entretenimiento diseñada en este momento para quedarse sin la mínima resistencia con las otras playas, que son de muy buena calidad (Cabo Rojo, Bucanyé, Pedernales y Blanca).
Edificar el desarrollo de nuestro suroeste sobre la zapata de las mañoserías, sería igual a construir un edificio a partir de una base de arena. Sería igual a azararnos la vida para siempre. Porque abonarían las tierras a una corrupción que poco necesita para multiplicarse como verdolaga. Y, al final, apestarán los productos cosechados.
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