"Vialidad", el caso de corrupción que condenó a Cristina Fernández Natalia Kidd y Laura Guarinoni

Buenos Aires.– Buenos Aires.– Las irregularidades en torno a la concesión de obras viales en la provincia argentina de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, derivaron en una causa judicial que culminó este martes con la confirmación por la Corte Suprema de una condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien denuncia una estrategia de 'lawfare' (persecución judicial) en su contra.

La denominada 'causa Vialidad' tiene su origen en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en esta región del sur de Argentina a firmas del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su hoy viuda, Cristina Fernández.

El caso se remonta a noviembre de 2008, cuando la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron una denuncia penal por el supuesto "direccionamiento" de las obras viales hacia las empresas constructoras de Báez.

En abril de 2016, el entonces titular de la Dirección de Vialidad, Javier Iguacel, presentó una denuncia más amplia. El 27 de diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

Durante la investigación, Ercolini determinó que cerca del 85 % de los contratos viales de Santa Cruz fueron adjudicados a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.

En marzo de 2018, la causa fue elevada a juicio oral, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 inició el 22 de mayo de 2019.

El 22 de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani solicitó doce años de cárcel para Cristina Fernández, tras considerar demostrado que era la "jefa" de una asociación ilícita. La acusó de haber creado, junto a Kirchner, "una de las matrices más extraordinarias de corrupción" en Argentina.

Ese mismo año, Fernández fue víctima de un intento de magnicidio, cuando un hombre le apuntó y disparó con un revólver que no se accionó.

Cristina Fernández denuncia 'lawfare'

En los alegatos finales del juicio, Fernández negó las acusaciones y afirmó ser víctima de 'lawfare', es decir, del uso de la justicia con fines políticos. Alegó que la causa carece de base legal y tiene como objetivo "eliminarla políticamente".

Denunció falta de imparcialidad, señalando a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de mentir y manipular pruebas. En agosto de 2022, pidió la recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Luciani, tras revelarse que ambos jugaban fútbol con el expresidente Mauricio Macri. También solicitó la recusación del juez Jorge Luciano Gorini por sus vínculos con Patricia Bullrich. Todas las recusaciones fueron rechazadas.

La condena: prisión e inhabilitación

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue hallada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos, pero absuelta del cargo de asociación ilícita.

Según los fundamentos, parte del dinero estatal tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta.

Además de Fernández, fueron condenados a seis años de prisión Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nelson Periotti.

Aunque apeló, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia en noviembre de 2024, por lo que Cristina Fernández recurrió a la Corte Suprema, que confirmó el fallo este martes.

Con esta decisión, la condena quedó firme, lo que impide a Fernández ser candidata en los comicios provinciales de septiembre en Buenos Aires, como había planeado.

A sus 72 años, Fernández puede solicitar prisión domiciliaria, aunque queda a criterio de los jueces que deben ejecutar la sentencia.