Justo cuando el Cuerpo de Seguridad Presidencial y otros dos organismos castrenses, se encuentran en el centro de las investigaciones por el desvío millonario de fondos por parte de sus directores, revelado mediante las dos versiones de la operaciones Coral, vuelve a tomar vida en el Congreso el debate sobre el aparente intento de reactivar la justicia militar paralela a los tribunales civiles.


Aunque el proyecto del Código Penal establece que los militares sólo podrán ser juzgados en jurisdicción privilegiada cuando cometan infracciones disciplinarias, por mandato del artículo 254 de la Constitución y el Tribunal Constitucional, los artículos al respecto han causado una polémica.