Mientras el Codia favoreció este miércoles que se regule la mano de obra extranjera como anunció el Gobierno, pese a los efectos económicos que tendría en la industria de la construcción, representantes de la comunidad haitiana en el país calificaron de inhumanas las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración para garantizar el control y tráfico de ilegales.


Las nuevas medidas migratorias anunciadas por el Gobierno provocaron reacciones encontradas entre la comunidad haitiana establecida en el país, que suple cerca del 95 por ciento de la mano de obra en la industria de la construcción, según datos del CODIA. 


Entrevistados por SIN consideraron que regularizar a los trabajadores ilegales les permitiría acceder a  mejores salarios, mientras que otros se mostraron preocupados por la posibilidad de que ocurran despidos masivos.


Para el coordinador de la Mesa para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier,  la medida será difícil de cumplir, por lo que llamó a las autoridades a aplicar regulaciones acordes con la realidad del país. 


Mientras que desde el Codia favorecieron su aplicación, aunque reconocieron que representará una carga para la industria de la construcción y la agrícola. 


El gobierno otorgó un plazo de 90 días para que las empresas regularicen el estatus de sus trabajadores extranjeros y vencido el tiempo se aplicarán las sanciones establecidas en la ley para los infractores, que impone multas de 5 a 30 salarios mínimos. 


Además, anunció que evitara el ingreso de mujeres con más de 6 meses de embarazo que puedan representar una carga para el Estado. 


Según datos del Servicio Nacional de Salud, en 2020 de se reportaron alrededor de 30 mil partos de mujeres haitianas en los hospitales del país.