La jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso medidas de coerción a 23 de los primeros arrestados por su vinculación a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.


La directora de la Pepca Yeni Berenice Reynoso dijo que en el proceso de conocimiento de la medida hubo dos variaciones. En ese sentido, explicó que a seis le fue impuesto arresto domiciliario solicitados por el Ministerio Público. “A los restantes 15 se les impuso prisión preventiva, a uno le fue impuesto una garantía económica de 15 millones en efectivo y arresto domiciliario y a otro de 5 millones en efectivo, así como impedimento de salida del país para ambos”.


Detalló que la prisión preventiva deberá ser cumplida en distintos centros penitenciarios, incluyendo el de El Pinito y el de Vista al Valle. “El Ministerio Público había variado su pedimento por las informaciones que tiene en torno a la seguridad de algunos internos y por eso habíamos variado los pedimentos, a los fines de que internos de la misma estructura, que estaban amenazando a otros, no continúen en esa actividad, que el Ministerio Público tiene también en estos momentos bajo investigación”.


La jueza Borgen rechazó todos los pedimentos de la barra de la defensa de los imputados y acogió la solicitud de prisión preventiva por espacio de 18 meses  y la declaratoria de caso complejo solicitada por el Ministerio Público.