Nadie puede ignorar que un gobierno responsable debe preocuparse siempre por el bienestar de su nación.


En una situación de contingencia como la inflación importada, que disminuye calidad de vida, la mano del Gobierno se necesaria.


Una corrida de precios no tiene solo implicaciones económicas; también arrastra riesgos para la estabilidad social y política.


Tratar de acosar al Gobierno y ponerlo contra la pared en circunstancias como esta, es poco más que insensato.


Pero el Gobierno ha de saber que los principios de transparencia, equilibrio y buen juicio son claves en la gestión de crisis.


Presumo que el proyecto de ley de arancel cero a productos importados, para empujar los precios hacia abajo, tiene la buena intención como base.


Una amplia mayoría en el sector productivo ve ahí una amenaza de importaciones masivas más allá del horizonte de tiempo planteado y del volumen esperado.


Creo que una solución no debería convertirse en una desgracia, por lo cual hay que escuchar, contrastar puntos de vista, reflexionar, analizar.


Si es posible liberalizar importaciones por necesidad comprobada localmente, es algo juicioso.


El propio gobierno cuenta con instancias que pueden determinar cuando importar rubros en condiciones arancelarias especiales.


Ni el gobierno debe ser puesto contra la pared al tratar de mitigar el impacto de los precios ni debemos abrir cancha para que avivatos pesquen en mar revuelto.


Aquí la salida es equilibrio, consenso y eso es posible.