Eduardo Jorge Prats afirma que las candidaturas independientes no amenazan a los partidos políticos, sino que pueden coexistir y servir como un correctivo democrático dentro del sistema electoral.
SANTO DOMINGO. – El debate sobre las candidaturas independientes ha reavivado la discusión sobre su posible impacto en el sistema político dominicano, especialmente en torno a si su implementación podría debilitar la democracia basada en partidos o, por el contrario, servir como un mecanismo que amplíe la participación ciudadana sin afectar la estructura partidista.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats sostuvo que permitir candidaturas independientes no representa una amenaza para los partidos políticos, los cuales continúan siendo el eje central de la democracia representativa en el país.
La existencia de un régimen de candidaturas independientes en modo alguno contradice el modelo de democracia partidista que ha escogido el Constituyente”, afirmó el jurista, al explicar que estas postulaciones pueden coexistir con los partidos y, en algunos casos, servir como un correctivo democrático frente a las limitaciones internas de las organizaciones políticas.
Jorge Prats enfatizó que la fortaleza histórica del sistema partidista dominicano hace poco probable que las candidaturas independientes desplacen a los partidos tradicionales.
“Yo soy un defensor acérrimo de la necesidad de que exista un sistema partidista fuerte”, dijo, al tiempo que consideró que los liderazgos comunitarios o locales podrían encontrar en estas candidaturas una vía legítima de participación política.
Uno de los puntos que generó preocupación entre los panelistas fue la posibilidad de que la apertura a candidaturas independientes provoque una proliferación masiva de aspirantes, lo que podría complicar la organización de los procesos electorales y la capacidad operativa de las autoridades.
Sin embargo, Jorge Prats restó dramatismo a ese escenario y confió en la madurez del electorado dominicano. “Puede haber 5,000 candidaturas y el dominicano va a ejercer su voto útil”, señaló, al afirmar que la cultura política del país tiende a concentrar el voto en las opciones con mayores posibilidades.
A su juicio, las candidaturas independientes tendrían mayor incidencia en el ámbito municipal, donde surgen liderazgos comunitarios vinculados a problemáticas locales como el manejo de residuos, el tránsito o el ornato urbano.
Transparencia y control del financiamiento electoral
Otro de los temas abordados fue la fiscalización del financiamiento político, un aspecto que continúa generando preocupación en el sistema electoral dominicano.
Durante la conversación se destacó que el reto de rastrear el origen y destino de los recursos de campaña no se limita a las candidaturas independientes, sino que también afecta a los partidos políticos tradicionales.
En ese sentido, Jorge Prats insistió en que la solución pasa por fortalecer la supervisión institucional y dotar de mayores herramientas a la Junta Central Electoral (JCE) para monitorear el flujo de recursos en las campañas.
Hay que darle las herramientas a la Junta Central Electoral”, sostuvo el jurista, al advertir que la legislación actual carece de mecanismos suficientemente fuertes para garantizar el control efectivo del financiamiento político. “A la ley electoral hay que darle dientes, porque ahora no muerde”, agregó.
El constitucionalista también planteó la necesidad de establecer topes reales al gasto electoral, así como mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los fondos de campaña.
Para Jorge Prats, la discusión sobre las candidaturas independientes no debe centrarse exclusivamente en si estas debilitan o no a los partidos, sino en cómo fortalecer la calidad del sistema democrático.
Todos los problemas pasan no por las candidaturas independientes, sino por la democracia interna de los partidos, por la falta de transparencia en el gasto y por la ausencia de equidad electoral”, concluyó.
El debate sobre la figura de las candidaturas independientes continúa abierto en el país, en medio de propuestas legislativas, interpretaciones constitucionales y preocupaciones prácticas sobre su aplicación dentro del sistema electoral dominicano.
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