Domingo Contreras califica como “injusticia” condena de US$44 millones contra el Estado por caso Duquesa

Santo Domingo.– Domingo Contreras, ex secretario General del Ayuntamiento Distrito Nacional, calificó como una “injusticia” la sentencia que obliga al Estado dominicano a pagar 44 millones de dólares a empresas vinculadas a la administración del vertedero de Duquesa.

Contreras sostuvo que, aunque la decisión judicial pudo haber respondido al marco legal de protección a la inversión extranjera, en la práctica la empresa no cumplió adecuadamente con los servicios para los cuales fue contratada.

«Esa empresa fue una mafia. No le sirvió al país ni tomó las decisiones para las que fue contratada”, afirmó.

Indicó que, durante el tiempo en que la compañía tuvo a su cargo la gestión del vertedero, la capital estuvo expuesta a riesgos ambientales, incluyendo incendios y otras situaciones que evidenciaban deficiencias en el manejo del destino final de los residuos sólidos.

No obstante, reconoció que la República Dominicana enfrentaba un escenario legal complejo, debido a que el contrato original favorecía a la empresa, lo que hacía difícil ganar el litigio.

«La normativa favorecía a la empresa. Era muy difícil que el país pudiera ganar”, explicó.

En ese sentido, consideró que la principal lección de este caso es la necesidad de revisar los contratos que firma el Estado dominicano, a fin de evitar condiciones que comprometan al país en litigios internacionales.

Asimismo, señaló que la gestión de residuos sólidos es un proceso complejo que requiere inversiones adecuadas, al destacar que, mientras en República Dominicana se pagaban entre dos y cuatro dólares por tonelada para el destino final, en otros países ese costo oscila entre 30 y 100 dólares.

Contreras insistió en que, más allá de la decisión judicial, el país debe fortalecer su marco legal y técnico para la contratación de servicios estratégicos, con el objetivo de proteger el interés nacional.

Inundaciones y supervisión

Domingo Contreras también abordó ampliamente la problemática de las inundaciones urbanas en el Gran Santo Domingo, señalando que la ciudad no está preparada para enfrentar lluvias intensas y cada vez más frecuentes.

Recordó que en noviembre de 2022 se registró un evento extraordinario con cerca de 300 milímetros de lluvia en poco tiempo, que provocó inundaciones con consecuencias fatales, y que un fenómeno similar volvió a repetirse en 2023, evidenciando un patrón ante el cual las autoridades no han logrado adaptarse.

Explicó que el crecimiento urbano desordenado ha provocado que gran parte del territorio esté cubierto de cemento y asfalto, lo que impide la filtración del agua hacia el subsuelo y provoca que grandes volúmenes de agua se desplacen rápidamente hacia las calles, generando inundaciones.

Indicó que el sistema de drenaje es insuficiente para manejar esas cantidades de agua en poco tiempo, y advirtió que la situación no se resolverá solo con nuevas obras, sino con una combinación de infraestructura, cumplimiento de normas, educación ciudadana y aplicación de sanciones.

Criticó prácticas como la colocación de asfalto sobre capas anteriores, sin rebajar los niveles de las vías, lo que dificulta el flujo del agua, así como el diseño inadecuado de edificaciones, señalando que muchas torres presentan problemas que provocan inundaciones en sótanos y estacionamientos.

También denunció la acumulación de basura en calles y cañadas, lo que obstruye los sistemas de drenaje, y afirmó que este problema no es exclusivo de los sectores populares, sino que afecta a toda la ciudad.

En ese contexto, cuestionó la falta de aplicación de las leyes existentes para sancionar a quienes violan las normas sobre manejo de residuos, señalando que, aunque la legislación contempla multas y otras medidas, estas no se están utilizando.

Recordó que durante su gestión en el ámbito municipal se sometieron más de 200 personas por violaciones en la Zona Colonial, pero casi no hubo sanciones efectivas. Asimismo, lamentó que un programa educativo de Dominicana Limpia, que costó millones de dólares, no haya sido utilizado.

Contreras reconoció que en el país se han construido importantes infraestructuras de drenaje, como las asociadas a la primera línea del Metro y otras obras en la capital, pero denunció la falta de mantenimiento, lo que reduce su efectividad.

Además, cuestionó decisiones de inversión, como la construcción de un monorriel en lugar de un metro subterráneo, al considerar que no se están aprovechando esas obras para desarrollar infraestructuras integrales de drenaje y adaptación a futuros desafíos ambientales.

Riesgos y normas

En relación con la tragedia del Jet Set, advirtió sobre la debilidad en los mecanismos de supervisión de infraestructuras y establecimientos, señalando que las influencias impiden, en muchos casos, que los inspectores cumplan su labor.

Explicó que, aunque existen normativas para la supervisión de construcciones y remodelaciones, estas no se aplican de manera efectiva, lo que deja a la población expuesta a riesgos.

Asimismo, criticó la falta de acción del Congreso tras la tragedia, al considerar que no se ha priorizado la discusión de reformas legales que fortalezcan la seguridad en establecimientos públicos.

Alertó también sobre el impacto internacional del caso, indicando que afecta la imagen del país como destino turístico y genera dudas sobre la seguridad de los espacios de entretenimiento.

En términos generales, sostuvo que la falta de cumplimiento de normas es un problema estructural en la República Dominicana, comparando la situación con el tránsito en otros países, donde las reglas se respetan debido a la existencia de sanciones efectivas.

Finalmente, al referirse a la convocatoria del presidente Luis Abinader a un diálogo con la oposición y expresidentes para enfrentar la crisis global, consideró que la iniciativa es correcta, aunque señaló que algunas decisiones del Gobierno, como el gasto público y ciertas pensiones, contradicen ese propósito y hacen más vulnerable al país.