Santo Domingo.– El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, afirmó este lunes que los gremios empresariales aún esperan conocer con mayor claridad las medidas que el Gobierno implementaría ante el impacto económico de la crisis internacional, aunque valoró como positiva la apertura de un espacio de diálogo entre el sector público y el privado.
Pujols explicó que el pasado jueves participaron, junto a otros gremios empresariales, en una reunión en el Ministerio de Hacienda, encabezada por el ministro José Ignacio Paliza, con la participación, además, de otros funcionarios del área económica, donde se les ofreció un panorama sobre el estado de la economía y se les transmitió que no hay desabastecimiento en el mercado y que la economía dominicana ha mostrado resiliencia en lo que va de año.
No obstante, evitó afirmar que exista una estrategia ya presentada en detalle al sector empresarial y sostuvo que, tras el cambio del escenario internacional durante el fin de semana, lo procedente sería una nueva convocatoria para continuar las conversaciones y conocer las medidas que el Gobierno tiene previstas.
Durante la entrevista, Pujols indicó que el impacto del conflicto en la economía dominicana dependerá de su duración, al advertir que el aumento en el precio del barril de petróleo ya comienza a reflejarse en factores como las materias primas, el transporte y los fletes, variables que inciden directamente en los costos de producción del sector industrial.
En ese contexto, planteó la necesidad de que el diálogo entre el Gobierno y el sector privado sea más frecuente, incluso con reuniones semanales, para dar seguimiento a la coyuntura y permitir que los gremios puedan reaccionar y presentar propuestas sustentadas técnicamente.
El dirigente empresarial sostuvo, además, que, hasta el momento, no han recibido reportes de desabastecimiento ni notificaciones de problemas graves en las cadenas de distribución o en la llegada de materias primas, aunque advirtió que la AIRD se mantiene monitoreando el comportamiento de sus asociados y las perspectivas del mercado en los próximos meses.
Pujols explicó que la AIRD ha venido dando seguimiento al desempeño manufacturero a través de sus indicadores internos, los cuales reflejaron crecimiento en enero y febrero, mientras se encuentran procesando los datos correspondientes a marzo, mes en el que entienden podrían comenzar a sentirse con mayor claridad los efectos del conflicto sobre las expectativas del sector.
Más adelante, señaló que en 2026 no han percibido el freno económico que sí se sintió en parte de 2025, aunque insistió en que continúan observando las condiciones que puedan afectar la economía para, llegado el momento, formular propuestas al Gobierno.
Otros temas:
Etiquetado y registro sanitario
Pujols dijo que la AIRD mantiene una línea de trabajo clara sobre el incumplimiento de las normas de etiquetado, al denunciar que en comercios grandes, medianos y pequeños se venden productos sin etiquetado en español e, incluso, sin registro sanitario.
Afirmó que esto genera una competencia desigual, debido a que cumplir la regulación tiene un costo para las industrias formales, mientras quienes no cumplen obtienen ventajas en el mercado. En ese sentido, sostuvo que las marcas privadas son legales y que los comercios tienen derecho a venderlas, pero insistió en que deben cumplir las mismas reglas que el resto de los productos.
También señaló que el problema no se limita a las marcas privadas, sino que incluye importaciones que llegan con etiquetas en inglés, turco o chino, por lo que reclamó un régimen de consecuencias más efectivo para quienes violen las normas. Añadió que a sus asociados no se les permite sacar productos de fábrica sin cumplir al 100 % con la regulación, por lo que pidió igualdad en la aplicación de la ley.
Pujols reconoció que mantienen una excelente relación con Salud Pública, Digemaps y Pro Consumidor, pero sostuvo que la magnitud de las denuncias y la cantidad de puntos de venta hacen difícil corregir la situación en el corto plazo, por lo que abogó por operativos, decomisos y sanciones.
Competencia, manufactura local e importaciones
Sobre la competencia, afirmó que esta es sana y forma parte de lo que el gremio defiende, aunque indicó que todavía se puede hacer mucho más frente a la competencia desigual derivada del incumplimiento normativo.
Incluso, expresó que en el país resulta, en muchos casos, más fácil importar que producir, y advirtió que eso puede alterar la conversación económica si no se protege adecuadamente al sector manufacturero local, al que atribuyó un papel clave en momentos críticos, como la pandemia, cuando industrias locales se transformaron para producir mascarillas, batas y otros insumos.
Aplicaciones de supermercados y tecnología
En cuanto a las plataformas digitales y aplicaciones de supermercados, Pujols sostuvo que la innovación llegó para quedarse y que ignorarla significaría retroceder años. Señaló que lo importante es que todos los productos ofertados en esas plataformas cumplan la ley, tengan etiquetado y cuenten con registro sanitario.
Reconoció que el tema tecnológico no está regulado de manera específica y señaló que debe manejarse conforme a mejores prácticas, procurando que exista algún compromiso de validación del cumplimiento legal de los productos que se ofrecen al consumidor.
Residuos sólidos
Otro de los temas centrales de su intervención fue la ley de residuos sólidos. Pujols sostuvo que la AIRD no ha visto señales de modificación respecto a la contribución especial establecida en la normativa y reiteró que, tal como fue definida, no tiene sustento técnico o, al menos, ese sustento no ha sido dado a conocer al gremio.
Dijo que la AIRD ha tomado como referencia el análisis de ProCompetencia sobre el tema y mencionó, además, otros aspectos que, a su juicio, deben revisarse, entre ellos la prohibición aprobada en diciembre sobre la importación de tapas plásticas que no se fabrican en el país, lo que, según dijo, colocó en una situación de estrés a varias empresas asociadas.
También mencionó incongruencias dentro de la misma ley en torno a la separación en origen de los residuos, ya que, aunque algunos artículos fomentan esa práctica, persisten dudas sobre cómo garantizar su aplicación efectiva.
Al referirse a las informaciones que circularon sobre una supuesta suspensión de ciertas disposiciones, Pujols indicó que a sus asociados les recomienda seguir pagando, debido a que eso es lo que manda la ley, y recordó que para suspender o aplazar una disposición legal debe existir otra disposición legal que así lo establezca.
Más adelante, insistió en que las necesidades de los municipios no deben resolverse exclusivamente a través de la ley de residuos sólidos, sino revisando también el marco legal de las municipalidades y el cumplimiento del porcentaje presupuestario que les corresponde.
Asimismo, coincidió en la importancia de la separación en origen, pero advirtió que, si no existe una cadena completa y asegurada para mantener esa segregación desde los hogares hasta el destino final, no puede garantizarse el resultado esperado. Por ello, planteó la necesidad de una hoja de ruta clara, transparente y con trazabilidad sobre cada centavo invertido en gestión de residuos.
Permisología y simplificación de trámites
Pujols dijo que la reducción de burocracia y la simplificación de trámites forman parte de la agenda de discusión con el Gobierno en el marco de Meta 2036, iniciativa con la que se busca duplicar el PIB dominicano en diez años.
Explicó que en esas mesas público-privadas se trabaja en la identificación de obstáculos, solapamientos y procesos que deben acelerarse para facilitar la inversión y dinamizar la actividad económica. Añadió que el Ministerio de Medio Ambiente es una de las instituciones que más suele salir a relucir en esas conversaciones, aunque aseguró que tienen información de que esa entidad está enfocada en reducir las críticas y hacer fluir los procesos con mayor agilidad.
Industrias nacionales y zonas francas
Sobre la relación entre la industria local y las empresas acogidas al régimen de zona franca, Pujols explicó que ambas son industrias nacionales bajo la sombrilla del “Hecho en RD”, aunque reconoció que operan bajo marcos regulatorios distintos.
