Santo Domingo.– El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, consideró necesario retomar con urgencia las discusiones sobre el pacto eléctrico, al advertir que el alza del petróleo, derivada del conflicto internacional, impacta de forma directa los costos de producción del sistema energético nacional.
Pujols explicó que el año inició con conversaciones sobre el tema eléctrico bajo la sombrilla del Consejo Económico y Social, con miras a identificar la mejor manera de reactivar los acuerdos alcanzados previamente en el marco del pacto eléctrico.
Recordó que esos acuerdos abarcan aspectos sensibles, como el tema tarifario, por lo que entiende indispensable retomar ese espacio de discusión, sobre todo luego de que el conflicto internacional interrumpiera esos intercambios.
El dirigente industrial estimó que las autoridades podrían convocarlos nuevamente en los próximos días, debido a que el comportamiento del precio del barril de petróleo tiene una incidencia directa en los costos del sector eléctrico y, por tanto, en el desempeño general de la economía.
En ese sentido, sostuvo que la AIRD ha impulsado, desde el primer momento, dos líneas principales: la reactivación de todo lo relacionado con el pacto eléctrico y la revisión integral del sector, ante las constantes inversiones que, según dijo, se realizan sin que se observe una mejoría clara en los indicadores de las empresas distribuidoras.
Pujols consideró que el tema eléctrico debe analizarse en su conjunto, incluyendo su impacto sobre el presupuesto nacional, y afirmó que se trata de una discusión que requiere atención rápida, al igual que otros asuntos pendientes en la agenda económica.
Otros temas:
Otros frentes industriales
Pujols dijo que la AIRD mantiene una línea de trabajo clara sobre el incumplimiento de las normas de etiquetado, al denunciar que en comercios grandes, medianos y pequeños se venden productos sin etiquetado en español e, incluso, sin registro sanitario.
Afirmó que esto genera una competencia desigual, debido a que cumplir la regulación tiene un costo para las industrias formales, mientras quienes no cumplen obtienen ventajas en el mercado. En ese sentido, sostuvo que las marcas privadas son legales y que los comercios tienen derecho a venderlas, pero insistió en que deben cumplir las mismas reglas que el resto de los productos.
También señaló que el problema no se limita a las marcas privadas, sino que incluye importaciones que llegan con etiquetas en inglés, turco o chino, por lo que reclamó un régimen de consecuencias más efectivo para quienes violen las normas. Añadió que a sus asociados no se les permite sacar productos de fábrica sin cumplir al 100 % con la regulación, por lo que pidió igualdad en la aplicación de la ley.
Pujols reconoció que mantienen una excelente relación con Salud Pública, Digemaps y Pro Consumidor, pero sostuvo que la magnitud de las denuncias y la cantidad de puntos de venta hacen difícil corregir la situación en el corto plazo, por lo que abogó por operativos, decomisos y sanciones.
Competencia, manufactura local e importaciones
Sobre la competencia, afirmó que esta es sana y forma parte de lo que el gremio defiende, aunque indicó que todavía se puede hacer mucho más frente a la competencia desigual derivada del incumplimiento normativo.
Incluso, expresó que en el país resulta, en muchos casos, más fácil importar que producir, y advirtió que eso puede alterar la conversación económica si no se protege adecuadamente al sector manufacturero local, al que atribuyó un papel clave en momentos críticos, como la pandemia, cuando industrias locales se transformaron para producir mascarillas, batas y otros insumos.
Aplicaciones de supermercados y tecnología
En cuanto a las plataformas digitales y aplicaciones de supermercados, Pujols sostuvo que la innovación llegó para quedarse y que ignorarla significaría retroceder años. Señaló que lo importante es que todos los productos ofertados en esas plataformas cumplan la ley, tengan etiquetado y cuenten con registro sanitario.
Reconoció que el tema tecnológico no está regulado de manera específica y señaló que debe manejarse conforme a mejores prácticas, procurando que exista algún compromiso de validación del cumplimiento legal de los productos que se ofrecen al consumidor.
Ley de residuos sólidos
Otro de los temas centrales de su intervención fue la ley de residuos sólidos. Pujols sostuvo que la AIRD no ha visto señales de modificación respecto a la contribución especial establecida en la normativa y reiteró que, tal como fue definida, no tiene sustento técnico o, al menos, ese sustento no ha sido dado a conocer al gremio.
Dijo que la AIRD ha tomado como referencia el análisis de ProCompetencia sobre el tema y mencionó, además, otros aspectos que, a su juicio, deben revisarse, entre ellos la prohibición aprobada en diciembre sobre la importación de tapas plásticas que no se fabrican en el país, lo que, según dijo, colocó en una situación de estrés a varias empresas asociadas.
También mencionó incongruencias dentro de la misma ley en torno a la separación en origen de los residuos, ya que, aunque algunos artículos fomentan esa práctica, persisten dudas sobre cómo garantizar su aplicación efectiva.
Al referirse a las informaciones que circularon sobre una supuesta suspensión de ciertas disposiciones, Pujols indicó que a sus asociados les recomienda seguir pagando, debido a que eso es lo que manda la ley, y recordó que para suspender o aplazar una disposición legal debe existir otra disposición legal que así lo establezca.
Más adelante, insistió en que las necesidades de los municipios no deben resolverse exclusivamente a través de la ley de residuos sólidos, sino revisando también el marco legal de las municipalidades y el cumplimiento del porcentaje presupuestario que les corresponde.
Asimismo, coincidió en la importancia de la separación en origen, pero advirtió que, si no existe una cadena completa y asegurada para mantener esa segregación desde los hogares hasta el destino final, no puede garantizarse el resultado esperado. Por ello, planteó la necesidad de una hoja de ruta clara, transparente y con trazabilidad sobre cada centavo invertido en gestión de residuos.
Permisología y simplificación de trámites
Pujols dijo que la reducción de burocracia y la simplificación de trámites forman parte de la agenda de discusión con el Gobierno, en el marco de Meta 2036, iniciativa con la que se busca duplicar el PIB dominicano en diez años.
Explicó que en esas mesas público-privadas se trabaja en la identificación de obstáculos, solapamientos y procesos que deben acelerarse para facilitar la inversión y dinamizar la actividad económica. Añadió que el Ministerio de Medio Ambiente es una de las instituciones que más suele salir a relucir en esas conversaciones, aunque aseguró que tienen información de que esa entidad está enfocada en reducir las críticas y hacer fluir los procesos con mayor agilidad.
Industrias nacionales y zonas francas
Sobre la relación entre la industria local y las empresas acogidas al régimen de zona franca, Pujols explicó que ambas son industrias nacionales bajo la sombrilla del “Hecho en RD”, aunque reconoció que operan bajo marcos regulatorios distintos.
Precisó que la AIRD agrupa industrias grandes, medianas, pequeñas y micro, y que también cuenta con algunas empresas de zona franca, pero aclaró que la manufactura local y el régimen de zonas francas tienen leyes, objetivos y gremios diferentes. En ese contexto, dijo que lo que la AIRD propone es que existan condiciones claras y trámites más simples para estimular la inversión local, la generación de riqueza y el empleo.