SANTO DOMINGO. – El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó este lunes que la posible extinción del proceso judicial seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes no opera de manera automática al cumplirse el plazo de cuatro años, sino que dependerá de la evaluación que haga el tribunal sobre las causas de la demora y la conducta procesal de los imputados.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Álvarez sostuvo que el plazo máximo establecido en el Código Procesal Penal para los casos complejos “no es matemático”, por lo que los jueces deben analizar si las dilaciones responden a maniobras de las partes o a circunstancias ajenas al control del tribunal.
Explicó que, según ha establecido la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, cuando se plantea la extinción de la acción penal, el tribunal está obligado a detallar por qué razones se ha prolongado el proceso y determinar si procede o no esa declaratoria.
Extinción no automática
En ese sentido, indicó que, si los imputados han utilizado incidentes con el propósito de retardar el conocimiento del caso para alcanzar el límite del plazo, entonces el tribunal puede extender ese período para evitar que el proceso concluya sin una decisión sobre el fondo.
Álvarez advirtió que una extinción en un expediente de esta magnitud impediría que las pruebas sean examinadas y que los testigos sean escuchados, lo que, a su juicio, representaría un fracaso del sistema de justicia. “Cada vez que hay una extinción de una acción penal, es un fracaso del sistema de justicia en la República Dominicana”, expresó.
El dirigente de Participación Ciudadana insistió en que tanto el Ministerio Público como los tribunales deben llevar un control detallado de los aplazamientos, incidentes y reenvíos, de manera que, al momento de decidir sobre una posible extinción, puedan justificar con precisión qué provocó la extensión del proceso.
Otros temas que abordó Pancho Álvarez
Álvarez explicó que Participación Ciudadana mantiene un observatorio sobre los grandes casos de corrupción con el objetivo de dar seguimiento a los procesos judiciales y facilitar a la ciudadanía el acceso a expedientes complejos. Señaló que la organización resume documentos extensos para que puedan ser comprendidos por el público general y no solo por juristas.
Retrasos y observación
Al referirse específicamente al caso de Jean Alain Rodríguez y compartes, indicó que la audiencia preliminar tomó cerca de dos años y registró 24 reenvíos, mientras que en la fase de juicio de fondo, que todavía no ha arrancado formalmente, ya se acumulan más de 20 aplazamientos. Según dijo, gran parte de esos incidentes han sido promovidos por las defensas.
También cuestionó el manejo del tiempo en los tribunales, al considerar que hace falta mayor firmeza de los jueces para evitar retrasos excesivos. En ese contexto, mencionó suspensiones por razones médicas, recusaciones, viajes y otros compromisos personales, y sostuvo que el sistema debe impedir que esas situaciones paralicen indefinidamente un proceso penal.
Sobre la lectura íntegra de expedientes voluminosos, defendió que el Código Procesal Penal establece que deben leerse los hechos y la calificación jurídica, no necesariamente la totalidad del documento. Recordó que en el caso de Jean Alain Rodríguez se pidió leer las más de 12 mil páginas del expediente, lo que consumió varios meses sin entrar al fondo del asunto.
Odebrecht y otros señalamientos
Álvarez también se refirió al caso Odebrecht y reveló que Participación Ciudadana se reunió en su momento con Jean Alain Rodríguez para solicitarle que enviara fiscales a Brasil a interrogar a ejecutivos de la constructora. Según relató, el entonces procurador respondió que tenía informaciones de inteligencia que apuntaban a que esos ejecutivos negarían cualquier irregularidad.
Asimismo, indicó que la organización ha dado seguimiento al acuerdo económico derivado del caso Odebrecht y aseguró que solo se pagaron una o dos cuotas del monto comprometido, mientras que el resto quedó pendiente tras el proceso de quiebra de la empresa en Brasil.
En otro momento de la entrevista, negó haber solicitado favores a Jean Alain Rodríguez, como alegó el exprocurador. Álvarez sostuvo que, en su ejercicio profesional, lo que hace es reclamar derechos para sus clientes y no pedir privilegios. Incluso relató un caso en el que, según su versión, fue el entonces procurador quien le solicitó que un cliente desistiera de una ejecución inmobiliaria vinculada a una investigación.
Finalmente, Participación Ciudadana expresó su rechazo al aumento salarial aprobado en la Cámara de Cuentas. Álvarez consideró que esa decisión contraviene la Constitución y criticó que se adoptara en un contexto económico difícil, cuando el país enfrenta presiones que obligan, a su juicio, a aplicar medidas de austeridad en el gasto público.
