SANTO DOMINGO. – El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó que la posible extinción del proceso judicial seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes no ocurre de manera automática al cumplirse el plazo de cuatro años, sino que debe ser evaluada por el tribunal, tomando en cuenta la conducta procesal de los imputados y las causas de las dilaciones.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Álvarez explicó que el plazo máximo establecido en el Código Procesal Penal para los casos complejos “no es matemático”, por lo que corresponde a los jueces analizar qué ha provocado los retrasos en el proceso antes de decidir si procede o no la extinción de la acción penal.
En ese sentido, indicó que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han establecido que, al momento de evaluar una posible extinción, el tribunal debe detallar las razones por las cuales el proceso se ha extendido y determinar si las demoras responden a maniobras de las partes o a situaciones ajenas al control judicial.
Extinción y dilaciones
Plazo y extinción
Álvarez señaló que, si se comprueba que los imputados han utilizado incidentes para dilatar el proceso con el objetivo de alcanzar el límite del plazo, el tribunal puede extender ese período para evitar que el caso concluya sin que se conozca el fondo.
Advirtió que una eventual extinción impediría que las pruebas sean examinadas y que los testigos sean escuchados, lo que, a su juicio, representaría un fracaso del sistema de justicia. “Cada vez que hay una extinción de una acción penal, es un fracaso del sistema de justicia en la República Dominicana”, expresó.
Otros temas abordados
Riesgos de la demora
Álvarez explicó que Participación Ciudadana mantiene un observatorio de los grandes casos de corrupción con el objetivo de dar seguimiento a los procesos judiciales y facilitar su comprensión a la ciudadanía, mediante la elaboración de resúmenes de expedientes extensos.
Sobre el caso Jean Alain Rodríguez y compartes, indicó que la audiencia preliminar se extendió por alrededor de dos años, con múltiples reenvíos, mientras que el juicio de fondo aún no ha iniciado formalmente debido a la acumulación de incidentes y aplazamientos. A su juicio, gran parte de estas dilaciones han sido promovidas por las defensas.
También cuestionó la gestión del tiempo en los tribunales, al considerar que hace falta mayor control por parte de los jueces para evitar retrasos excesivos en los procesos, especialmente en casos de gran corrupción.
En cuanto al expediente, señaló que la lectura íntegra de más de 12 mil páginas consumió varios meses, pese a que el Código Procesal Penal establece que deben leerse los hechos y la calificación jurídica, lo que habría permitido avanzar con mayor rapidez.
Otros señalamientos
Álvarez abordó, además, el caso Odebrecht, indicando que Participación Ciudadana solicitó en su momento al entonces procurador Jean Alain Rodríguez enviar fiscales a Brasil para interrogar a ejecutivos de la constructora, pero la petición no prosperó. Añadió que gran parte del dinero comprometido en el acuerdo con el Estado dominicano permanece pendiente de pago.
Asimismo, negó haber solicitado favores al exprocurador, como este ha afirmado, y sostuvo que, en su ejercicio profesional, siempre ha actuado en función de reclamar derechos. Relató incluso un caso en el que, según dijo, fue el entonces procurador quien le solicitó gestionar un desistimiento vinculado a un inmueble relacionado con una investigación.
Finalmente, rechazó el aumento salarial aprobado en la Cámara de Cuentas, al considerar que viola la Constitución y resulta inoportuno en el contexto económico actual. Afirmó que el Estado debe priorizar medidas de austeridad en lugar de incrementos salariales en el sector público.