Experto advierte sobre riesgos legales y operativos en acuerdo para recibir deportados en RD
Fiallo sugirió que el acuerdo debería ser revisado por el Tribunal Constitucional y aprobado por el Congreso si impone obligaciones al Estado.
Santo Domingo. – El acuerdo firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente deportados de terceros países plantea importantes desafíos jurídicos, migratorios y operativos que deben ser explicados con mayor transparencia por las autoridades, expresó el abogado y exdiplomático Josué Fiallo.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Fiallo cuestionó la falta de transparencia alrededor del memorándum de entendimiento y advirtió que el país podría enfrentar situaciones complejas similares a las ocurridas en otras naciones que aceptaron acuerdos migratorios con Estados Unidos.
“No lo conocemos porque el gobierno no lo ha dado a conocer, no se ha publicado. Entonces hay un desafío de transparencia aquí”, afirmó.
Fiallo explicó que la medida responde a la política migratoria impulsada por Washington para aliviar la presión en su frontera sur y manejar millones de procesos migratorios pendientes.
“Una de las soluciones que ha encontrado es externalizar la gestión migratoria”, sostuvo al explicar que Estados Unidos busca que parte de los deportados permanezcan temporalmente en terceros países mientras son enviados a sus lugares de origen.
Sin embargo, el jurista alertó que todavía no está claro cómo República Dominicana manejará aspectos sensibles como vigilancia, movilidad, alojamiento y seguridad de los migrantes que llegarían al país.
“¿Cómo sabemos que no tiene antecedentes criminales realmente en su país de origen?”, cuestionó Fiallo al referirse a migrantes provenientes de regiones como África, Asia o Medio Oriente.
También puso sobre la mesa el escenario que vivieron Panamá y Costa Rica, donde grupos de deportados terminaron reclamando libertad de movimiento y algunos incluso permanecieron de manera definitiva tras alegar persecución y violencia en sus países.
“Algunos se han quedado de manera permanente”, reveló.
El exdiplomático advirtió además que, aunque Estados Unidos asuma parte de los gastos, República Dominicana tendría que enfrentar costos operativos adicionales relacionados con seguridad, personal migratorio y espacios de alojamiento.
“Los oficiales de migración, los policías que van a cuidar, el espacio que se va a tener, todo eso tiene un costo”, expresó.
Sobre la legalidad del acuerdo, Fiallo consideró que si el memorándum crea obligaciones para el Estado dominicano, este debería pasar por el Tribunal Constitucional y posteriormente ser aprobado por el Congreso Nacional.
“Si genera obligaciones para el Estado Dominicano, es algo que necesariamente tendría que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional y luego ser aprobado por el Congreso”, afirmó.
Aunque reconoció que la política exterior corresponde al Poder Ejecutivo, insistió en que la ciudadanía merece conocer todos los detalles del acuerdo y las posibles consecuencias que tendría para el país.
“Yo creo que el desafío que tiene el Estado Dominicano primero es de transparencia, dar a conocer, explicar y ser lo más detallado posible respecto de la operativización”, concluyó.