SANTO DOMINGO. – La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, advirtió este martes que lareforma al Código de Trabajo podría afectarla competitividad y la creación de empleos formales si se aprueba sin revisar varios cambios introducidos por la Cámara de Diputados que, según afirmó, no fueron consensuados con los sectores involucrados.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, la dirigente empresarial sostuvo que el país necesita una reforma laboral orientada a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos.

Aseguró que el sector empresarial lleva más de una década participando en las discusiones sobre la reforma laboral y que aún persisten preocupaciones sobre los costos laborales y el impacto que tendrían algunas modificaciones sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Peña Izquierdo recordó que las discusiones sobre la modificación del Código de Trabajo iniciaron formalmente en 2013, cuando el entonces presidente Danilo Medina creó una comisión tripartita integrada por empresarios, sindicatos y el Gobierno.

“Nosotros llevamos 13 años discutiendo”, expresó la presidenta de Copardom.

Indicó que en 2023 concluyeron las discusiones sobre los puntos consensuados y quedaron pendientes los temas relacionados con la cesantía y los costos laborales.

Altos costos laborales

La dirigente empresarial afirmó que los altos costos laborales son uno de los principales obstáculos para la creación de empleos formales y aseguró que estudios realizados junto a la Organización Internacional del Trabajo evidencian esa situación.

“Tenemos evidencia científica de que los costos laborales impiden la creación del empleo formal”, aseguró Peña Izquierdo.

Según explicó, la informalidad laboral en República Dominicana ronda el 54 %, por encima de otros países de la región que compiten con el país para atraer inversiones y proyectos de nearshoring.

“Nosotros tenemos que revisar nuestro Código Laboral para poder ser capaces de tener un código que nos ayude con la creación de empleos formales”, manifestó.

Críticas a cambios realizados por diputados

Uno de los principales cuestionamientos de Copardom se centró en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto aprobado en el Senado.

Laura Peña aseguró que varios artículos fueron alterados sin ser discutidos previamente en el Consejo Consultivo del Trabajo, espacio tripartito donde empresarios, sindicatos y Gobierno analizaban las propuestas de reforma.

“Entonces por eso era tan importante ese espacio del Consejo Consultivo del Trabajo porque fue un espacio donde nosotros con nuestros abogados laboralistas y también el sector sindical con sus abogados y el gobierno analizamos todas las consecuencias de cualquier decisión”, expresó.

Entre los temas señalados mencionó modificaciones relacionadas con plazos procesales, protección a mujeres embarazadas, regulación del acoso laboral y cambios al artículo 86 del Código de Trabajo.

Debate sobre protección a mujeres embarazadas

La presidenta de Copardom cuestionó específicamente una modificación aprobada en la Cámara de Diputados relacionada con el tiempo que debe esperar una empresa para desahuciar a una trabajadora después del parto.

“Entonces yo me pregunto ¿con quién consultó la Cámara de Diputados para poner y plasmar tres meses y medio?”, expresó.

Peña Izquierdo consideró que algunas disposiciones podrían generar efectos adversos para las mujeres en edad fértil.

“Va a haber discriminación con una mujer que está teniendo hijos”, afirmó.

Empresarios rechazan eliminación del tope a multas laborales

Otro de los puntos criticados por Copardom fue la eliminación del límite de seis meses para el cálculo de la multa establecida en el artículo 86 del Código de Trabajo, conocida como “astreinte”.

Laura Peña explicó que esa multa se aplica cuando una empresa no paga las prestaciones laborales dentro del plazo establecido tras un desahucio.

“Nosotros no podemos seguir lesionando al sector, al motor de la economía, al sector productivo de la economía con ese tipo de multas”, sostuvo.

Copardom insiste en modificar la cesantía

Sobre la cesantía, Peña Izquierdo aclaró que el empresariado no propone eliminar ese derecho adquirido, sino discutir mecanismos que reduzcan el impacto económico sobre las empresas.

“Nosotros no hemos abogado por eliminación de la cesantía”, expresó.

Sin embargo, reveló que el sector empresarial propuso establecer un límite de seis años para el cálculo de la cesantía y otras medidas para disminuir costos laborales.

“Nosotros ofrecimos seis años, fue lo que pusimos sobre la mesa”, indicó.

También mencionó propuestas para extender el período de prueba de tres a seis meses en el caso de jóvenes sin experiencia laboral, argumentando que eso incentivaría el empleo juvenil.

Piden reabrir diálogo antes de aprobación final

La presidenta de Copardom explicó que el proyecto ya fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados y que, de aprobarse en segunda lectura con modificaciones, deberá regresar al Senado.

Ante ese escenario, pidió reabrir el diálogo tripartito antes de la aprobación definitiva.

“Nosotros tenemos que abogar por una reforma por el futuro del país”, manifestó Peña Izquierdo, quien insistió en que la legislación laboral debe enfocarse en garantizar competitividad, sostenibilidad empresarial y creación de empleos formales

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