Cuestionan sentencia en caso de corrupción y denuncian violaciones al debido proceso

SANTO DOMINGO. – La abogada penalista Wendy Lora cuestionó la reciente sentencia emitida en eN caso de corrupción anunció que apelará la condena impuesta a varios de sus representados, al considerar que el tribunal no estableció de manera suficiente la relación entre los bienes decomisados y los delitos atribuidos por el Ministerio Público.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Lora sostuvo que uno de los principales puntos que será objeto del recurso de apelación es que, a su juicio, no se demostró que los bienes adquiridos por familiares de los imputados provinieran de actos de corrupción.

“El tribunal no explica cómo el Ministerio Público probó que esos bienes provenían del delito de la corrupción”, afirmó.

Apelación por falta de pruebas financieras

La jurista, quien representa al general Julio Camilo de los Santos Viola y varios de sus familiares, señaló que el Ministerio Público fundamentó parte de la acusación en supuestas irregularidades relacionadas con fondos de inteligencia manejados por el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Según explicó, esos recursos están sujetos a normas especiales de confidencialidad por tratarse de operaciones de seguridad nacional y sostuvo que no existe evidencia financiera que demuestre que dichos fondos ingresaron a cuentas personales de su representado.

“No hay un movimiento financiero, una prueba, un análisis que diga que esos fondos entraron a la cuenta de mis representados”, expresó.

Cuestionamientos al debido proceso y decomisos

Lora también criticó que algunos familiares de los acusados fueran condenados pese a no haber desempeñado funciones públicas y aseguró que la carga de demostrar el origen ilícito de los bienes corresponde al Ministerio Público.

“Las personas no tienen que mostrar. El Ministerio Público tiene que probar que el dinero para comprar es ilícito, cosa que no se probó”, indicó.

La abogada denunció además que existen personas con cuentas bancarias congeladas durante años sin haber sido interrogadas ni formalmente sometidas a un proceso judicial.

“Aquí hay una cantidad enorme de personas que tienen sus cuentas congeladas, inmovilizadas desde hace cinco o seis años, sin nunca haberlo llamado al Ministerio Público, sin nunca haberlo interrogado”, afirmó.

Durante la entrevista, defendió la importancia del debido proceso en los casos de corrupción y sostuvo que toda persona sometida a la justicia tiene derecho a una defensa plena e imparcial.

“El debido proceso aplica para todo el mundo”, manifestó.

• Asimismo, cuestionó que algunos bienes adquiridos por su representado antes del período investigado hayan sido incluidos dentro de las decisiones de decomiso ordenadas por el tribunal.

“El tribunal decomisó propiedades que mi representado compró en el 2006 y en el 2007, mientras la acusación es del 2014 al 2020”, señaló.

Lora informó que la defensa esperará la notificación íntegra de la sentencia para analizarla y presentar formalmente el recurso de apelación dentro de los plazos establecidos por la ley.

“Cuando recibamos esa sentencia, la analizaremos, la estudiaremos y apelaremos”, dijo.