Santo Domingo.- La nueva Ley del Plan Fiscal traerá cambios importantes para contribuyentes, profesionales independientes, propietarios de inmuebles y empresas, por lo que muchos ciudadanos tendrán que ajustar sus finanzas para enfrentar las nuevas cargas tributarias, advirtió el abogado Manuel Olivero.

Durante su participación en el programa El Despertador, Olivero explicó que la legislación busca fortalecer las recaudaciones del Estado mediante modificaciones a las retenciones, impuestos y exenciones fiscales, al tiempo que incorpora medidas de alivio para determinados sectores productivos.

«Habrá que apretarse el cinturón”, expresó el especialista al referirse al impacto que tendrán algunas de las disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional.

Retenciones más altas para profesionales y alquileres

Entre los cambios que afectarán de manera directa a los contribuyentes figura el aumento de la retención aplicada a los honorarios profesionales.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, abogados, médicos, ingenieros, consultores y otros trabajadores independientes pasarán de una retención de un 10% a un 15% sobre sus facturaciones.

La misma medida se aplicará a los servicios técnicos, cuya retención también aumentará cinco puntos porcentuales.

Otro de los sectores que sentirá el impacto será el de los propietarios que reciben ingresos por alquileres. La retención aplicada a estos pagos subirá de un 10% a un 15%, reduciendo los ingresos netos que perciben quienes dependen de estas rentas como fuente principal de sustento.

Empresas, viajeros y consumo con más impuestos

En el ámbito empresarial, la normativa establece que las compañías con operaciones superiores a los RD$1,000 millones anuales verán aumentar el Impuesto Sobre la Renta de un 27% a un 30%, mientras que la tasa de salida para turistas y viajeros internacionales se incrementará de US$20 a US$30 por persona.

La legislación también contempla aumentos en los impuestos selectivos al consumo para productos como cigarrillos electrónicos y tabaco, medidas que buscan incrementar las recaudaciones y, al mismo tiempo, desincentivar su consumo.

No obstante, Olivero señaló que la reforma incluye disposiciones que favorecerán a determinados sectores económicos. Una de las más importantes es la amnistía fiscal, que permitirá a contribuyentes con deudas tributarias pendientes regularizar su situación sin pagar multas, recargos ni penalidades acumuladas.

La facilidad estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Asimismo, destacó que las micro y pequeñas empresas recibirán alivios importantes, especialmente mediante la eliminación del pago de anticipos y otros mecanismos orientados a mejorar su liquidez y facilitar sus operaciones.

El sector agrícola también figura entre los beneficiados por algunas exenciones, aunque Olivero recordó que continúa enfrentando presiones derivadas del aumento en los costos de producción, especialmente por el encarecimiento de combustibles, fertilizantes y otros insumos importados.

Entre las medidas que buscan estimular la inversión, el abogado resaltó la reducción del impuesto a las ganancias de capital por venta de inmuebles, que pasará de un 25% a un 10%, así como la disminución de las retenciones aplicadas a pagos realizados al exterior por servicios tecnológicos, software, publicidad digital y regalías.

A juicio del especialista, la nueva legislación presenta un mayor equilibrio que propuestas anteriores de reforma fiscal, aunque reconoce que el esfuerzo recaudatorio recaerá principalmente sobre los contribuyentes formales.

Se busca recaudar decenas de miles de millones de pesos adicionales, por lo que es inevitable que algunos sectores sientan el impacto en sus finanzas”, indicó.

Olivero consideró que el verdadero desafío será garantizar que los recursos obtenidos mediante estas medidas sean utilizados de manera eficiente y transparente, en beneficio de la población.

Finalmente, sostuvo que, aunque la reforma incorpora incentivos y alivios para algunos sectores productivos, los ciudadanos deberán prepararse para asumir mayores cargas tributarias en determinadas actividades económicas a partir de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones.