SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, afirmó este lunes que el nuevo Código Penal constituye «un desorden organizado» y consideró que responde de forma inadecuada a los desafíos que plantea el ecosistema digital, al pretender enfrentar la realidad de las redes sociales y la comunicación con un enfoque punitivo que, a su juicio, pone en riesgo la libertad de expresión.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Maldonado sostuvo que el desarrollo tecnológico y la virtualidad son fenómenos irreversibles y advirtió que el Estado no puede responder intentando restringir el debate público.
«El código es una respuesta inadecuada al ecosistema de la virtualidad, del desarrollo tecnológico, que es una realidad irreversible a nivel planetario; no es posible darle para atrás ni a la tecnología ni a la realidad virtual», expresó.
A su juicio, algunos sectores políticos creen equivocadamente que endureciendo las sanciones lograrán frenar las críticas y las denuncias públicas.
«Han tratado de dar una respuesta de salir con un garrote, entrarle a palo a todo el mundo o que todo el mundo se calle, y eso no es posible», afirmó.
Agregó que la decisión de creer que se puede silenciar a la ciudadanía «genera un ambiente inadecuado que puede generar miedo y consecuencias peligrosas para el ejercicio de la libertad».
Reclamo de leyes claras sobre derechos
Maldonado sostuvo que el país necesita desarrollar leyes específicas que definan con claridad conceptos como el honor, la dignidad y la intimidad, en lugar de dejar su interpretación exclusivamente en manos de los jueces.
Recordó que la Constitución de 2010 amplió el catálogo de derechos fundamentales, pero afirmó que aún existe una deuda legislativa para desarrollar esas garantías mediante leyes adjetivas.
Durante la entrevista también calificó el nuevo Código Penal como «un desorden organizado», al señalar que las disposiciones que afectan la libertad de expresión aparecen dispersas en distintos artículos, incluyendo los relacionados con la difamación, la injuria y otros delitos contra el honor.
Cuestionamientos a delitos de opinión
Uno de los aspectos más cuestionados fue la incorporación de la figura de la «difamación extorsiva».
Maldonado consideró que esa disposición confunde el ejercicio legítimo del periodismo con la extorsión, pese a que esta última ya constituye un delito tipificado en la legislación penal.
Prisión y fin de la excepción de verdad
Por su parte, el abogado Luis Rivas advirtió que el Código reintroduce penas de prisión para delitos de opinión, pese a que el Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias que ese tipo de sanciones resulta incompatible con la protección de la libertad de expresión.
Además, señaló que la nueva legislación elimina la denominada «excepción de la verdad», una garantía contemplada en la Ley 61-32 que exime de responsabilidad cuando quien difunde una información demuestra que esta es cierta.
Ambos coincidieron en que las sanciones previstas pueden generar un efecto inhibidor sobre periodistas y ciudadanos, limitando el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público.
También recordaron que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los funcionarios públicos deben soportar un mayor nivel de escrutinio y tolerancia frente a las críticas que los particulares.
Tanto Maldonado como Rivas respaldaron la propuesta de aplazar la entrada en vigencia del Código Penal para permitir una revisión técnica más amplia del texto, con la participación de distintos sectores.