Santo Domingo. – La muerte del joven que perdió la vida el pasado fin de semana tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional debe ser sancionada con todo el peso de la ley y servir para acelerar las transformaciones pendientes dentro de la institución.
Así lo afirmó este lunes el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una entrevista en el programa El Despertador.
Al referirse al caso, que ha generado indignación en distintos sectores de la sociedad, Ulloa expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y condenó el hecho, al tiempo que sostuvo que la responsabilidad debe recaer sobre el agente involucrado y no sobre toda la institución policial.
Ese dominicano que ejercía la función de policía debe recibir el peso de la ley y la dureza de la pena«, expresó el funcionario, quien consideró que este tipo de actuaciones deben enfrentarse con un régimen de consecuencias que sirva de ejemplo para los demás miembros del cuerpo del orden.
Reforma policial y uso de la fuerza
No obstante, advirtió que el caso también pone en evidencia que la reforma policial aún enfrenta importantes desafíos.
A su juicio, aunque el proceso ha mostrado avances, todavía es necesario fortalecer la capacitación de los agentes, especialmente en el manejo de conflictos, el respeto a los derechos humanos y la aplicación correcta del manual sobre el uso de la fuerza.
Ulloa destacó que, por primera vez, un presidente de la República da seguimiento semanal a los indicadores de seguridad ciudadana y a los llamados «mapas de calor», que permiten identificar las zonas de mayor conflictividad, lo que, según dijo, ha contribuido a una reducción de alrededor del 10 % en los homicidios.
Sin embargo, señaló que la mayoría de los casos que llegan al Ministerio Público continúan estando relacionados con conflictos sociales e interpersonales, por lo que insistió en que el país debe invertir mucho más en educación y prevención.
«Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para prevenir esos conflictos antes de que terminen en violencia», sostuvo.
El defensor del Pueblo también llamó la atención sobre el hecho de que el video del incidente fuera grabado por un ciudadano y no por una cámara corporal del agente actuante.
Consideró que ese detalle demuestra que todavía existen debilidades dentro del proceso de modernización policial y en la implementación de herramientas tecnológicas para garantizar la transparencia de los procedimientos.
Cámaras corporales y formación policial
Asimismo, informó que el Defensor del Pueblo trabaja junto a la Policía Nacional en la elaboración de un diplomado sobre el uso de la fuerza con enfoque en derechos humanos, iniciativa que busca reforzar la formación de los agentes para que el empleo de las armas sea el último recurso y no la primera respuesta ante una situación de conflicto.
También anunció que solicitará al director de la Policía acelerar la colocación de material informativo en los destacamentos del país para que tanto policías como ciudadanos conozcan claramente cuáles son sus derechos y deberes durante una intervención.
Explicó que la iniciativa contempla la instalación de afiches en los cerca de 800 destacamentos policiales, con información explicada en un lenguaje sencillo y accesible para toda la población.
Durante la entrevista, Ulloa afirmó que una de las prioridades de su gestión ha sido acercar el Defensor del Pueblo a la ciudadanía mediante programas comunitarios, jornadas provinciales y el fortalecimiento de los canales de atención.
Indicó que la institución ha multiplicado por más de cuatro la cantidad de casos atendidos respecto a años anteriores y que actualmente recibe miles de solicitudes de orientación y denuncias a través de una plataforma digital integrada.
Según explicó, el trabajo del Defensor del Pueblo no se limita a recibir denuncias, sino que incluye investigaciones, requerimientos formales a las instituciones públicas y, cuando es necesario, acciones judiciales para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Aseguró que, mientras al inicio de su gestión apenas el 18% de las instituciones respondían a los requerimientos del Defensor del Pueblo, actualmente el nivel de respuesta alcanza el 100%.
Respecto al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ulloa reconoció que todavía persisten casos de silencio administrativo por parte de algunas instituciones del Estado.
Explicó que, cuando una entidad incumple con la entrega de información solicitada, el Defensor del Pueblo puede intervenir, investigar el caso y acudir a los tribunales si la negativa persiste.
Como ejemplo, citó procesos emprendidos contra instituciones públicas que terminaron con decisiones favorables para ciudadanos afectados, entre ellos, casos relacionados con desvinculaciones de empleados de carrera y reclamaciones de maestros pensionados.
Otro de los temas abordados fue el papel mediador que ha asumido el Defensor del Pueblo en conflictos sociales y comunitarios.
Ulloa mencionó intervenciones en procesos relacionados con reasentamientos de familias, conflictos ambientales, proyectos de infraestructura, disputas económicas y reclamos de comunidades en distintas provincias del país.
Según explicó, la neutralidad de la institución le ha permitido convertirse en un puente entre las partes para buscar soluciones consensuadas, sin necesidad de prolongar procesos judiciales.
También adelantó que trabaja en la publicación de un libro sobre experiencias de mediación desarrolladas por el Defensor del Pueblo durante su gestión.
Observaciones al nuevo Código Penal
En otro momento de la entrevista, Ulloa se refirió al nuevo Código Penal y sostuvo que la pieza representa un avance importante al incorporar delitos que antes no estaban tipificados y fortalecer las sanciones para diferentes crímenes.
No obstante, consideró que todavía hay artículos que requieren revisión antes de su entrada en vigencia.
Indicó que existen disposiciones cuya redacción podría generar conflictos de interpretación e incluso cuestionamientos de constitucionalidad, por lo que planteó que el Congreso Nacional aproveche las semanas restantes de la presente legislatura para introducir las correcciones necesarias.
Ulloa aseguró que el Defensor del Pueblo está dispuesto a colaborar técnicamente con los legisladores, si así lo requieren.
Finalmente, reiteró que el caso del joven muerto por un agente policial no debe quedar impune y expresó que, además de aplicar sanciones ejemplares a quienes violen la ley, el país debe continuar fortaleciendo la reforma policial, la educación ciudadana y los mecanismos de supervisión para prevenir nuevas tragedias.