Santo Domingo.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió este lunes que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que podrían representar un retroceso en la protección de las víctimas de agresiones sexuales contra menores de edad, al tiempo que aseguró que la propuesta de modificaciones sometida por el Poder Ejecutivo no corrige todos los problemas de la legislación.
Prescripción en abuso sexual infantil
Durante una entrevista en el programa El Despertador, el jurista reveló que una de las situaciones que más le preocupa es la eliminación del párrafo que suspendía el plazo de prescripción en los casos de violación sexual contra menores.
Explicó que, con la redacción actual, el delito prescribiría 20 años después de haberse cometido, independientemente de la edad de la víctima, mientras que anteriormente ese plazo comenzaba a contarse cuando el menor alcanzaba la mayoría de edad.
«No es que se redujo de 30 a 20 años la prescripción, es peor. El párrafo que suspendía esa prescripción se eliminó. Ahora son 20 años desde que ocurre el hecho», expresó.
Castaños dijo desconocer quién introdujo ese cambio en el texto aprobado y sostuvo que precisamente ese tipo de errores demuestra por qué las modificaciones al Código Penal no deben realizarse con premura.
Finjus irá al Congreso con nuevas propuestas
El vicepresidente ejecutivo de Finjus anunció que la institución presentará nuevamente al Congreso Nacional una serie de propuestas para modificar el Código Penal antes de su entrada en vigencia.
Indicó que la fundación viene trabajando en esas observaciones desde el 5 de agosto de 2025, apenas dos días después de que la ley fuera promulgada, por entender que contenía numerosas deficiencias jurídicas.
«Nosotros hemos sido coherentes desde el principio. Tenemos propuestas muy concretas y vamos a ir al Congreso, independientemente de que ya se haya anunciado que el Código entrará en vigencia», afirmó.
Agregó que algunas de las propuestas deberán ser reformuladas luego de analizar el proyecto de modificación remitido recientemente por el Poder Ejecutivo.
«Las cosas no se pueden hacer a la carrera»
Castaños cuestionó que el Congreso pretenda aprobar modificaciones en un plazo tan corto y aseguró que un Código Penal requiere un análisis profundo, debido a las consecuencias que tiene sobre el sistema de justicia.
«Esto es muy serio. No estamos vendiendo 40 libras de yuca ni un racimo de plátanos«, expresó al insistir en que las reformas deben discutirse con serenidad.
También recordó que Finjus propuso, desde octubre del año pasado, la creación de una comisión bicameral para revisar el Código, iniciativa que, según dijo, no fue atendida oportunamente.
Advierte que el Código no resolverá la criminalidad
El jurista rechazó el discurso de que el nuevo Código Penal reducirá la delincuencia o resolverá los problemas de seguridad ciudadana.
Afirmó que los códigos penales no tienen la función de prevenir los delitos, sino de establecer las consecuencias jurídicas para quienes los cometen.
«No me digan que este Código va a resolver el problema de la criminalidad, porque los códigos no previenen; los códigos intervienen«, sostuvo.
En ese sentido, recordó que las propias autoridades han informado en reiteradas ocasiones sobre una disminución de los índices de criminalidad, utilizando el Código Penal actualmente vigente, el cual data de hace más de un siglo.
Cambios al Código antes de vigencia
Servio Tulio afirmó que el nuevo Código incorpora figuras penales que podrían generar dificultades en su aplicación por parte de jueces y fiscales.
Entre ellas mencionó las nuevas modalidades de feminicidio, el delito de ultraje y otras disposiciones cuya configuración jurídica considera deficiente.
Señaló que los jueces están llamados a aplicar la ley y no a corregir errores de redacción cometidos por el legislador.
Rechaza que el Tribunal Constitucional tenga que corregir los errores
Otro de los puntos que cuestionó fue la idea de que las eventuales fallas del Código puedan resolverse mediante acciones de inconstitucionalidad.
Según explicó, el Tribunal Constitucional no puede asumir funciones legislativas ni sustituir al Congreso Nacional en la configuración de los delitos.
No podemos permitir que el Tribunal Constitucional termine gobernando este país», manifestó.
Considera cerrado el debate sobre las tres causales
Respecto a las versiones que apuntan a una posible reintroducción del debate sobre las tres causales del aborto, Castaños aseguró que ese tema ya quedó definido políticamente.
A su juicio, el Congreso no volverá a discutir ese aspecto durante el proceso de modificación del Código Penal.
Finjus no participó en la propuesta del Ejecutivo
El vicepresidente ejecutivo de Finjus aclaró que la organización no formó parte de la comisión que elaboró el proyecto de modificaciones remitido por el Poder Ejecutivo.
Explicó que la propuesta surgió desde el Ministerio de Justicia, aunque reiteró que las observaciones de Finjus son públicas y han estado disponibles desde hace meses.
Asimismo, informó que la institución analizará de manera detallada la iniciativa presentada por el Gobierno antes de fijar una posición definitiva sobre cada uno de los cambios propuestos.
Finalmente, aseguró que continuará desempeñando el papel de la organización de formular observaciones técnicas al proyecto y reiteró que corresponde ahora al Congreso Nacional asumir la responsabilidad sobre las decisiones que adopte antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.