Cándido Simó: "Meter preso por difamación es una forma de censura previa"

Santo Domingo.– El abogado Cándido Simó lanzó este jueves fuertes críticas al proyecto del nuevo Código Penal, al considerar que la iniciativa endurece las penas sin atacar las causas reales de la delincuencia, restringe derechos fundamentales y contiene disposiciones que podrían generar inseguridad jurídica por la falta de precisión en varios de sus artículos.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, el jurista afirmó que el país está frente a una reforma penal que, lejos de representar un avance, reproduce los problemas del código vigente e incorpora disposiciones que, a su juicio, resultan regresivas.

Críticas al endurecimiento de penas

Simó sostuvo que existe una falsa percepción de que el aumento de las condenas reducirá la delincuencia, cuando la experiencia internacional demuestra lo contrario.

«No es cierto que en ninguna sociedad del mundo incrementar las penas reduzca la criminalidad», afirmó.

El abogado calificó de «hipocresía» elevar las penas de 30 a 40 años, al recordar que el objetivo constitucional de la privación de libertad no es únicamente castigar, sino rehabilitar al condenado para su reinserción en la sociedad.

En ese sentido, cuestionó cómo puede hablarse de reinserción social cuando una persona puede pasar cuatro décadas en prisión.

¿Cómo se reintegra a la sociedad un joven que entra a los 20 años y sale a los 60? No encontrará su generación ni tendrá posibilidades reales de reconstruir su vida», argumentó.

Simó también advirtió que el sistema carcelario dominicano carece de capacidad para soportar un endurecimiento de las penas.

Recordó que las cárceles continúan sobrepobladas y que incluso existen dificultades para trasladar nuevos internos debido a la falta de espacio en los centros penitenciarios.

A su juicio, antes de endurecer las sanciones, el Estado debe garantizar un sistema penitenciario capaz de cumplir la función que le asigna la Constitución.

Tres causales y rol del Estado

Uno de los planteamientos más contundentes del jurista estuvo relacionado con las tres causales y el papel que debe asumir el Estado frente a las mujeres cuya vida está en peligro durante un embarazo.

Simó sostuvo que ese debate no debe abordarse desde el derecho penal, sino desde la medicina y la salud pública.

Afirmó que si una persona acusada de un delito tiene derecho a un defensor público pagado por el Estado, con mayor razón el Estado debería garantizar asistencia médica a una mujer cuya vida depende de una intervención.

Si el Estado le paga un abogado a un delincuente para garantizar su defensa, ¿por qué no puede pagarle a una clínica o a un médico para salvar la vida de una mujer?», cuestionó.

En su opinión, criminalizar estas situaciones traslada a jueces, fiscales y policías decisiones que corresponden exclusivamente al criterio médico.

Otro de los aspectos que criticó fue la permanencia de sanciones de prisión para los delitos de difamación e injuria.

Simó explicó que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que imponer penas de cárcel por expresiones constituye una forma de censura indirecta, ya que provoca temor entre periodistas, comunicadores y ciudadanos antes de emitir opiniones.

Aunque reconoció que el proyecto reduce algunas penas inicialmente planteadas, consideró que mantener la posibilidad de prisión sigue siendo incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

A su juicio, estos conflictos deberían resolverse mediante sanciones económicas o responsabilidades civiles y administrativas, nunca con privación de libertad.

Incluso propuso que, en los casos donde exista responsabilidad de un medio de comunicación o de plataformas digitales, puedan imponerse multas o sanciones administrativas, en lugar de recurrir al encarcelamiento.

El abogado aseguró que el nuevo Código Penal contiene numerosos artículos redactados con términos imprecisos que dejarían excesivo margen de interpretación a jueces y fiscales.

Como ejemplo citó figuras como la «imputación falsa hecha en temerario desprecio hacia la verdad», la «estafa judicial», la «violencia patrimonial», la «violencia económica» y referencias a las «buenas costumbres», conceptos que, según dijo, carecen de definiciones claras.

«Las leyes penales tienen que ser precisas. No pueden dejar conceptos abiertos para que cada juez interprete lo que considere», advirtió.

Para Simó, esa falta de precisión podría provocar decisiones contradictorias y afectar el principio de seguridad jurídica.

El jurista también cuestionó el proceso legislativo seguido por el Congreso Nacional, al asegurar que durante más de dos décadas diversos especialistas presentaron observaciones técnicas que fueron escuchadas, pero no acogidas.

Por ello, propuso modificar únicamente el artículo que establece la entrada en vigencia del Código Penal para aplazar su aplicación durante varios meses.

Según explicó, ese tiempo permitiría que el Tribunal Constitucional conozca las acciones de inconstitucionalidad anunciadas contra la legislación y que el Congreso pueda revisar los artículos más controvertidos a partir de las propuestas de juristas, sectores sociales, empresariales y académicos.

Al resumir su posición, Simó insistió en que el país necesita una reforma del Código Penal, pero no una que responda a decisiones apresuradas ni a presiones coyunturales.

Había que modificar el Código Penal, pero esto es más de lo mismo, peor redactado y con mayores riesgos para los derechos fundamentales», concluyó el abogado, quien llamó a los legisladores a escuchar las observaciones técnicas antes de que la nueva legislación entre en vigor.