Santo Domingo.- El exfiscal y abogado César Alcántara consideró que el nuevo Código Penal debe permanecer al menos un año más en período de vacatio legis para permitir una revisión completa de su contenido, al entender que el texto aprobado contiene numerosos errores de redacción, problemas de técnica legislativa y disposiciones que podrían generar conflictos constitucionales.
Aunque reconoció que el nuevo Código representa un avance al incorporar delitos que no existían en la legislación vigente, Alcántara afirmó que el proceso de elaboración terminó deformando una propuesta que, según dijo, era técnicamente superior cuando fue presentada años atrás.
«Se fue deformando con el tiempo», expresó al comparar la evolución del proyecto con un refrán popular: «Tanto arregló el diablo al hijo que le sacó los ojos».
El jurista explicó que gran parte de las dificultades provienen de errores sintácticos que afectan el significado de numerosos artículos y pueden provocar interpretaciones contradictorias durante su aplicación.
Entre los ejemplos, mencionó una disposición que establece penas de prisión para personas jurídicas, error que calificó como incomprensible luego de tantos años de discusión legislativa.
Asimismo, señaló que existen inconsistencias en las normas sobre reincidencia para personas morales, donde —según explicó— se establecen sanciones que exceden los límites permitidos por el principio constitucional de proporcionalidad.
A su juicio, esas disposiciones podrían ser objeto de acciones de inconstitucionalidad.
Alcántara también expresó preocupación por la discrecionalidad que tendrán fiscales y jueces al aplicar figuras penales poco precisas.
Advirtió que esa situación obligará a los abogados defensores a promover incidentes de inconstitucionalidad durante los procesos judiciales, aumentando considerablemente la litigiosidad.
«Va a haber un sobregiro de imputaciones y mucha discrecionalidad, tanto para quien acusa como para quien juzga», sostuvo.
El abogado criticó, además, que el Congreso dejara para los últimos días la revisión de un texto que llevaba años discutiéndose y afirmó que varios legisladores le han reconocido en privado que existen numerosos artículos mal redactados, aunque admiten que ya no hay tiempo para corregirlos todos antes de su entrada en vigor.
En ese contexto, defendió la necesidad de extender por un año la vacatio legis para revisar el Código de manera integral y evitar que, posteriormente, sea necesario modificar artículo por artículo mediante leyes independientes.
Según explicó, hacerlo de esa forma complicaría aún más la aplicación de la legislación, ya que jueces y abogados tendrían que identificar constantemente qué disposiciones han sido modificadas y por cuál ley.
Alcántara también rechazó la afirmación de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de que aplazar la entrada en vigor del Código solo beneficiaría a los delincuentes.
«No es verdad», respondió.
Recordó que el actual Código Penal ha permitido durante décadas perseguir la criminalidad y sostuvo que un año adicional de revisión no representaría un perjuicio para la seguridad pública.
«Yo quiero un nuevo Código Penal, pero no un Código Penal malo o deficiente», afirmó.
Durante el mismo debate, Julio Cury coincidió con esa posición y aseguró que prolongar la vacatio legis permitiría corregir las múltiples imprecisiones del texto antes de que entre en vigor.
Ambos juristas advirtieron que, de mantenerse la fecha prevista para su aplicación, el país enfrentará un incremento de litigios constitucionales y una mayor incertidumbre jurídica, debido a las ambigüedades que, según sostienen, permanecen en el nuevo Código Penal.