Santo Domingo. – La abogada especialista en migración Perla Abreu informó que, a partir del 18 de septiembre de 2026, entrarán en vigor cambios en la evaluación de la denominada carga pública para quienes soliciten el ajuste de estatus en Estados Unidos mediante el formulario I-485.
Durante una entrevista en El Despertador, Abreu explicó que, aunque aún no se conocen las nuevas preguntas ni los documentos adicionales que podrían requerirse, sí está confirmado que los oficiales de inmigración tendrán un mayor margen de discrecionalidad al analizar cada caso.
«A partir del 18 de septiembre de este año 2026 en el formulario I-485 tendremos un cambio en la sección de carga pública. Aún no sabemos exactamente cuáles preguntas nuevas vendrán, cuáles documentos adicionales habrá que aportar, pero sí se sabe que la discrecionalidad de ese oficial va a ser más fuerte», afirmó.
La especialista indicó que el objetivo de la medida es garantizar que los beneficios financiados por el Gobierno estadounidense, como los cupones de alimentos o la asistencia para vivienda, sean utilizados únicamente por residentes permanentes y ciudadanos.
«Él tiene que asegurarse que esos fondos del gobierno, por ejemplo, las estampillas de comida, la sección 8, simplemente sean para residentes y ciudadanos estadounidenses. Esos beneficios, otra persona que no tenga estatus no los puede recibir», explicó.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
Abreu aclaró que la disposición no afectará a quienes hayan presentado su solicitud de ajuste de estatus antes del 18 de septiembre, ya que los cambios solo aplicarán a los nuevos casos.
Asimismo, sostuvo que la figura de la carga pública no es una política nueva, sino que ya había sido aplicada durante la administración del expresidente Donald Trump, luego flexibilizada durante el gobierno de Joe Biden y ahora será restablecida.
«Esto no es nuevo. Es simplemente que en el gobierno de Biden esta sección de carga pública era un poquitito más flexible… y ahora la tenemos otra vez a partir del 18 de septiembre», señaló.
La abogada recomendó a los solicitantes preparar expedientes completos y libres de inconsistencias o fraude migratorio para demostrar que no dependerán de la asistencia pública una vez obtengan el beneficio migratorio.
«Lo más importante es que el abogado que usted tenga tiene que hacerle un expediente certero, un expediente sin fraude migratorio y sabrá él cómo demostrar que realmente usted no va a ser carga pública», manifestó.
Finalmente, precisó que los cambios no impactarán los procesos de perdón migratorio cuando estos ya hayan superado la evaluación consular y la verificación de solvencia económica, ya que esa etapa se analiza antes de la solicitud del perdón.
