Santo Domingo.- El abogado y exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hirohito Reyes planteó que los magistrados de las altas cortes podrían permanecer durante 14 años con renovación, al considerar que el actual sistema de evaluación cada siete años contiene componentes subjetivos y puede provocar la salida de jueces que todavía se encuentran en plena etapa productiva.
Durante una entrevista, Reyes también abordó el uso de la prisión preventiva, la situación de los presos preventivos, los criterios utilizados para determinar el arraigo de los imputados, el aumento de la carga judicial y las recientes decisiones de varios magistrados de no someterse nuevamente a evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
Prisión preventiva no debe ser la regla
Reyes sostuvo que uno de los principales problemas de la prisión preventiva en República Dominicana es la percepción de que imponer una medida de coerción distinta equivale a permitir impunidad.
A su juicio, la prisión preventiva termina utilizándose, en muchos casos, como una especie de castigo anticipado, aunque no debería constituir la regla general dentro de los procesos judiciales.
El exmagistrado señaló que, especialmente en los grandes procesos de corrupción, la mayoría de las personas sometidas a la justicia comparece ante los tribunales y no intenta sustraerse del proceso.
Indicó que han existido excepciones puntuales, pero entiende que esos casos no deben convertirse en la base para imponer prisión preventiva de manera generalizada.
Explicó que en procesos de menor gravedad puede ocurrir que algunas personas interpreten una medida distinta a la prisión preventiva como si el proceso hubiera terminado, por lo que considera necesario fortalecer la cultura de comparecencia ante los tribunales.
Cuestiona desigualdad en arraigos
Reyes también cuestionó la forma en que se valoran los llamados presupuestos o vínculos de arraigo de los imputados.
Explicó que una persona con mayores recursos económicos puede demostrar con más facilidad vínculos familiares, sociales o patrimoniales, mientras quienes tienen menos posibilidades económicas cuentan con menos documentos para acreditar esas condiciones.
Por esa razón, consideró que los tribunales deben evaluar cada situación de manera proporcional.
Señaló que, en el caso de una persona de escasos recursos, podrían tomarse en cuenta una certificación de domicilio, un garante de su comunidad, una carta de una iglesia o una constancia de pertenencia a algún club u organización social.
Recuerda prescripción de 46 mil expedientes
Reyes recordó que, cuando ejercía como juez de primera instancia, llegó a declarar prescritos alrededor de 46 mil expedientes, debido a que las personas nunca acudieron a juicio.
Aclaró que no se trataba principalmente de casos graves, sino de procesos correccionales y otros expedientes que quedaban sin seguimiento.
Utilizó ese ejemplo para señalar que el sistema también necesita un cambio cultural que acostumbre a los ciudadanos a presentarse ante los tribunales cuando son requeridos.
Procesos en libertad reducirían consecuencias
El exjuez consideró que, cuando el hecho imputado no reviste gravedad, una persona puede esperar su proceso en libertad.
Explicó que una persona sometida a la justicia continúa teniendo familia, responsabilidades económicas y vínculos sociales, por lo que privarla de libertad desde el inicio puede provocar consecuencias adicionales.
Afirmó que la prisión preventiva puede generar un impacto emocional y económico, tanto para el imputado como para su familia.
Reyes señaló que en la sociedad existe una visión del sistema de justicia orientada principalmente al castigo, mientras que conceptos como rehabilitación y reinserción suelen ser impulsados por las instituciones encargadas de trabajar con las personas privadas de libertad.
También destacó una contradicción entre la percepción de que en República Dominicana existe impunidad y la elevada cantidad de personas que permanecen presas.
Consideró que esa realidad debe ser trabajada por los operadores del sistema y reiteró que, cuando sea posible, las personas deberían enfrentar sus procesos en libertad.
Evita profundizar sobre caso Senasa
Al ser cuestionado sobre el proceso relacionado con Senasa, Reyes aclaró que no podía profundizar, debido a que actúa como abogado dentro de ese expediente.
Explicó que esa condición le genera un conflicto de interés para emitir consideraciones específicas sobre las medidas adoptadas en ese caso.
No obstante, reiteró su posición general de que las personas vinculadas a procesos judiciales de alta exposición suelen presentarse ante los tribunales.
Sostuvo que una persona con mayor trascendencia pública o social también tiene más razones para preservar su imagen y responder ante la justicia.
Por esa razón, manifestó que no considera probable que los involucrados en procesos de esa naturaleza intenten evadir la acción judicial.
Jueces dejan la Suprema aún jóvenes
Sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, Reyes explicó que las disposiciones vigentes establecen evaluaciones cada siete años para los magistrados de las altas cortes.
Reconoció que ese modelo provoca que algunos jueces abandonen esas funciones cuando todavía se encuentran en una edad productiva.
Recordó que varios de los magistrados que salieron de la Suprema en 2019 tenían alrededor de 52 años y actualmente rondan los 59 o 60 años.
A su juicio, se trata de profesionales que todavía cuentan con capacidad y experiencia para continuar aportando dentro del sistema judicial.
Reyes comparó el modelo dominicano con otros países.
Indicó que en El Salvador existen casos en que jueces que dejan determinadas posiciones pueden regresar a los cargos que ocupaban anteriormente.
También puso como ejemplo a Estados Unidos, donde los integrantes de la Corte Suprema permanecen en sus puestos de manera prácticamente vitalicia y pueden durar varias décadas en funciones.
Sin embargo, reconoció que la renovación periódica de los tribunales también permite que jueces de carrera puedan ascender y que nuevas figuras lleguen a las altas cortes.
Evaluaciones tienen componente subjetivo
Reyes explicó que actualmente una persona puede ser juez de la Suprema Corte a partir de los 35 años y permanecer en la posición mientras supere las evaluaciones correspondientes.
No obstante, advirtió que esas evaluaciones, aunque incluyan parámetros objetivos, también contienen elementos subjetivos.
Explicó que la función judicial obliga a tomar decisiones complejas que no siempre son aceptadas por todos los sectores.
Aseguró que esas decisiones deben adoptarse con honestidad intelectual, formación jurídica y seriedad, aun cuando posteriormente generen críticas.
El exmagistrado sostuvo que la apreciación soberana que hace un juez sobre los hechos de un proceso no puede medirse únicamente mediante parámetros objetivos.
Puso como ejemplos las decisiones relacionadas con la legítima defensa o una excusa legal por provocación, donde intervienen el conocimiento, la formación y la convicción jurídica del magistrado.
También explicó que los seres humanos toman decisiones influenciados por su formación, valores y principios, aunque el juez debe procurar mantenerse lo más imparcial posible.
Advierte aumento de carga judicial
Otro de los temas abordados por Reyes fue el incremento de la cantidad de expedientes que llegan a los tribunales.
Recordó que durante su etapa en la Suprema Corte, la Sala Penal, presidida entonces por Miriam Germán Brito, produjo alrededor de 22 mil decisiones en siete años.
Estimó, además, que la Suprema Corte completa emitió aproximadamente 50 mil decisiones durante ese período.
Comparó esa situación con tribunales supremos de otros países y señaló que algunos sistemas judiciales reciben decenas de miles de expedientes cada año.
Reyes explicó, además, que cuando ejercía como juez de primera instancia podía conocer unos 300 expedientes criminales al año, con personas privadas de libertad.
Indicó que actualmente un tribunal colegiado puede llegar a manejar alrededor de 1,600 expedientes.
Aclaró que ese aumento no necesariamente significa que la criminalidad haya crecido en la misma proporción.
Entiende que también puede estar relacionado con un incremento de las denuncias y con una mayor intervención del Estado frente a los conflictos.
Recordó que anteriormente muchos procesos por accidentes de tránsito, amenazas o robos simples quedaban abandonados porque las víctimas perdían interés después de recuperar un objeto o resolver parcialmente el conflicto.
Favorece períodos de 14 años
Al ser cuestionado directamente sobre cuál modelo considera más adecuado para los jueces de las altas cortes, Reyes se inclinó por un período de 14 años con renovación.
Consideró que ese tiempo permitiría aprovechar mejor la experiencia acumulada por los magistrados.
Explicó que la experiencia es un elemento fundamental para la toma de decisiones y que un período mayor puede permitir que un juez se desenvuelva plenamente dentro de una alta corte.
Reyes expresó reservas frente a las evaluaciones periódicas debido al componente subjetivo que, según entiende, siempre termina interviniendo.
Señaló que, si existe un propósito de sustituir a un magistrado, este podría ser reemplazado, aun cuando objetivamente haya desarrollado un buen trabajo.
“La independencia es una actitud personal”
Reyes también sostuvo que la independencia judicial no depende exclusivamente de las reglas que establezca el sistema.
Afirmó que “la independencia es una actitud personal” y que un juez puede tener todas las condiciones institucionales para ser independiente y, aun así, no actuar de esa manera.
De igual forma, consideró que un magistrado puede desenvolverse en condiciones adversas y mantener su independencia si está decidido a tomar sus decisiones conforme a su criterio.
Para Reyes, por tanto, la independencia judicial también tiene un componente individual que no puede garantizarse únicamente mediante normas o mecanismos institucionales.
Renuncias reabren debate sobre evaluaciones
Sobre la decisión de varios magistrados de no someterse nuevamente a evaluación, Reyes sostuvo que el punto de fondo vuelve a ser el componente subjetivo que existe en esos procesos.
Destacó que los jueces que han decidido no continuar cuentan, a su juicio, con acreditada capacidad profesional, una importante trayectoria y un amplio trabajo dentro del Poder Judicial.
También señaló que no han sido objeto de cuestionamientos que pongan en duda su desempeño profesional.
Indicó que cada uno explicó en sus comunicaciones las razones personales por las que decidió no continuar.
Sin embargo, insistió en que, aunque existan parámetros objetivos, la decisión final sobre la permanencia o designación de un juez en una alta corte mantiene un componente subjetivo.
No atribuye renuncias a desconfianza en el CNM
Cuando se le preguntó si esas decisiones representan una señal de desconfianza hacia el Consejo Nacional de la Magistratura, Reyes evitó atribuirles directamente esa motivación.
Consideró que esa pregunta tendría que ser respondida individualmente por los magistrados involucrados.
No obstante, explicó que una persona puede decidir no someterse nuevamente a evaluación, no porque tema al proceso en sí, sino porque no quiera exponerse a la posibilidad de ser rechazada o no ratificada después de haber desarrollado una trayectoria satisfactoria.
Reyes defendió la capacidad y experiencia de los magistrados que han decidido retirarse.
También señaló que las diferencias que puedan existir con determinadas decisiones judiciales forman parte de la naturaleza misma del derecho, debido a que los tribunales resuelven conflictos en los que existen intereses contrapuestos.
Magistrados cuentan con derechos de pensión
Finalmente, Reyes confirmó que los magistrados que han decidido retirarse cuentan con derechos de pensión debido al tiempo que han acumulado dentro del sistema.
Resaltó la trayectoria de varios de ellos y recordó que algunos han ocupado durante años posiciones relevantes dentro del Poder Judicial.
Entre esas funciones mencionó labores realizadas en la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y diferentes procesos relacionados con el fortalecimiento y desarrollo institucional del Poder Judicial.