Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió los registros de proveedores vinculados a 82 funcionarios electos y designados, que se encuentran dentro del régimen de incompatibilidad establecido por la nueva Ley de Contrataciones Públicas.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la medida se produjo luego de un nuevo cruce de las bases de datos, mediante el cual fueron identificados funcionarios con participación accionaria inferior al 10 % en empresas registradas como proveedoras del Estado.
Nueva ley eliminó excepción del 10 %
Pimentel señaló que, con la legislación anterior, si un funcionario tenía menos de un 10 % de participación accionaria en una empresa proveedora, Contrataciones Públicas no podía suspender ese registro.
Sin embargo, la nueva Ley de Contrataciones eliminó ese porcentaje, por lo que actualmente los funcionarios incluidos dentro del régimen de incompatibilidad absoluta no pueden tener participación accionaria en empresas proveedoras del Estado.
El funcionario aclaró que la suspensión de esos registros no significa que los 82 funcionarios estuvieran contratando con el Estado ni que mantuvieran contratos vigentes.
Explicó que se trata de una medida preventiva derivada de las nuevas disposiciones legales.
La suspensión se mantiene mientras el funcionario ocupa el cargo y hasta un año después de terminar sus funciones, de acuerdo con lo establecido por la nueva normativa.
Más de 500 registros suspendidos desde 2020
Pimentel informó, además, que desde 2020 hasta la fecha, Contrataciones Públicas ha suspendido más de 500 registros de proveedores vinculados a funcionarios públicos.
Entre estos mencionó senadores, diputados, alcaldes, regidores, vocales, ministros y directores.
Indicó que se trata de medidas preventivas que la institución viene aplicando desde 2020, contrario a años anteriores, cuando no se realizaban este tipo de suspensiones.
Prohibición también alcanza familiares
El director de Contrataciones Públicas explicó que el régimen de incompatibilidad absoluta también alcanza determinados grados de consanguinidad y afinidad.
Detalló que esposas, hijos y hermanos de funcionarios incluidos dentro de este régimen tampoco pueden contratar con el Estado.
Entre los cargos sometidos a esta prohibición mencionó al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, ministros y directores.
Testaferrato puede implicar hasta 10 años de prisión
Pimentel advirtió que la nueva ley contempla consecuencias penales para los funcionarios que intenten evadir las prohibiciones mediante terceros.
Indicó que si un funcionario sujeto al régimen de incompatibilidad contrata con el Estado mediante un mecanismo de testaferrato u oculta que es el beneficiario final de un contrato público, puede enfrentar penas privativas de libertad de entre dos y diez años.
Algunos empleados tienen incompatibilidad relativa
Pimentel explicó que la legislación también contempla un régimen de incompatibilidad relativa.
Como ejemplo, mencionó a empleados pertenecientes a determinados grupos ocupacionales, como analistas o secretarias.
Estos trabajadores no pueden contratar con la institución pública donde prestan servicios, pero sí podrían hacerlo con otra entidad del Estado.
Por tanto, en estos casos, la prohibición se limita a la institución a la que pertenece el empleado.
Suspensiones a senadores no son retroactivas
Al ser cuestionado sobre empresas vinculadas a senadores cuyos registros han sido suspendidos, Pimentel negó que la nueva legislación se esté aplicando de manera retroactiva.
Explicó que algunos legisladores ya habían tenido registros suspendidos correspondientes a otras empresas y que las decisiones recientes pueden estar relacionadas con compañías nuevas.
También puede tratarse de empresas que anteriormente no podían ser suspendidas porque el funcionario poseía menos del 10 % de participación accionaria.
Con la eliminación de ese porcentaje en la nueva legislación, Contrataciones Públicas ahora puede proceder con la suspensión.
Pimentel comparecerá como testigo en caso Intrant
Durante la entrevista en El Despertador, Pimentel también abordó su participación como testigo en el proceso judicial relacionado con el Intrant.
Aclaró que figura como testigo del Ministerio Público y no de las defensas de los imputados.
Explicó que recibió una citación para el primer día de la audiencia de fondo, pero tenía compromisos previamente asumidos relacionados con un encuentro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la Organización de Estados Americanos.
Como en esa primera audiencia no le correspondía declarar, sino que se realizaría el registro de los testigos, informó su excusa tanto al tribunal como al Ministerio Público.
Pimentel indicó que posteriormente recibió una nueva convocatoria para el 3 de septiembre y aseguró que estará presente.
También afirmó que asistirá a todas las audiencias en las que sea requerido para testificar.
Vamos a testificar en ese caso y vamos a ayudar, y vamos a contribuir a que se aclaren los hechos”, expresó.
Señaló que considera esa participación una responsabilidad como ciudadano y también como director general de Contrataciones Públicas, debido a que esa institución fue la que puso originalmente el caso en conocimiento del Ministerio Público.
Agregó que su intención es contribuir al esclarecimiento de los hechos y que los imputados tengan la oportunidad de demostrar su inocencia respecto a las acusaciones que enfrentan.
Contrataciones detectó indicios de naturaleza penal
Pimentel explicó que, durante el proceso administrativo relacionado con el caso Intrant, Contrataciones Públicas emitió cuatro decisiones.
Detalló que se trató de tres recursos jerárquicos y una decisión mediante la cual se solicitó una investigación.
También fueron suspendidos los registros de proveedores de las empresas vinculadas al proceso.
Durante esas actuaciones administrativas, la institución detectó elementos que consideró podían constituir indicios de naturaleza penal.
Como Contrataciones Públicas no tiene competencia para investigar posibles delitos, el expediente fue remitido a la Procuraduría General de la República para que profundizara las investigaciones.
Explica procedimiento utilizado con los fondos
Pimentel también respondió a cuestionamientos relacionados con la disponibilidad de los fondos utilizados para el proceso de contratación.
Explicó que cuando ocurrieron los hechos todavía estaba en proceso la integración entre el sistema electrónico de contrataciones y el sistema de administración financiera del Estado.
Esto significaba que no todas las instituciones estaban integradas completamente a ambos sistemas.
Indicó que existía un protocolo del Ministerio de Hacienda para los casos en los que una institución realizara una contratación utilizando fondos que no estaban originalmente dentro de su presupuesto, sino que procedían de una transferencia.
Según explicó, en este caso se trató de recursos transferidos desde otra institución.
Como esos fondos no entraban directamente a la cuenta presupuestaria correspondiente, no era posible realizar la apropiación de manera ordinaria desde el sistema financiero al sistema electrónico de contrataciones.
Por esa razón se aplicaba un procedimiento conocido coloquialmente como “apagado”, pero que técnicamente corresponde a una desactivación, destinada a permitir la apropiación de los recursos transferidos.
Pimentel sostuvo que se trataba de un procedimiento normal y documentado.
Indicó que, a su juicio, lo que debe aclararse es cómo se pretendían utilizar los fondos y no su procedencia.
También rechazó que esa desactivación respondiera a una orden personal suya, como aseguró que han planteado abogados vinculados a algunos imputados.
Compras de medicamentos
Plantea discusión sobre medicamentos innovadores y biosimilares
Al ser consultado sobre las compras de medicamentos realizadas por el Estado, Pimentel aclaró que ese tema no corresponde estrictamente a su competencia y que la rectoría está a cargo de la Dirección General de Medicamentos.
No obstante, indicó que cualquier adquisición de medicamentos realizada por una institución pública debe contar con el correspondiente registro sanitario y las autorizaciones requeridas.
Pimentel consideró necesario que el país desarrolle una discusión transparente sobre los medicamentos innovadores y los medicamentos biosimilares.
Señaló que alrededor de la industria de medicamentos confluyen importantes intereses, entre ellos los de las farmacéuticas, asociaciones médicas y asociaciones de pacientes.
También planteó la necesidad de fortalecer las instituciones que tienen rectoría sobre estos temas para garantizar que los pacientes puedan recibir medicamentos de calidad.
Entiende que esa discusión también debe contribuir a ampliar la cantidad de ciudadanos que pueden acceder a determinados tratamientos.
Más de 200 hospitales compran mediante sistema electrónico
Pimentel informó que actualmente más de 200 hospitales realizan sus adquisiciones mediante el sistema electrónico de contrataciones públicas.
Explicó que esta herramienta permite mantener trazabilidad sobre lo que compran los hospitales y a quiénes realizan esas adquisiciones.
Indicó que años atrás no existía ese mismo nivel de información sobre las compras efectuadas por los centros de salud.
También destacó que existe trazabilidad de procedimientos realizados por instituciones como el Servicio Nacional de Salud y Promese/Cal.
Pide marco especial para adquisición de medicamentos
Pimentel manifestó estar convencido de que República Dominicana necesita un marco normativo especial y específico para la adquisición de medicamentos.
Considera que la actual Ley de Contrataciones Públicas no contiene todos los mecanismos necesarios para que estas compras se realicen de manera más eficiente.
Señaló que la nueva legislación ha incorporado herramientas como los convenios marco, la asociación para la innovación y las compras por resultados aplicadas al sector salud.
Sin embargo, entiende que todavía existen oportunidades para profundizar los mecanismos destinados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y dispositivos tecnológicos.
Estado puede saber si compra genéricos o comerciales
Al ser cuestionado sobre si República Dominicana compra más medicamentos comerciales o genéricos, Pimentel indicó que ese dato puede ser determinado mediante las informaciones disponibles.
Explicó que todas las adquisiciones realizadas por el sistema electrónico permiten identificar qué medicamentos e insumos compra el Estado.
Indicó que esa información está disponible en datos abiertos y en tiempo real.
Avanza implementación de nueva Ley de Contrataciones
Pimentel aseguró que la implementación de la nueva Ley de Contrataciones ha avanzado de manera acelerada.
Informó que ya fue aprobado el nuevo reglamento del Registro de Proveedores.
También se aprobó el reglamento del procedimiento administrativo sancionador y el correspondiente al sistema electrónico de contrataciones.
Indicó además que estaba prevista la aprobación del reglamento de las comisiones de veeduría.
El reglamento de peritos también se encontraba listo para su aprobación.
El reglamento de convenios marco había permanecido en consulta pública y también estaba en consulta el correspondiente a los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Además, la institución aprobó el manual de procedimientos ordinarios y decenas de fichas técnicas estandarizadas para la adquisición de bienes.
Lanzan Eficompras, primera tienda virtual del Estado
Pimentel anunció además el lanzamiento de Eficompras, definida como la primera tienda virtual del Estado dominicano.
Explicó que en una primera etapa la plataforma permitirá adquirir bienes comunes y posteriormente se incorporarán servicios.
La herramienta será utilizada para contrataciones por debajo del umbral, es decir, aquellas inferiores a RD$268,000.
Según explicó, actualmente esos procesos corresponden a contrataciones directas.
La plataforma funcionará de manera similar a una tienda de comercio electrónico, donde las instituciones podrán identificar los bienes que necesitan y consultar distintas alternativas.
Compras pasarían de cinco u ocho días a minutos
Pimentel explicó que las contrataciones por debajo del umbral pueden tardar actualmente entre cinco y ocho días.
Con Eficompras, indicó que esos procesos podrían realizarse en cuestión de minutos.
También señaló que los productos adquiridos mediante la tienda virtual tendrán como característica la entrega inmediata.
Antes de la puesta en funcionamiento de la plataforma se realizó un plan piloto con instituciones dependientes del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente comenzaría la implementación para las demás entidades sujetas a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas.
Instituciones no podrán ver inicialmente el proveedor
Pimentel explicó que, aunque las compras por debajo del umbral son contrataciones directas, mediante Eficompras tendrán un componente competitivo.
La entidad contratante podrá identificar el producto que necesita, comparar diferentes opciones, revisar los precios y consultar la calificación del proveedor.
Sin embargo, la institución no podrá ver el nombre del proveedor durante el proceso de selección.
La identidad de la empresa aparecerá únicamente cuando sea generada la orden de compra.
Pimentel calificó esta herramienta como un paso trascendental en el proceso de transformación de las compras del Estado dominicano.
Reconoce exceso de documentos exigidos a proveedores
Pimentel también reconoció las dificultades que enfrentan los proveedores cuando diferentes instituciones públicas les solicitan repetidamente los mismos documentos.
Calificó esta situación como un “mal estructural” que no afecta únicamente al sistema de contrataciones, sino también otros servicios prestados por el Estado.
Explicó que la nueva Ley de Contrataciones promueve la simplificación de trámites y mayores niveles de eficiencia.
Para lograrlo, indicó que se trabaja en aumentar la interoperabilidad entre las distintas instituciones públicas.
Busca terminar con el “ciudadano mensajero”
Pimentel sostuvo que el Estado no debería solicitarle a una persona ningún documento que ya esté en poder de otra institución estatal.
Defendió que las entidades puedan consultar e intercambiar directamente esas informaciones.
Indicó que con la interoperabilidad se busca reducir lo que ha denominado el “ciudadano mensajero”, es decir, la persona obligada a llevar documentos de una institución pública a otra.
Agregó que esta integración también ayudaría a reducir la falsificación de documentos utilizados en procedimientos de contratación.
Más de 400 proveedores inhabilitados por falsificación
Pimentel reveló que actualmente existen más de 400 proveedores inhabilitados de manera permanente o temporal por falsificación de documentos.
Entre las irregularidades detectadas mencionó falsificación de certificaciones, declaraciones juradas de impuestos y títulos universitarios.
Indicó que algunas de estas falsificaciones han sido realizadas de manera evidente, facilitando su detección.
Consideró que una mayor interoperabilidad entre las instituciones permitirá verificar directamente la documentación y disminuir el uso de certificaciones falsas.
Trabajan con DGII y Cámara de Comercio
Pimentel informó que actualmente existe una mesa técnica con la Dirección General de Impuestos Internos para avanzar en la interoperabilidad.
También expresó que busca acelerar las conversaciones con las cámaras de comercio.
Explicó que una vez se alcance la interoperabilidad con estas entidades, las instituciones públicas dejarían de solicitar repetidamente el registro mercantil a los proveedores, porque podrán consultar directamente esa información.
Mediación, conciliación y arbitraje para conflictos
Pimentel también se refirió a los métodos alternativos de resolución de conflictos dentro de las contrataciones públicas.
Aseguró que República Dominicana es el único país de la región que ha contemplado dentro de su marco normativo métodos alternativos de resolución de conflictos en esta materia.
Indicó que actualmente existe un borrador de reglamento en consulta.
Ese documento contempla mecanismos como la mediación, conciliación y arbitraje.
Pimentel explicó que Contrataciones Públicas ha desarrollado un proceso de formación interna para preparar mediadores especializados en esta materia.
También trabajan en los reglamentos y demás instrumentos necesarios para intervenir en conflictos derivados de procesos de contratación.
Consideró que estos mecanismos pueden ayudar a reducir la cantidad de controversias que terminan llegando a instancias jurisdiccionales.