Santo Domingo.- El exsuperintendente de Electricidad y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, afirmó que las pérdidas promedio de las empresas distribuidoras de electricidad se situaron en 39 % hasta mayo de 2026, frente al 27 % que, según indicó, registraban al inicio de la actual administración, y aseguró que en EDEEste alcanzaron el 56 %.

Gómez sostuvo que esos resultados reflejan un deterioro de la distribución eléctrica y cuestionó que, pese a los cambios de funcionarios realizados durante los últimos años, no se haya logrado reducir uno de los principales problemas financieros del sector.

Indudablemente, no hay un plan, no ha habido un plan para atacar el principal problema que tenemos en el sector eléctrico en República Dominicana en esta administración, que es el tema de la distribución”, expresó Gómez.

El dirigente político precisó que aborda el problema eléctrico como un tema nacional y no exclusivamente partidario, al considerar que el suministro de energía es fundamental para el desarrollo económico y debe tratarse con la misma importancia que áreas como educación y salud.

Afirma déficit eléctrico pasó de US$578 millones a US$1,659 millones

Gómez aseguró que, cuando las pérdidas de las distribuidoras se encontraban en 27 %, en 2020, el Gobierno tuvo que transferir US$578 millones para cubrir el déficit eléctrico.

Según explicó, para diciembre de 2025, las transferencias necesarias para cubrir ese déficit ascendieron a US$1,659 millones.

También señaló que los frecuentes cambios administrativos no han solucionado el problema y puso como ejemplo a EDEEste, donde afirmó que durante los primeros cinco años de la actual administración han pasado seis gerentes generales.

Gómez explicó que las distribuidoras constituyen “la caja del sector”, debido a que son las responsables de llevar la energía al consumidor y recuperar, mediante la facturación y el cobro, los recursos utilizados para comprarla.

En el caso de EDEEste, sostuvo que una pérdida de 56 % implica que, por cada 100 pesos destinados a la compra de energía, solo se recuperan alrededor de 44 pesos.

Dice distribuidoras dejaron de recuperar US$526 millones en cinco meses

Otro de los datos destacados por Gómez fue la diferencia entre la energía adquirida por las distribuidoras y el dinero que finalmente ingresó a sus cajas.

De acuerdo con las cifras que atribuyó al Ministerio de Energía y Minas, entre enero y mayo las tres distribuidoras —EDENORTE, EDESUR y EDEEste— compraron energía por aproximadamente US$1,300 millones.

De ese monto, indicó que lograron facturar unos US$814 millones, lo que dejó alrededor de US$486 millones, equivalentes, según su cálculo, a unos RD$29,000 millones, que ni siquiera pudieron ser facturados.

Agregó que de los US$814 millones facturados solamente fueron cobrados US$774 millones, por lo que la diferencia entre lo pagado para adquirir energía y lo que finalmente entró a las distribuidoras alcanzó aproximadamente US$526 millones, equivalentes a unos RD$31,000 millones.

Gómez planteó que esos recursos podrían destinarse a necesidades prioritarias del país, entre ellas la construcción, reparación y habilitación de aulas, así como servicios de salud y transporte.

«Es recurso que estamos drenando a un sector en donde la calidad del servicio, ustedes ven por dónde anda, y lo necesito prioritariamente para servicios esenciales como salud, como educación, como transporte”, señaló.

Espera que cambios produzcan una nueva política eléctrica

Sobre las recientes modificaciones realizadas en el sector, Gómez dijo esperar que no se limiten a cambios de nombres, sino que impliquen una transformación de la política aplicada a las distribuidoras.

Señaló que el actual ministro, que asume responsabilidades dentro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, no es una figura nueva dentro del sistema, debido a que el Ministerio de Energía y Minas ejerce la rectoría del sector.

«Ojalá se produzca una nueva sinergia en este equipo de trabajo y se logre presentar algún avance”, manifestó.

Gómez aclaró, sin embargo, que los apagones no comenzaron durante la actual administración y reconoció que el sistema eléctrico dominicano arrastra problemas históricos.

Aseguró que antes se habían conseguido avances y una reducción significativa de las interrupciones, pero sostuvo que el problema volvió a agravarse durante el verano de 2025, especialmente entre junio y septiembre.

Recordó que esa situación llevó al Poder Ejecutivo a emitir el Decreto 517-25, mediante el cual fueron declaradas de emergencia las compras del sector eléctrico.

Gómez califica el Pacto Eléctrico como una “gran tomadura de pelos”

El exsuperintendente también cuestionó el cumplimiento del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico y denunció lo que definió como falta de transparencia en el manejo tanto de la electricidad como de los combustibles.

Recordó que el proceso de discusión del pacto comenzó a partir del Decreto 389-14, emitido en octubre de 2014, y señaló que durante varios años distintos sectores participaron en su elaboración.

Gómez recordó, además, que el PRM decidió en ese momento no participar en la firma y presentó varias razones para justificar su posición, entre ellas la necesidad de reducir los gastos de las distribuidoras, establecer programas de licitación y evitar incrementos tarifarios.

Explicó que, posteriormente, con el PRM ya en el Gobierno, las organizaciones políticas y sociales fueron convocadas nuevamente para firmar el acuerdo.

«El pacto eléctrico yo lo he llamado como una gran tomadura de pelo”, afirmó Gómez.

Según argumentó, el acuerdo fue utilizado como fundamento para aplicar tres aumentos de la tarifa eléctrica entre 2021 y 2022, pese a que el propio pacto condicionaba la transición tarifaria al cumplimiento de metas relacionadas con la reducción de pérdidas y la mejora de la gestión de las distribuidoras.

Gómez señaló que, lejos de disminuir, las pérdidas, que estaban en 27 %, aumentaron hasta el 39 %.

Afirma Gobierno proyectó bajar pérdidas a 16.9 % en 2022

El dirigente de la Fuerza del Pueblo recordó también el Decreto 655-21, mediante el cual, según explicó, el Gobierno estableció sus propios parámetros y cronogramas para ejecutar las medidas contenidas en el Pacto Eléctrico.

Indicó que dentro de esas proyecciones estaba reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras hasta 16.9 % en 2022.

Gómez reconoció que se trataba de una meta “muy ambiciosa”, pero cuestionó que el resultado haya sido contrario a lo proyectado y que actualmente las pérdidas sean superiores.

Asimismo, recordó que llegó a disponerse un cuarto incremento de la tarifa, pero posteriormente fue dejado sin efecto tras la reacción de distintos sectores de la sociedad.

A su juicio, el Pacto Eléctrico fue una oportunidad que la actual administración no aprovechó, y afirmó que actualmente el acuerdo permanece sin el seguimiento necesario dentro del Consejo Económico y Social.

Defiende resultados de la capitalización eléctrica

Al ser cuestionado sobre los subsidios acumulados por el sector eléctrico y las políticas aplicadas durante anteriores gobiernos de Leonel Fernández, Gómez defendió el proceso de capitalización realizado a finales de la década de 1990.

Indicó que, cuando Fernández llegó al poder, encontró un sistema eléctrico que calificó como prácticamente colapsado, con centrales deterioradas y prolongados apagones.

Gómez rechazó que el proceso consistiera únicamente en una venta de empresas públicas y aseguró que compañías surgidas de la capitalización mantienen participación del Estado dominicano.

Sostuvo, además, que las empresas capitalizadas han generado ingresos superiores a RD$40,000 millones para el Estado a través del antiguo Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fomper).

Recuerda expansión de circuitos 24 horas

Gómez señaló que durante aquellos años también comenzaron programas dirigidos a mejorar la distribución eléctrica, entre ellos los denominados circuitos 24 horas.

Explicó que ese programa comenzó con un circuito y, posteriormente, fue ampliándose a otros sectores y provincias.

Según indicó, para 2010 se consiguió que la primera provincia del país contara con servicio 24 horas.

También reconoció avances durante la administración de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, y afirmó que, para el período de la pandemia, las interrupciones eléctricas habían disminuido considerablemente.

El exsuperintendente sostuvo que el objetivo de una administración pública no necesariamente debe ser resolver de inmediato todos los problemas, sino recibirlos en determinadas condiciones y entregar los sectores con avances respecto al punto de partida.

Advierte que pérdidas reales podrían ser mayores

Gómez explicó que el porcentaje oficial de pérdidas que citó no incluye toda la energía que las distribuidoras logran facturar, pero posteriormente no consiguen cobrar.

Según indicó, al incorporar ese componente, las pérdidas podrían aumentar entre 2.5 y 3 puntos porcentuales adicionales.

Dijo que esa diferencia explica por qué otros informes presentan niveles de pérdidas superiores a las cifras oficiales que había citado durante la entrevista.

Cuestiona aumentos en precios de combustibles

Durante la entrevista, Gómez también abordó la política de combustibles y pidió explicaciones al Gobierno sobre los recientes incrementos.

Recordó que, tras el inicio de la crisis en Medio Oriente, el Gobierno aseguró en marzo que estaba preparado para mitigar el impacto de posibles aumentos internacionales.

Posteriormente, indicó, el Poder Ejecutivo anunció medidas de reducción del gasto público con las que proyectaba ahorrar alrededor de RD$40,000 millones.

Gómez relacionó esa cifra con el denominado plan anticrisis, mediante el cual, según explicó, el Gobierno proyectó recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones.

Recuerda promesa de congelar combustibles por 90 días

Gómez afirmó que el 19 de junio el Gobierno anunció que mantendría congelados durante 90 días los precios de los combustibles, bajo la condición de que el petróleo internacional no superara los US$95 por barril.

Sin embargo, cuestionó que posteriormente se hayan aplicado aumentos cuando, según los precios de referencia que presentó, el barril se encontraba por debajo de ese nivel.

Indicó que para la semana del 8 al 14 se registraron incrementos de tres pesos en varios combustibles y de dos pesos en otro, mientras que el precio de referencia del WTI correspondiente al martes de esa semana rondaba los US$75 por barril.

Añadió que para la semana siguiente se produjeron nuevos aumentos, entre ellos incrementos de tres pesos, mientras la cotización utilizada como referencia rondaba los US$81 por barril.

Gómez enfatizó que esas cifras se mantenían por debajo de los US$95 señalados previamente como condición para sostener el congelamiento.

“No podemos estarle mintiendo a la población”

El exfuncionario aseguró que situaciones como esas afectan la credibilidad no solamente del partido gobernante, sino del sistema político en general.

El país trasciende a las organizaciones políticas y no podemos estarle mintiendo a la población”, expresó Gómez al cuestionar la diferencia que, a su juicio, existe entre los compromisos anunciados por las autoridades y las decisiones adoptadas posteriormente.

También recordó que en 2022 el Gobierno habría planteado que, si el precio del petróleo bajaba de US$85 por barril, esas reducciones serían trasladadas a los consumidores.

Según los datos citados por Gómez, el barril de petróleo registró un promedio aproximado de US$77 en 2023, US$75 en 2024 y US$64 en 2025.

Afirmó que, pese a esos precios, durante ese período no se produjo una reducción de los combustibles en la proporción que, según sostuvo, había sido prometida.

Afirma que impuestos superaron ampliamente subsidios a combustibles

Gómez indicó, además, que durante ese período el Estado obtuvo importantes recursos mediante los impuestos aplicados a los combustibles.

De acuerdo con las cifras presentadas durante la entrevista, los ingresos tributarios acumulados ascendieron a RD$439,000 millones, mientras los subsidios aplicados durante determinadas semanas totalizaron unos RD$91,000 millones.

A partir de esos números, sostuvo que la diferencia a favor de las finanzas públicas superó los RD$300,000 millones.

Finalmente, Gómez afirmó que el equipo de combustibles de la Fuerza del Pueblo no encuentra justificación para los elevados precios que pagan actualmente los consumidores dominicanos.

El equipo que maneja la parte del combustible en la Fuerza del Pueblo no se explica por qué razón o qué ha estado motivando a que nosotros, los dominicanos, estemos pagando combustible tan caro, inclusive saliendo de las propias promesas que le ha hecho el propio gobierno a nosotros, los usuarios”, concluyó.

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