Exjueza plantea reformar evaluación y propone nueve años para jueces de la Suprema

La exjueza Esther Elisa Agelán propone reformar la evaluación de jueces de la Suprema Corte, extendiendo su período a nueve años y priorizando la carrera judicial.

Santo Domingo.- La exjueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Esther Elisa Agelán, consideró que el actual proceso de evaluación de los magistrados abre una oportunidad para reformar y transparentar el mecanismo, ampliar de siete a nueve años el período de los jueces y establecer que, al concluir, sean sustituidos principalmente por magistrados provenientes de la carrera judicial.

Agelán también cuestionó el impacto personal que puede generar el actual sistema de evaluación, recordó que cuando salió de la Suprema se enteró de la decisión por televisión y afirmó que, años después, todavía desconoce las razones formales por las que no permaneció en el tribunal.

Pide cambiar la forma de evaluar a los jueces

Agelán reconoció que el reglamento aprobado en 2025 representa un avance frente al proceso que existía cuando ella fue evaluada, debido a que ahora existen criterios previamente establecidos. Sin embargo, entiende que esos parámetros todavía son muy subjetivos.

Sostuvo que la mayoría de los magistrados evaluados han cumplido con sus responsabilidades y realizado una labor destacada, por lo que entiende necesario revisar la legislación y el procedimiento utilizado para decidir su continuidad.

Su propuesta consiste en ampliar a nueve años el período de los jueces de la Suprema y que, una vez concluido, sean reemplazados por jueces de corte que hayan desarrollado carrera dentro del Poder Judicial, siguiendo una modalidad similar a la existente en el Tribunal Constitucional.

A su juicio, esto evitaría que los magistrados tengan que someterse periódicamente a un proceso que considera incómodo y hasta denigrante, especialmente porque la propia normativa vincula la separación con la comisión de faltas graves.

“Yo me cuestionaba cuál ha sido mi falta grave”, recordó Agelán al referirse a su propia experiencia.

Considera que debe terminar el “período de prueba”

La exmagistrada entiende que debe ponerse fin a lo que describió como una especie de período de prueba para los jueces de la Suprema.

Señaló que en el Poder Judicial existen jueces de corte altamente capacitados y con aspiraciones legítimas de llegar a la más alta instancia judicial, por lo que considera que esa experiencia y trayectoria deben tener mayor peso en las sustituciones.

Sobre los jueces que decidieron no someterse al actual proceso de evaluación, Agelán evitó juzgar sus razones y sostuvo que se trató de decisiones personales amparadas en el reglamento aprobado en 2025.

No obstante, advirtió que todavía existe falta de claridad respecto a la jubilación o retiro voluntario antes de la edad establecida, debido a que, según explicó, no conoce una normativa específica que regule claramente esa situación más allá de lo contemplado en el reglamento.

“Me enteré por la televisión”

Agelán relató que cuando fue evaluada durante su permanencia en la Suprema, conoció por televisión que había sido excluida.

Explicó que, a las siete de la mañana siguiente, ya estaba recibiendo llamadas para entregar su carnet y otros elementos vinculados con su función.

Cuando llegó a recoger sus pertenencias, aseguró que ya se hablaba de quién ocuparía su despacho y que no tuvo un período para concluir sentencias pendientes ni despedirse de sus compañeros.

Calificó aquel proceso como abrupto y reconoció que el mecanismo actual ha mejorado considerablemente en comparación con lo que ocurrió en su caso.

Agelán agregó que hasta la fecha no ha visto el acta de su evaluación ni conoce las razones específicas de su salida. Explicó que tampoco reclamó porque entendió que se trataba de una decisión política y consideró que una protesta no cambiaría el resultado.

Cree que la Suprema debe combinar jueces de carrera y figuras externas

Al abordar quiénes deberían integrar la Suprema Corte de Justicia, Agelán defendió que la mayoría sean jueces de carrera, pero no favorece que la composición sea exclusivamente de magistrados provenientes del Poder Judicial.

Considera positivo incorporar académicos y profesionales externos que puedan aportar perspectivas diferentes y enriquecer la jurisprudencia.

Sobre la presidencia de la Suprema, explicó que además de conocimientos jurídicos se necesita capacidad gerencial. Entiende que los jueces de carrera deberían ser fortalecidos en esa área para que tengan mayores posibilidades de asumir esa función.

Citó como ejemplos de figuras externas que, a su juicio, hicieron aportes importantes a la justicia a Jorge Subero Isa y Milton Ray Guevara.

También mencionó su experiencia junto a magistrados procedentes de otras áreas, como Alejandro Moscoso Segarra y Fran Soto, indicando que sus conocimientos le permitieron analizar determinados casos desde perspectivas diferentes.

Así funciona internamente la Suprema

Agelán explicó que la asignación de expedientes depende de los presidentes de las salas, quienes deben tener capacidad gerencial para organizar su funcionamiento.

El juez asignado estudia el caso junto a sus letrados y posteriormente propone una solución durante la deliberación. Cuando existe desacuerdo, los demás magistrados pueden estudiar nuevamente el expediente antes de adoptar una decisión definitiva.

También señaló que los miembros de la Suprema no se limitan a impartir justicia, sino que participan en diferentes comisiones y responsabilidades institucionales.

Destacó que la reforma constitucional de 2010 permitió separar buena parte de las tareas administrativas de la Suprema mediante la creación del Consejo del Poder Judicial.

Explicó además que el pleno conoce determinados expedientes que regresan a la Suprema después de una casación, resoluciones, aprobaciones relacionadas con ascensos judiciales, procesos disciplinarios contra abogados y otras decisiones administrativas.

Código Penal: necesario, pero con penas que considera excesivas

Sobre el nuevo Código Penal, Agelán sostuvo que su aprobación era necesaria porque República Dominicana no podía continuar utilizando una legislación tan antigua.

Sin embargo, consideró que la prolongada discusión alrededor de las tres causales concentró demasiado tiempo y atención, dejando en segundo plano otros tipos penales que también requerían revisión.

Aunque calificó el nuevo Código como positivo en términos generales, entiende que existen penas excesivas y omisiones que deberán ser corregidas posteriormente.

Entre los ejemplos mencionados está el robo de identidad, cuya pena señaló que fue elevada hasta diez años, algo que considera desproporcionado.

Defiende que la violación dentro del matrimonio permanezca tipificada

En materia de delitos sexuales, Agelán explicó que la violación entre esposos no constituye una figura completamente nueva, debido a que ya estaba contemplada desde la Ley 24-97.

Señaló que la inexistencia de casos de gran impacto judicial no significa que esas agresiones no ocurran, sino que pueden no haber llegado a los tribunales.

Por ello entiende que esa conducta debe permanecer expresamente contemplada dentro de la legislación penal.

También sostuvo que, aunque determinados delitos sexuales cometidos en la intimidad son difíciles de probar, existen herramientas periciales, pruebas psicológicas y conjuntos de indicios que pueden ayudar a los tribunales a determinar qué ocurrió.

Recordó que durante su experiencia como jueza conoció acusaciones falsas contra exparejas que no lograron ser demostradas por inconsistencias, pero insistió en que deben mantenerse las protecciones legales debido a la gravedad de la violencia intrafamiliar y los feminicidios en el país.

Advierte que el “grooming” quedó fuera

Uno de los vacíos señalados por Agelán es el grooming, es decir, el acercamiento de un adulto hacia un menor con intenciones de cometer posteriormente un abuso sexual.

Explicó que no debe tratarse de la misma manera el abuso ya consumado que las acciones previas de captación o acercamiento con esa finalidad, por lo que entiende que esa conducta debió quedar expresamente tipificada.

También consideró que durante la elaboración del Código debieron tomarse en cuenta los parámetros de la Convención de Hanoi de Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia de 2025, especialmente en materia de cooperación internacional y preservación de evidencias.

Agelán entiende que habrá que realizar nuevas modificaciones al Código, pero pidió que sean consensuadas y no precipitadas. Además, señaló que en República Dominicana se utilizan poco los estudios criminológicos al momento de crear tipos penales.

Sobre las tres causales

Agelán señaló que finalmente las tres causales no fueron incorporadas en los términos que se habían planteado durante años.

Indicó que República Dominicana se encuentra entre el reducido grupo de países que no contempla esas tres excepciones en conjunto, aunque durante la conversación reconoció la existencia de una excepción vinculada al peligro para la vida.

Mora judicial: dice que faltan jueces

Otro de los problemas abordados fue la mora judicial. Agelán sostuvo que será difícil resolverla mientras no aumente la cantidad de jueces disponibles.

Explicó que la carga es mayor en los niveles inferiores del sistema judicial y reconoció que actualmente existen mecanismos tecnológicos que permiten medir la eficiencia y determinar cuándo un magistrado excede los plazos establecidos.

Sin embargo, entiende que una de las principales causas de la congestión es que en República Dominicana existe una tendencia a judicializar prácticamente todos los conflictos.

Según explicó, los mecanismos alternativos para solucionar disputas son poco utilizados y muchos abogados siguen viendo la litigación como la vía más productiva.

Como referencia, mencionó reformas aplicadas en España que obligan, en determinadas materias civiles y mercantiles, a intentar mecanismos alternativos antes de acudir al litigio.

Valora gestiones de Mariano Germán y Luis Henry Molina

Al evaluar las gestiones de Mariano Germán Mejía y Luis Henry Molina, Agelán consideró que ambos realizaron un buen trabajo y cumplieron con sus responsabilidades.

Sobre Molina destacó particularmente la modernización tecnológica de la justicia y la implementación de las audiencias virtuales durante la pandemia, proceso que reconoció como complejo por las circunstancias en que tuvo que desarrollarse.

Pide tipificar expresamente los ataques con ransomware

Agelán también expresó preocupación por las deficiencias de la legislación frente a determinados ciberdelitos, especialmente los ataques de ransomware o secuestro digital.

Explicó que este tipo de ataques puede paralizar instituciones públicas, afectar empresas privadas e incluso generar consecuencias para la estabilidad y la economía de un país.

Por esa razón considera urgente su tipificación expresa, más allá de las disposiciones generales contenidas actualmente en la Ley 53-07.

Advirtió además que las herramientas de inteligencia artificial y los servicios disponibles en la dark web han facilitado el acceso a mecanismos utilizados anteriormente por organizaciones criminales más especializadas.

Finalmente, recordó que un grupo de expertos trabajó durante años en una propuesta para reformar la Ley 53-07, pero esa modificación todavía no ha sido aprobada y, debido a la velocidad con que evoluciona la ciberdelincuencia, entiende que incluso aquella propuesta ya necesitaría nuevas actualizaciones