SANTO DOMINGO. – El caso de la joven de 27 años, fallecida tras someterse a una cirugía estética, no solo ha puesto bajo la lupa las condiciones del centro de salud, sino también el historial del cirujano actuante. De acuerdo con la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, el doctor José Desena Montero, quien fue expulsado de ese gremio en febrero de 2021 por diversas violaciones, es un dato que hoy cobra relevancia en medio de las investigaciones.
La exclusión del especialista de la principal entidad que regula la práctica de la cirugía plástica en el país plantea serias interrogantes sobre su ejercicio profesional posterior.
A pesar de no formar parte de esta sociedad médica, continuó realizando procedimientos estéticos, algunos de ellos múltiples en una sola intervención, una práctica que especialistas advierten incrementa significativamente los riesgos para los pacientes.
El fallecimiento de Anyeli Meliza Sánchez Castillo se suma a otros casos que han sido vinculados al mismo médico. Familiares y representantes legales aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que incluye complicaciones graves y muertes tras intervenciones quirúrgicas.
Esta situación refuerza cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y control en el sector salud.
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Durante el proceso, se ha establecido que la joven fue sometida a varios procedimientos en una misma cirugía, lo que, según expertos, debió ser evaluado con mayor rigurosidad.
- Para juristas, la responsabilidad no solo recae en la decisión del paciente, sino en el deber del médico de respetar las normativas vigentes y priorizar la seguridad.
El historial del cirujano incluye, además, una condena por homicidio involuntario en un caso anterior, lo que intensifica el debate sobre cómo, pese a estos antecedentes y a su expulsión del gremio especializado, continuó operando.
Para los familiares de la víctima, esto evidencia fallas en el sistema que permitieron que siguiera ejerciendo sin mayores restricciones.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha reavivado el llamado a fortalecer la regulación y a que los pacientes verifiquen la acreditación de los profesionales y centros antes de someterse a procedimientos estéticos.
Entretanto, el dolor de una familia se mezcla con la exigencia de justicia y de que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
