Santo Domingo.- Cada 21 días, el señor Ernesto Enrique Valdez, de 75 años, recibe su dosis de quimioterapia en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, adonde llegó desde su natal Barahona tras ser diagnosticado con cáncer de próstata avanzado.
Su historia personal, sin embargo, terminó cruzándose con una investigación que hoy apunta a una presunta estructura de corrupción administrativa dentro del sistema de atención oncológica del norte del país.
El paciente no solo fue beneficiario del servicio médico, sino que también terminó vinculado laboralmente al centro, lo que le permitió, según su propio testimonio, observar desde dentro el funcionamiento de la institución administrada por el Patronato Cibaeño contra el cáncer.
Del paciente al testigo interno: “yo vine en silla de ruedas”
Valdez recuerda su llegada al centro médico sin rodeos, con un lenguaje directo, de calle:
“Cuando yo vine a chequearme aquí me mandaron a un centro… de ahí vine y cuando me dijeron lo que tengo: un cáncer terminal, un cáncer malo. Yo vine en silla de ruedas, vine con muletas”, relató.
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Con el paso del tiempo, pasó de paciente a empleado de seguridad dentro del patronato, lo que según dice le permitió ver la realidad interna de la institución desde otra perspectiva.
“Me quedé como empleado de aquí y de la casa de acogida”, afirmó.
Investigación por presunta red de irregularidades y enriquecimiento ilícito
Mientras pacientes luchaban diariamente por acceso a medicamentos, camas y tratamientos, el Ministerio Público investiga la existencia de una presunta estructura criminal que habría operado entre 2018 y 2025 dentro del patronato, entonces dirigido por Héctor Antonio Lora Cruceta.
Según las imputaciones, junto a él figuran su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora.
De acuerdo con el actual presidente de la entidad, el doctor Yván Mercader, al asumir encontró un panorama crítico:
“Encontramos realmente un desorden administrativo, no había sistema contable, ni de facturación, ni de recursos humanos bien establecido”, explicó.
Mercader aseguró además que la administración anterior concentraba prácticamente todo el control operativo:
“Todas las funciones las hacía él… manejaba la institución solo a través del celular”.
El presunto esquema financiero bajo investigación
Documentos del caso señalan que una de las modalidades investigadas consistía en la cesión de la facturación de las ARS de pacientes asegurados a una firma contable vinculada a una de las imputadas.
Según la acusación, este mecanismo habría permitido la retención de porcentajes de pagos médicos y administrativos, incluyendo comisiones sobre facturación general del centro.
El propio Mercader afirmó:
“Ella era auditoría externa e interna, las dos cosas… por factura todo cobraba; podía ascender hasta un millón mensual”.
El Ministerio Público sostiene además que la imputada habría recibido más de 50 millones de pesos directamente, otros 42 millones a través de empresas vinculadas y más de 8 millones adicionales mediante otra firma contable, lo que elevaría el supuesto enriquecimiento ilícito a más de 100.5 millones de pesos dominicanos.
En medio de las cifras, los expedientes y las acusaciones, la realidad diaria en el centro oncológico sigue marcada por pacientes como Ernesto Enrique Valdez, quien continúa regresando cada 21 días para recibir su tratamiento.
- Mientras tanto, la investigación judicial busca esclarecer qué ocurrió detrás de los muros de una de las principales instituciones dedicadas a la atención del cáncer en la región norte del país.