Santo Domingo.- El caso de Mirca Mercedes Ramírez, una maestra que asegura haber quedado con secuelas permanentes tras someterse a un procedimiento para la extracción de cordales en un centro médico de La Vega, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el intrusismo profesional en el sector salud.
La querella sostiene que el procedimiento habría sido realizado por una persona que, según las autoridades, no posee título médico ni odontológico, mientras la defensa rechaza esas acusaciones y afirma que los hechos deberán esclarecerse en los tribunales.
De acuerdo con la denuncia, la docente acudió al Centro Médico V Centenario convencida de que sería atendida por un especialista.
Sin embargo, tras el procedimiento comenzó a presentar fuertes dolores y posteriormente otro médico le habría diagnosticado una lesión en el nervio trigémino, que le provocó una neuralgia mandibular y pérdida permanente de sensibilidad en parte del rostro, según el expediente.
Una cirugía que cambió su vida
«La profesora relata que desde entonces su rutina cambió por completo«.
Afirma que vive medicada para controlar el dolor, tiene dificultades para hablar, abrir la boca y realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana, incluyendo su trabajo en las aulas.
Su abogado, Luis Daniel de León, sostiene que la querella incluye cargos por ejercicio ilegal de la profesión y señala que existen evidencias de que la paciente creyó en todo momento que estaba siendo atendida por un profesional autorizado.
Entre las pruebas figuran recetas, documentos y audios que, según la defensa de la víctima, serán incorporados al proceso judicial.
El expediente también señala que el procedimiento se habría realizado utilizando documentos vinculados al consultorio del cirujano maxilofacial William Radhamés Almánzar Escarramán, mientras que su hermano, Franklin José Almánzar Escarramán, es señalado como la persona que habría intervenido a la paciente. La querella atribuye responsabilidades tanto a ambos imputados como al centro médico.
Posturas enfrentadas y proceso en la justicia
El Ministerio de Salud Pública informó que, tras recibir la denuncia, realizó una inspección y determinó que Franklin José Almánzar Escarramán no posee titulación médica ni odontológica. La institución indicó además que requirió al centro de salud regularizar la documentación de varios profesionales que laboraban allí.
Por su parte, el Colegio Médico Dominicano, filial La Vega, respaldó al doctor William Almánzar durante su arresto, aunque aclaró que su apoyo se limitó a cuestionar la forma en que fue ejecutada la detención y no constituye un pronunciamiento sobre su inocencia o culpabilidad. Además, precisó que Franklin Almánzar no es médico, sino un asistente.
En tanto, la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos, Virginia Laureano, confirmó que la institución había recibido información sobre el caso meses antes y remitió la denuncia al Ministerio de Salud Pública al comprobar que la persona señalada no figuraba como profesional de la odontología.
Añadió que el gremio solo podrá emitir una conclusión técnica cuando un tribunal ordene el correspondiente peritaje.
La defensa de Franklin José Almánzar Escarramán sostiene que su representado no ha admitido haber realizado el procedimiento y asegura que la investigación deberá determinar si realmente incurrió en un acto de intrusismo profesional. Por su parte, el abogado de William Almánzar informó que su cliente decidió no ofrecer declaraciones en esta etapa del proceso.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega impuso a Franklin José Almánzar una garantía económica de RD$75,000, mientras que a William Radhamés Almánzar le fijó una garantía de RD$20,000, además de presentación periódica durante seis meses.
- Salud Pública afirma que la persona denunciada no posee título médico ni odontológico, mientras el caso continúa bajo investigación.
- La defensa de los imputados niega las acusaciones y sostiene que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades.