La imputación de varios empresarios, compañías de construcción y tecnología, así como algunos exfuncionarios del Ministerio Público y familiares de actuales funcionarios del gobierno componen los 62 acusados por el desvío “sin precedentes” de recurso de la Operación Medusa y que da esperanzas a miembros de organizaciones no partidistas, para lograr la justicia, que aseguran se perdió en el país.