Luego de que una firma de abogados contratada por el Poder Ejecutivo encontró una decena de violaciones constitucionales en el contrato que creó el denominado “peaje sombra” de la Autopistas del Nordeste, el Poder Ejecutivo evalúa las opciones para anular “amistosamente” dicho acuerdo o llevarlo a un arbitraje internacional, así como abrir una investigación judicial para determinar responsabilidades


Las reacciones de los legisladores no se hicieron esperar.


El Ministerio Público debe de iniciar una investigación sobre la contratación del cuestionado peaje sombra por el cual el país ya ha pagado unos 27 mil millones de pesos.


Así lo favorecen legisladores luego del informe que rindió el abogado Enmanuel Esquea Guerrero designado para analizar el contrato y quien señaló los hallazgos en las violaciones legales en la negociación con el consocio Autopista del Nordeste.


Sin embargo, otros diputados consideran que se debe de profundizar las investigaciones para evitar un litigio internacional en materia de arbitraje.


El informe enviado a la Consultoría Jurídica señala además que tanto Obras Públicas como el concesionario modificaron las condiciones que rigieron  la licitación por lo que se hacía necesario una nueva licitación con la participación de todos los interesados e indica adendas que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional lo que es suficiente para exigir nulidad.


El equipo de abogados solicita también al Ministerio Publico, la autorización del juez de la instrucción para proceder a la ocupación y el control de las carreteras.