La posibilidad de que la eventual reforma fiscal que el gobierno necesita para financiar el presupuesto público del 2022, incluya aumentos al impuesto sobre la renta y grave las placas vehiculares con el 1% del valor del automóvil, desató el rechazo popular y de organizaciones civiles que, ante las posibles modificaciones tributarias, exigen un plan concreto de reducción del gasto público.


Al recordar que la economía familiar sufre el impacto de la inflación y el desempleo generado por la crisis agravada por la pandemia, diversos sectores populares consideran que la población no podrá asumir más impuestos.